Las polémicas declaraciones de la reina en un libro de Pilar Urbano sobre asuntos como el matrimonio homosexual, el aborto o la religión, ha abierto el debate sobre si la Casa Real puede tomar parte en el debate político. La Constitución, que sitúa al rey como 'símbolo de la unidad' del Estado, establece que sus discursos y declaraciones políticas deberán estar refrendadas por el Gobierno de turno. Su esposa, en cambio, no asume funciones constitucionales y disfruta de los derechos de todos los ciudadanos, incluido el de la libertad de expresión.

Si es así, ¿por qué sus declaraciones han despertado tanto revuelo? Los constitucionalistas consultados por Público aseguran que lo ocurrido con las declaraciones de Sofía de Grecia tienen que ver con la institución a la que representa, la Casa Real, que 'debería ser garante de la unidad entre los españoles'. Todos coinciden en que las opiniones de la reina deben ajustarse a la 'prudencia política' a la que de forma 'inherente' está obligada por su condición de consorte del Jefe del Estado.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Enrique Álvarez Conde, reconoce que 'lo mejor que podía haber hecho la reina es haberse callado'. 'Todo el mundo tiene derechos y libertades, pero la profesión de cada uno limita su libertad de expresión', apunta.

Álvarez Conde recuerda que, al igual que un juez no debe informar públicamente sobre la instrucción de un sumario determinado o un periodista no está obligado a revelar sus fuentes, una reina no debe hacer declaraciones políticas sobre temas que podrían dividen a los ciudadanos.

Josep Antoni González Casanova, constitucionalista de la Universidad de Barcelona, advierte de que las manifestaciones de la reina recogidas por la periodista Pilar Urbano en su polémico libro suponen 'una especie de ruptura de la neutralidad' que debe mantener la Casa Real. 'El núcleo de la familia real debe hacer un ejercicio prudente que no sirva para que los ciudadanos se alineen en una posición u otra dependiendo de sus declaraciones', añade Antonio Torres del Moral, catedrático de Constitucional de la UNED.

Hay incluso quien va más allá y considera que 'podría haber consecuencias políticas'. Es el caso del constitucionalista de la Universidad de Valencia, Fernando Rey, que asegura que la reina debe cumplir unas 'normas de corrección y prudencia, entre las que está la de no hacer declaraciones políticas que puedan provocar controversia'. Así, Rey sostiene que, si bien es poco probable, 'los grupos políticos podrían pedir que la reina declarara ante las Cortes para explicar sus manifestaciones'. Esa falta de prudencia a la que aluden los expertos es atribuida por muchos de ellos a la propia Casa Real. 'Deberían ser cesados los secretarios de la reina', recomienda el propio Fernando Rey. Otros, como Álvarez Conde, atribuyen la polémica a la propia periodista. 'Urbano debería haberse autorestringido', asegura. En esta misma línea, Yolanda Gómez, catedrática de la UNED, cuestiona que la reina haya realizado esas declaraciones y atribuye la polémica a que éstas han sido sacadas de contexto por la escritora. 'La cuestión es que cuando tú te entrevistas con una persona de ese calado no puedes ir a arañar', añade.

En los últimos meses, también se ha cuestionado la libertad de expresión de quienes precisamente están contra la monarquía. En el libro que ha dado origen a la polémica, la reina hacía referencia a los actos en los que independentistas catalanes quemaron sus propias fotos. Dos de ellos, Jaume Roura y Enric Stern, fueron condenados por la Audiencia Nacional por un delito de injurias a la corona. El alcalde de IU de la localidad gaditana de Puerto Real se veía asimismo obligado a acudir ante el tribunal días atrás después de que asegurara que 'el rey Juan Carlos es un corrupto'. ¿Se viola la libertad de expresión de los ciudadanos con estos requerimientos judiciales? En este tema, los constitucionalistas discrepan. González Casanova distingue entre esas dos situaciones. En su opinión, la quema de fotos 'es la escenificación de la idea republicana que no va contra nadie' y, por lo tanto, 'no se hace un acto de injuria'. Sin embargo, afirma que los insultos sí que deben entrar dentro del delito de injurias y calumnias 'porque el rey no puede defenderse' y es un tribunal el que debe sancionarlas.

Álvarez Conde recuerda por su parte que 'la monarquía está asentada en nuestro país', pero cree que 'es bueno que se empiece a opinar sobre ella'. Y Gómez defiende que el Código Penal sancione los delitos contra la Jefatura del Estado, algo no compartido ni por Torres del Moral ni por Rey, que consideran que sancionar actos como la quema de fotos de los reyes es conceder a estas actuaciones más importancia de la que a su juicio tienen realmente.