Esta tarde, el rey entra en uno de los quirófanos del hospital privado Quirón para ser operado de una infección en torno a la prótesis de su cadera izquierda. Será la decimotercera operación del monarca hecha pública por la Casa Real. Si el jefe del Estado quedase en coma durante la intervención y por tiempo indefinido, las Cortes declararían la inhabilitación del monarca y el príncipe Felipe asumiría la Regencia, conforme al artículo 59.2 de la Constitución Española ('Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona') Éste o un supuesto similar -incapacitación plena física y mental de Juan Carlos de Borbón- serían los únicos por los que Felipe de Borbón pasaría a sustituir a su padre en todas las responsabilidades de forma temporal o permanente. Por otro lado, el heredero sucedería al rey sólo si éste muere, ya que el monarca -motu proprio- ha descartado la abdicación, tal y como confirmó el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, el pasado viernes en una rueda de prensa inédita en la Zarzuela para informar sobre la intervención de hoy.

¿Podrían las Cortes inhabilitar al rey si considerasen que no está capacitado para ejercer como jefe del Estado aunque él se opusiese? No hay nada en la Carta Magna que lo impida, pero el blindaje bipartidista (PP y PSOE) que ha protegido a la Monarquía desde la transición sigue vigente y unos y otros reconocen que jamás declararían la inhabilitación del jefe del Estado en contra de su voluntad y sin que haya una indicación previa de éste, salvando el caso expuesto anteriormente: el estado vegetativo del monarca. Fruto de este blindaje es también el vacío legal existente en materia de sucesión, ya que, tal y como recoge la Constitución en su artículo 57.5 ('Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica'), hace 35 años que se ha aparcado un asunto con el que ahora se han dado de bruces los partidos políticos y la propia Monarquía. El PSOE, por boca de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya dijo el domingo que esa ley hay que desarrollarla, aunque no concretó más. Su número dos, Elena Valenciano, también abogó ayer por un Estatuto de la Casa Real, aunque tampoco dio plazos ni modos. El PP, por su parte, pide 'tranquilidad y discreción' para abordar este asunto, según declaró ayer la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Mientras los dos principales partidos apenas mueven ficha a la espera de lo que mande el rey, la valoración pública de la Monarquía sigue cayendo y la oscuridad en torno al verdadero alcance de las informaciones sobre la Familia Real -sobre las que la Casa Real mayoritariamente no responde- no contribuye a mejorarla. La operación del rey llega, pues, en el momento de mayor incertidumbre de la institución en la etapa democrática, en primer lugar, por las dudas sobre el verdadero estado de salud del jefe del Estado, que a la merma física fruto de la acumulación de una operación tras otra, une en los últimos meses una evidente lentitud de reflejos y falta de concentración y atención, según reconocen -siempre en privado- algunos de sus acompañantes.

El papel del príncipe -también sin regular- es la otra incógnita que azuza el debate sobre el verdadero motivo por el que el rey no abdica. Si Juan Carlos de Borbón, como dijo a Jesús Hermida en la entrevista de TVE, cree que su hijo es el heredero mejor preparado, ¿por qué no toma ejemplo de sus colegas Beatriz de Holanda y Alberto II de Bélgica, que dieron paso al trono a sus respectivos herederos? Las respuestas en el entorno real van desde que el monarca no considera realmente que el príncipe esté aún preparado, hasta la más improbable que expone la inestabilidad del matrimonio entre Felipe y Letizia. De momento, el heredero tiene una valoración más alta que su padre, aunque no así la princesa, a la que sigue superando la reina Sofía.

La corrupción incrustada en el seno de la Familia Real con el caso Nóos es una sombra creciente sobre la institución, a la que se siguen sumando, además, la opacidad sobre las cuentas de la Corona, las que proceden del presupuesto público y aquéllas que hablan de herencias resguardadas en Suiza u otros negocios nunca confirmados, pero tampoco desmentidos. La implicación de la infanta Cristina en los negocios presuntamente ilegales de su marido o el conocimiento del rey y su equipo de las actividades de Iñaki Urdangarin son las grandes cuestiones que se plantea la opinión pública, la cual, a la vista de los sondeos, se rebela contra el silencio y la protección absoluta del resto de instituciones de la que han gozado la Monarquía y el rey durante más de tres décadas.