Publicado: 28.08.2015 14:43 |Actualizado: 28.08.2015 15:34

El Consejo de Ministros indulta a
la abuela de Fuerteventura cuando lleva ya 20 horas en libertad

Santamaría ha precisado que se trata de un perdón "parcial" que sólo afecta a la pena privativa de libertad pero la casa tendrá que derribarse.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros hoy en La Moncloa. EFE/Emilio Naranjo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros hoy en La Moncloa. EFE/Emilio Naranjo

Madrid.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el indulto a Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que tuvo que ingresar en prisión por construir su casa en un espacio protegido de la isla, según ha anunciado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El indulto ha sido aprobado cuando Josefa lleva ya casi 24 horas en libertad, después de que ayer la Audiencia de Las Palmas revocase su ingreso en prisión a condición de que no delinca en cinco años y derribe la casa.




La portavoz del Gobierno ha precisado en rueda de prensa que se trata de un indulto "parcial" que sólo afecta a la pena privativa de libertad, pero, ha añadido,

Sáenz de Santamaría ha mostrado el deseo del Ejecutivo de que pueda darse un solución adecuada a la "difícil situación familiar"

Por ello, ha instado al Gobierno canario a que ponga a disposición de Josefa Hernández, que salió ayer de prisión, una vivienda adecuada para que se pueda cumplir la parte de la sentencia que no es susceptible del indulto, como es el derribo de la construcción ilegal.

Sáenz de Santamaría ha mostrado el deseo del Ejecutivo de que pueda darse un solución adecuada a la "difícil situación familiar" a la que se enfrenta la anciana.

Josefa Hernández, conocida como "la abuela de Fuerteventura" y con nietos a su cargo, fue condenada el 30 de marzo de 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio