Publicado: 17.10.2016 19:53 |Actualizado: 17.10.2016 22:10

Crece la desobediencia a las instituciones del Estado entre los ayuntamientos catalanes

La decisión de abrir los consistorios el pasado 12 de octubre, la negativa a declarar ante un juez por colgar una bandera 'estelada' en el balcón o a responder a una petición de información de la subdelegación del gobierno central pone de manifiesto que la desobediencia empieza a ser una realidad a nivel municipal. La duda es si dará el salto a nivel autonómico, como pedía la declaración de ruptura del 9-N.

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El alcalde accidenteal de Badalona, Oriol Lladó, rompe la resolución de un juzgado barcelonés contra su voluntad de abrir las dependencias municipales en el Día de la Hispanidad / EFE

Jose Téllez, tercer teniente de alcalde de Badalona, rompe la resolución de un juzgado barcelonés contra su voluntad de abrir las dependencias municipales en el Día de la Hispanidad / EFE

BARCELONA.- La desobediencia a las instituciones del Estado parece que definitivamente ha llegado al conflicto político catalán, con cargos políticos que se niegan a comparecer ante un juez o que desoyen las peticiones de información de las subdelegaciones provinciales del gobierno español. Este lunes, la alcaldesa de Berga y militante de la CUP, Montse Venturós, se ha negado a acudir al juzgado de la ciudad para declarar por la acusación de un posible delito electoral. Pocas horas más tarde los alcaldes de la formación anticapitalista en la provincia de Girona han anunciado que ignorarían el requerimiento sobre la apertura de los ayuntamientos el pasado 12 de octubre.



Precisamente, por la decisión de abrir las puertas del consistorio durante la fiesta de la Hispanidad, hoy el presidente del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha anunciado que apoyaría al PSC en una moción de censura contra la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, posibilidad rechazada posteriormente por los socialistas. Finalmente, también en esta jornada la Fiscal General del Estado ha ordenado una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación.

Hace casi un año, el 9 de noviembre, el Parlament aprobó, con los votos de los diputados de Junts pel Sí y la CUP, una resolución que teóricamente marcaba el inicio del proceso de “ruptura” de Catalunya con el Estado español. En la declaración, entre otras cuestiones, se hacía hincapié en “no supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado”, pero hasta el momento la desobediencia ha sido más simbólica que real. Pero parece que ahora, al menos desde algunos sectores, se ha optado por dar un claro salto adelante.

En el caso de Montse Venturós, que ostenta la alcaldía más importante de la CUP, es la segunda ocasión que decide no comparecer en el juzgado, después de que el pasado 5 de abril tampoco se presentara ante el juez. La acusan de un posible delito electoral por negarse a quitar la bandera estelada -símbolo del independentismo- en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones españolas de los días 27 de junio y 20 de diciembre del año pasado. Venturós ha subrayado que volverá a “desobedecer” y sólo declararía, si se da el caso, “ante el pueblo”. En su opinión, la bandera tenía que mantenerse en el balcón del consistorio porque esta fue la “decisión” de los ciudadanos de la Berga, tomada a través de una moción aprobada en el pleno municipal.

Ayuntamientos que ignoran a la subdelegación del gobierno

Paralelamente, los subdelegados del gobierno español en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han enviado una solicitud de información a 58 ayuntamientos para tener la confirmación oficial sobre si abrieron sus puertas el pasado 12 de octubre. El caso más mediático fue el de Badalona, donde seis concejales de Guanyem Badalona en Comú y ERC -que forman gobierno junto a ICV-EUiA- abrieron las puertas y atendieron a unos 200 ciudadanos. Pero en todo el territorio catalán hubo decenas de consistorios que tampoco cerraron durante la fiesta nacional española. En este sentido, los alcaldes de Celrà, Verges, Mieres y Viladamat, cuatro municipios de Girona gobernados por la CUP, ya ha anunciado que no atenderán a la petición. La consideran “absurda” porque es de “dominio público” que el día 12 no hicieron fiesta.

En declaraciones a Público, el alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha manifestado que “no queremos entrar en su juego. Entendemos que después de la petición pasará lo mismo que en Badalona [donde un juez abrió un proceso penal por abrir el 12-O]. Que hagan lo que quieran. Nos hemos acostumbrado a que nos lleven al Tribunal Constitucional por cualquier cosa vinculada al proceso soberanista”. Cornellà recuerda que la CUP “siempre ha hecho un llamamiento a la desobediencia después de comprobar cómo otras vías han quedado agotadas ante un Estado que no busca ninguna solución y sólo apuesta por la judicialización”. Finalmente, el alcalde de Celrà ha celebrado que “los actos de desobediencia se expandan por el territorio” catalán.

Uno de estos ayuntamientos de Girona, el de Viladamat, decidió enviar una bandera española a la delegada del gobierno estatal en Catalunya, María de los Llanos de Luna, “en vista del poco uso” que le dan. En una carta dirigida a la política del PP, el consistorio añadió que “nunca más, por métodos democráticos, [esta bandera] volverá a ondear en nuestro municipio”.

Forcadell, más cerca de una hipotética inhabilitación

Fuera del ámbito municipal, este lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha ordenado a la Fiscalía catalana que se querelle contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional. Son los mismos delitos que la Fiscalía atribuye al expresidente catalán Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. En su caso fue por la convocatoria y celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, mientras que en el de Forcadell la razón es permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que entre otras cuestiones abren la puerta de la unilateralidad para culminar el proceso independentista.

Forcadell, que en su cuenta de Twitter ha manifestado que está “convencida que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo”, podría acabar siendo inhabilitada por este proceso. Si se da el caso, la gran duda sería comprobar cuál es la respuesta del Parlament, fundamentalmente de los dos grupos independentistas y del soberanista, que integra Catalunya Sí Que es Pot. ¿Apoyaría la antigua CDC una acción de desobediencia institucional? ¿Se alinearía el espacio de los Comunes en contra de la obediencia a las instituciones estatales como ha hecho en Badalona? Preguntas claves que, muy probablemente, tendrán respuesta antes de culminar el actual curso político.