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Cospedal ha despedido a 2.000 funcionarios desde que gobierna en Castilla-La Mancha

El sindicato STAS­-CLM denuncia que el censo de funcionarios en la comunidad ha descendido desde los 11.384 que había en el año 2011 a los 9.373 funcionarios que hay en la actualidad. En total, un descenso de 2011 funcionarios a los que hay que sumar los más de 5.000 docentes despedidos

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La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Archivo EFE

MADRID.- La crisis ha terminado para el Gobierno, pero no para los funcionarios y empleados públicos. Tres años después de que María Dolores de Cospedal asumiera el Gobierno de Castilla-La Mancha la comunidad autónoma cuenta con 2.011 funcionarios menos. Así lo denuncia el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios, que ha comprobado el descenso de trabajadores públicas a través de los censos de las elecciones sindicales que se celebrarán en mayo. 

"Por provincias, el mayor descenso porcentual se da en Guadalajara donde ha desaparecido un 22,19% de los puestos de trabajo; en Ciudad Real un 18,9%; en Cuenca un 18,87%; en Toledo un 18,06% y en Albacete un 10,88 %", denuncia el sindicato en una nota de prensa remitida a los medios. 

Sin embargo, este recorte de 2.011 funcionarios menos no es el único acometido por el Gobierno de Cospedal. En octubre de 2014, el sindicato STE-CLM Intersindical denunció el despido de 5.312 docentes que también salió a la luz cuando se publicó el censo para las elecciones sindicales del personal docente. 

"Es una cifra realmente escandalosa que demuestra claramente la política contra los servicios públicos llevada a cabo por el Gobierno de Cospedal", prosigue el sindicato en su texto protesta.

Nuevos ceses  

El sindicato también denuncia que los ceses y recortes en el sector público continuarán hasta las próximas elecciones autonómicas de mayo. De esta manera, los trabajadores denuncian que con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que la Administración está negociando en estos momentos se pretende suprimir 773 puestos públicos, entre los que se encuentran los 254 interinos e interinas reingresados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de CLM por su cese ilegal en agosto de 2012.