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Las Cortes tienen un colchón de más de 200 millones exclusivo para gastos internos

Ambas instituciones, junto al Defensor del Pueblo, engordan año tras año unas cuentas de remanentes con los excedentes presupuestarios que no se devuelven al Tesoro Público.

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Ana Pastor, en el Congreso. EFE

Las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Defensor del Pueblo, almacenan ya en diversas cuentas de remanentes más de 207 millones de euros al cierre del ejercicio de 2016, casi 30 veces el presupuesto asignado anualmente a la Casa Real. Este elevado capital queda al margen de la gestión ordinaria de los presupuestos anuales de estas instituciones.

La acumulación de esta especie de “fondos reservados”, según la calificación asignada por fuentes parlamentarias consultadas por Público, se origina por las aportaciones de los sucesivos excedentes anuales tras la ejecución real de los presupuestos de cada ejercicio.

Año tras año, estas instituciones no gastan la totalidad del dinero presupuestado. A diferencia de otras instancias de la Administración, las cantidades sobrantes no se reintegran al Tesoro Público, sino que se ingresan en las denominadas “cuentas de remanentes”, una para las Cortes Generales, otra para el Congreso de los Diputados y una tercera para el Senado.

La mayoría de los diputados y senadores, legislatura tras legislatura, ignoran totalmente su existencia. Únicamente los integrantes de las respectivas Mesas y un reducido número de letrados de ambas cámaras conocen esta particular partida contable; también son los únicos que deciden qué hacer con ese dinero, explican fuentes parlamentarias consultadas por este diario.

Estos peculiares “fondos reservados” tienen su explicación formal en la autonomía presupuestaria que establece la Constitución en su artículo 72.1 para ambas cámaras parlamentarias. En función de ese criterio no se reintegran al Tesoro Público aquellas cantidades del presupuesto anual no ejecutadas. Según ese mismo criterio, las instituciones parlamentarias no tienen capacidad de endeudarse como sí ocurre con otras instancias públicas.

En concreto, al cierre del pasado ejercicio de 2016, el Congreso de los Diputados disponía en su particular cuenta de remanentes la cantidad de 77.058.963,41 euros. En ese mismo ejercicio ese fondo creció de forma importante: 14.412.679,07 euros, según se recoge en la ejecución presupuestaria publicada el pasado mes de junio en la página web oficial del Congreso de los Diputados. Esa cantidad supone el 7,53% del total presupuestado inicialmente.

Por su parte, el Senado almacena también una cantidad elevada en su fondo de remanentes tras liquidar el ejercicio anterior: 57.651.210,42 euros, cifra resultante tras sumar casi siete millones de euros (6.969.409,78 euros), es decir un 16% menos de lo presupuestado para el ejercicio de 2016. Dos años antes, en 2014, la cuenta de remanentes de la Cámara Alta sumaba 48.735.323,69 euros.

Y las Cortes Generales, institución que, entre otras atribuciones, administra el colectivo de funcionarios de ambas cámaras, alcanza también una elevada suma en su cuenta de remanentes al finalizar el ejercicio de 2016. En concreto, 72.535.006,90 euros. Al acabar ese año se aportaron al fondo 3.857.183,28 euros que quedaron sin gastar, un 7,20% del total presupuestado.

La suma de todas esas cuentes de remanentes alcanza la cifra de 207.245.180,73 euros, aunque la institución parlamentaria no la contabiliza globalmente, ya que administrativamente son instancias independientes. No obstante, esa elevada cantidad de recursos financieros depende de muy pocas personas, todas ellas dirigidas por la presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, que es quien preside también la Mesa de las Cortes Generales.

Gestión opaca

Ahora bien, la disponibilidad de ese dinero no es discrecional, aunque su gestión es bastante opaca. Según se informa en la página web de la Cámara Baja, se siguen los criterios “aprobados por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 29 de abril de 2003”, que establecen que “como regla general (…) sólo se realizarán gastos de inversión cuyo objeto sean bienes que tengan la naturaleza de inmovilizado material (elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, de carácter inventariable, cuya vida útil va más allá de un ejercicio económico)”.

Y se añade que “con carácter excepcional, la Mesa del Congreso de los Diputados podrá autorizar gastos con cargo a remanentes cuando sea necesario para otorgar liquidez a la gestión económica de la Cámara, (…); cuando deba atenderse a gastos extraordinarios o excepcionales, no previstos en el momento de la aprobación del presupuesto de la Cámara, o cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto de la Cámara algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en él crédito o sea insuficiente el consignado”.

De la importancia del volumen de esas cantidades almacenadas en los “fondos reservados” de la institución parlamentaria, puede dar idea este referente: con los 207 millones de euros podrían cubrirse prácticamente los presupuestos de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado, además del Defensor del Pueblo, durante todo un año.