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“No creo que haya habido un lugar con más corrupción que La Muela”

Los vecinos y el ayuntamiento del pueblo zaragozano de La Muela pagan de su bolsillo la factura de la corrupción y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ya acarrearon condenas de prisión para dos de sus cinco alcaldes democráticos, mientras la Fiscalía pide cárcel por malversación para otro de ellos

La Muela quintuplicó su población en los años de la burbuja inmobiliaria, durante la que pasó de emblema de desarrollo a paradigma de corrupción.

“Si sacas la proporción, no creo que haya habido un lugar con más corrupción que La Muela. En la operación Malaya hubo 86 acusados y 48 condenas, aquí se sentaron en el banquillo 43 imputados y 29 fueron condenados… ¡pero es que en Marbella hay 100.000 habitantes y aquí solo 5.000!” 5.090 para ser más exactos, recuerda Adrián Tello, alcalde por Cha (Chunta Aragonesista) del pueblo de la estepa zaragozana que hace una década, bajo la alcaldía de Mariví Pinilla, hoy condenada por 14 delitos se convirtió en paradigma de la corrupción. “Allí había más acusados, más habitantes y más dinero, pero la proporción es brutal”, anota.

La Muela tiene otras características comunes con Marbella, aunque menos acusadas. Tres alcaldes de la ciudad malagueña –Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe- han sido condenados por corrupción, lista a la que se añade el exfutbolista Tomás Reñones, que lo fue de manera accidental. En La Muela van dos –Pinilla (Par) y Carmelo Aured (UCD)- mientras Marisol Aured (PP), la penúltima de los cinco regidores democráticos que ha tenido la localidad, se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Adrián Tello (dcha), de Cha, intenta poner orden en el Ayuntamiento de La Muela, a cuya alcaldía llegó en 2015.

Adrián Tello (dcha), de Cha, intenta poner orden en el Ayuntamiento de La Muela, a cuya alcaldía llegó en 2015.

Está acusada de prevaricación, fraude y malversación de caudales. La Fiscalía sostiene que decidió cargar al Fondo de Proveedores, y sin pasarlo por el pleno, 735.000 euros en facturas supuestamente hinchadas de SEUL, la empresa que recoge la basura, con la que renegoció un contrato cuyas condiciones le parecen al ministerio público irregulares. El consistorio pide para ella tres años de prisión, mientras el juez le reclama una fianza de responsabilidad civil de casi 800.000 euros

El asunto, el último de la enorme lista de asuntos judiciales de este pueblo cuya vara de alcalde parece labrada en kriptonita, tiene dos peculiaridades. Una es que las supuestas irregularidades, datadas en la época de Pinilla, habían sido descubiertas por el edil de confianza de Aured, su teniente de alcalde Héctor Carrera, que descubrió un descuadre entre las cantidades de residuos facturadas al consistorio y las registradas en el vertedero comarcal. La otra es que el ayuntamiento celebrará este lunes un pleno en el que el resto de los grupos municipales –PSOE, Cha, Par y Ganar La Muela- pedirán su reprobación y le reclamarán que entregue su acta de concejal.

Pufos a la altura de Bárcenas y de Rato

Aured, uno de los escasos cargos sospechosos de corrupción del PP aragonés, al que llegó tras haber sido durante años concejal del Par con Pinilla, fue en 2007 uno de los dos testigos protegidos que permitieron a la Policía iniciar las pesquisas de la operación Molinos, conocida como la malaya aragonesa y en la que la Policía y Hacienda afloraron once millones de euros en fraudes fiscales, un boquete tributario similar al que maneja en el caso Bárcenas además de un monumental tinglado de sobornos y pelotazos al socaire de la burbuja inmobiliaria La otra garganta profunda fue la de Fernando Embarba, teniente de alcalde con Pinilla durante 16 años, entre 1987 y 2003, las cuatro primeras de las seis legislaturas que esta ocupó la alcaldía.

A Pinilla le sucedió Marisol Aured, que ocupó el cargo entre 2011 y 2015, y le había antecedido Néstor Bielsa (PSOE), al que le ganó la vara por veinte votos en 1987. Entonces La Muela no llegaba mil habitantes, como tampoco los superaba–tardaría una década, antes de quintuplicar su censo durante la burbuja- en la primera legislatura democrática (1979-1983), en la que presidió el municipio Carmelo Aured.

Este último, que confesó en la malaya aragonesa siete delitos tributarios en los que defraudó 7,3 millones de euros –un pufo mayor del que Hacienda atribuye por ahora a Rodrigo Rato , es uno de los dos únicos implicados en asuntos de corrupción en Aragón en la última década que tras ser condenados han pasado por la cárcel. De hecho, su pena de seis meses por tráfico de influencias con un exconcejal de Zaragoza le cayó mientras cumplía otra por otro delito fiscal. Salió hace unas semanas.

El Ayuntamiento de La Muela mantiene deudas millonarias.

El Ayuntamiento de La Muela mantiene deudas millonarias.

Campos de secano disfrazados de calle

Mientras los tribunales siguen investigando a exalcaldes de La Muela, los vecinos y el ayuntamiento pagan la resaca de la burbuja. Este último no ha visto ni uno de los algo más de 300.000 euros que le asigna como indemnización la sentencia de la malaya aragonesa, a pesar de que parte de esa cifra responde a acuerdos con los acusados. “No hay nada que hacer hasta que el Supremo falle los recursos, que le llegaron la semana pasada”, señala Tello, que añade que “la gente está cansada” de ese tema.

También de otros. Varios centenares de vecinos se ven obligados a pagar contribución urbana por los terrenos de su propiedad que el lápiz municipal señaló, con el visto bueno de la comunidad autónoma, como zona urbana consolidada pero en los que nunca nadie llegó a edificar. “Aquí hay gente que paga cada año 2.000 euros por campos de secano en los que no hay nada”, anota el alcalde.

El ayuntamiento ha podido cambiar de acreedor tras recurrir a un fondo estatal para pagar los 7,5 millones que tenía pendientes en indemnizaciones y los 2,7 en embargos por deudas con bancos. Eso, sin embargo, no garantiza la tranquilidad: el consistorio está devolviendo ahora la licencia de obras de 900.000 euros que el equipo de Pinilla cobró por adelantado en 2007 a los promotores de un campo de golf que no llegaron a construir –llevan entregados 300.000- y acaba de ser condenado a asumir una urbanización en cuya construcción, como aquel que no quiere la cosa, fue okupada una superficie equivalente a cinco campos de fútbol.

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