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Catalunya El Constitucional suspende la ley para investir a Puigdemont a distancia

La decisión de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno, que ha sido adoptada por unanimidad, determina de modo automático la suspensión provisional de la norma y va acompañada de la advertencia al president del Parlament y a los demás miembros de la Mesa de que deben acatar la resolución o pueden incurrir en desobediencia.

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Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado recurrir al Constitucional la ley catalana de Presidencia. /MONCLOA

Se cierra la oportunidad para investir a Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente este miércoles por la tarde la reforma de la ley catalana de la Presidencia que aprobó el Parlament el pasado viernes, y que permite las investiduras a distancia. La suspensión ha sido automática, después de que el alto tribunal haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado sólo unas horas antes, este miércoles al mediodía, por el Gobierno central. Ahora el TC tiene cinco meses para resolver si mantiene o levanta la suspensión cautelar de los artículos recurridos. Un periodo durante el cual el Parlament no podrá llevar a cabo investiduras sin el candidato físicamente presente, como pretendía "intentar" JxCat con Puigdemont.

A la vez, se prevé que la suspensión abra la vía al 'plan D' de JxCat y ERC de investir a un presidente alternativo, no procesado en la macrocausa contra el independentismo.

En su providencia, adopada por unanimidad, el TC también advierte a los miembros de la Mesa del Parlament -con nombres y apellidos- de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Dictamina también la "nulidad radical" de cualquier actuación que pudieran emprender en este sentido, y les avisa de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en que podrían incurrir en caso de no cumplir este requerimiento". Esta advertencia es idéntica al que ya hizo el propio TC el pasado 26 de abril, cuando admitió a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la investidura de Puigdemont.

"Ningún candidato a la presidencia de la Generalitad puede ser invertido si no está presente en el Parlament", había dicho al mediodía el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la comparecencia en la que ha anunciado el recurso, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El ministro afirmó que "la auténtica intención" de la modificación de la ley catalana "era permitir una investidura a distancia del señor Puigdemont", a quien tildó de "prófugo de la justicia", a pesar de estar a disposición de la justicia alemana. Recordó que, si el TC admite el recurso -como ha sucedido posteriormente-, la normativa "quedará inmediatamente suspendida". Y ha advertido a la Mesa del Parlament -y a su presidente, Roger Torrent, personalmente- de no desoír la decisión.

"La Mesa del Parlament, con su presidente a la cabeza, sabrá que no puede convocar un pleno de investidura en estas condiciones, con un candidato sin presencia física, a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia", ha amenazado Méndez de Vigo.

El DOGC ha publicado la reforma de la ley horas antes

Mientras el ministro pronunciaba estas palabras, la ley de presidencia modificada estaba plenamente en vigor, después de que saliera publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) de este mismo miércoles. Cabe recordar que, con la Generalitat intervenida por 155, es el Gobierno central quien gestiona el DOGC -y, por tanto, quien controla los tempos-.

En este sentido, la publicación de la reforma sólo unas horas antes del recurso -y de su aceptación por parte del TC- ha imposibilitado a los partidos independentistas la maniobra de celebrar el pleno inmediatamente después de que la ley entrara en vigor y antes de que el TC se pronunciara sobre el recurso.

El recurso del Gobierno central y la posterior suspensión no afectan sólo la posibilidad de investir a distancia a un candidato a president de la Generalitat. También queda impugnado el punto que permitía celebrar reuniones del Gobierno -y adoptar acuerdos- de forma telemática. El objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy con la impugnación es impedir que los dirigentes independentistas presos o exiliados puedan formar parte del futuro Gobierno de la Generalitad.

Llarena confirma los procesamientos

También este miércoles, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado el procesamiento de los 25 imputados en la macrocausa contra el independentismo, incluyendo Puigdemont y el resto de su último Govern. Llarena ha desestimado los 23 recursos presentados por los procesados ​​-todos, excepto Toni Comín y Meritxell Serret, exiliados en Bruselas- contra la resolución del mismo Llarena del 21 de marzo. Las defensas pueden recurrir ahora ante la Sala de Apelaciones del propio Supremo.

En su resolución, Llarena también apunta -primer vez de forma clara- procesar a los investigados por rebelión por delitos alternativos en caso de que no se pueda demostrar que se ha producido violencia, requisito indispensable de este tipo penal.

En la causa contra el independentismo hay procesados ​​por rebelión, además de Puigdemont (en Berlín), el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras; los consejeros cesados ​​Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlamento Carmen Forcadell, el diputado de JxCat y ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (todos ellos encarcelados). También están procesados ​​por el mismo delito los consejeros cesados ​​Toni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira (en Bélgica, Escocia y Suiza, respectivamente).

Además, están procesados ​​por desobediencia los consejeros cesados ​​Lluís Puig, Meritxell Serret (ambos en Bélgica), Meritxell Borràs y Carles Mundó; el ex consejero Santi Vila; los miembros soberanistas de la mesa del Parlamento de la anterior legislatura Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel (esta última, en Suiza). De estos, los miembros del último gobierno de Puigdemont -incluyendo Vila están procesados ​​además por malversación.