Publicado: 18.07.2014 14:19 |Actualizado: 18.07.2014 14:19

Cortés pide al Gobierno que negocie la ley antidesahucios de Andalucía

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La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que afirma que la ley hipotecaria del PP vulnera los derechos humanos. Cortés asegura que la Corte ha puesto "negro sobre blanco lo que el Gobierno andaluz siempre ha denunciado": que la Ley 1/2013 "vulnera los derechos fundamentales y sitúa a las familias hipotecadas en una situación de absoluta indefensión frente a las agresiones del poder financiero".

La consejera asegura que el Gobierno "se ha quedado sin coartadas" para seguir "poniendo alfombra roja a la banca para desahuciar y especular con sus viviendas" y critica que el PP haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios andaluza, "la única Ley en el conjunto del Estado que evita desahucios y abusos de la banca", que aprobó el Parlamento andaluz en 2013. "El Gobierno la recurrió porque funcionaba, porque evitaba desahucios y combatía la especulación", ha añadido.

Cortés ha solicitado al Gobierno la convocatoria de la "Comisión Junta-Ejecutivo" para abordar la retirada del recurso contra Ley de Función Social de la Vivienda en Andalucía, así como la adaptación de la normativa estatal a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  "¿A qué esperan para rectificar?, ¿a qué esperan los ministros Luis de Guindos y Ana Pastor para asumir sus responsabilidades y admitir que esta Ley únicamente pretendía hacer cambios superficiales para que nada cambiara en el fondo?", se ha preguntado la consejera andaluza de IU.

Asimismo, Cortés asegura que el Ejecutivo tiene ahora "una nueva oportunidad" de sentarse a negociar la ley andaluza sobre desahucios "una vez constatado el fracaso de todas sus políticas contra los desahucios", una norma que "en sólo tres meses en vigor, permitió la expropiación temporal del uso de 39 viviendas para evitar otros tantos desahucios de familias en riesgo de exclusión social, al tiempo que ejerció un efecto disuasorio sobre todos los desahucios en Andalucía".


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