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El Constitucional rechaza excarcelar a Jordi Sànchez, pese a ser candidato a president

El líder de ANC solicitó que dejara en suspenso su libertad provisional. El Parlament ha convocado para el 12 de marzo una sesión para elegirlo como presidente de la Generalitat de Catalunya.

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Jordi Sànchez

El Tribunal Constitucional ha denegado la petición de excarcelación solicitada por Jordi Sànchez, líder de ANC, quien además reclamó este martes al alto tribunal y al Supremo la suspensión de su prisión provisional con el fin de asistir al pleno del Parlament que tiene previsto investirlo como presidente de la Generalitat de Catalunya el próximo 12 de marzo.

La petición de la excarcelación fue solicitada por Sànchez el 22 de noviembre de 2017 dentro del recurso de amparo que contra su ingreso en prisión ordenado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Este martes, Sànchez reiteró su petición alegando que su designación como candidato a la Presidencia de la Generalitat es una circunstancia sobrevenida que debe ser tenida en cuenta por el TC. De lo contrario, sostiene, se estarían vulnerando sus derechos como diputado autonómico y los derechos de los ciudadanos que votaron a su opción política y se estarían causando “graves e
irreparables efectos
en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat”.

El Constitucional ha denegado su solicitud porque considera que dejar en suspenso la prisión de Sànchez "sería igual que otorgar de forma anticipada el amparo al recurrente, por lo que el recurso quedaría vacío de contenido". Respecto a las circunstancias sobrevenidas de que es candidato a la Generalitat, el Tribunal replica que pueden “hacerse valer en la vía judicial ordinaria”. Esto es, ante el juez del Supremo Pablo Llarena.

El Constitucional ha valorado, además, que su actual ingreso en prisión fue adoptada por el juez Llarena, quien ahora instruye la causa abierta a los autores del 'procés' independentista. Y aprecia que Sànchez no ha recurrido en amparo estas decisiones, que, por lo tanto, no son objeto del recurso que debe resolver.

El Pleno del TC recuerda en su negativa a excarcelar a Sànchez que la "reiterada jurisprudencia constitucional" que permite no dejar en suspenso las medidas privativas de libertad, "aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal".

La decisión del TC no entra en el fondo del asunto, sino que resuelve la medida cautelar solicitada por el líder de ANC, así como por Jordi Cuixart, líder de Òmnium.

El TC admitió estos recursos de amparo y abrió pieza separada para decidir su petición de suspender cautelarmente la prisión, que este miércoles ha rechazado.

El número dos de JxCat se encuentra ahora en prisión por orden del juez Llarena, quien investiga a 28 personas por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación en el 'procés' que culminó con la declaración unilateral de independencia de Catalunya del 27 de octubre.

Llarena no resolverá antes del pleno

Sànchez ha solicitado su libertad ante el juez Llarena, en un escrito que ha sido registrado este miércoles en el Supremo. El magistrado ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox para que informes sobre la petición de libertad de Sànchez.

Estos cinco días de plazo finalizan el 12 de marzo, el mismo día en que se ha convocado el pleno de investidura en el Parlament para elegir a Sànchez. La sesión parlamentaria está prevista a las 10 de la mañana.

Las acusaciones podrían responder antes del plazo fijado, pero es previsible que agoten el plazo legal.

Jordi Sànchez, número dos de la lista de JxCat a las elecciones del 31 de diciembre, fue propuesto este lunes por el presidente del Parlamento de Catalunya, Roger Torrent, como candidato a la presidencia de la Generalitat tras un acuerdo de su partido y ERC.

La defensa de Sànchez reclama al Supremo y al TC que, en caso contrario, "se arbitren las medidas necesarias" para que el candidato "pueda acudir personalmente" al debate para poder "presentar su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara".

En su escrito advierte que en el caso de que no se acepte su solicitud "asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".