MADRID.- El presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo, y los trabajadores de las empresas de la red Javier Nombela e Isabel Jordán se han acogido a su derecho de no declarar en la pieza separada en la que se investiga la adjudicación de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), informaron fuentes jurídicas.

Francisco Correa, supuesto líder de la organización corrupta, también estaba llamado a declarar este miércoles aunque ha alegado que no podía hacerlo y no ha acudido al interrogatorio, según señalaron las citadas fuentes.

Este martes también se acogió a su derecho a no declarar el periodista Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, quien fue imputado por haber mediado presuntamente en la adjudicación de los tres contratos.

También comparecieron el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de Jerez en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, quien habría "participado en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados".

Imputados por prevaricación

Los siete fueron imputados en marzo pasado por el juez Pablo Ruz por haber influido en la concesión a sus empresas de las actividades que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad gaditana desarrolló en 2004 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En un auto, el magistrado atribuía a los siete imputados un posible delito continuado de prevaricación por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa del municipio.

Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, fue citado a declarar por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".

Los contratos, que presentaban "numerosas irregularidades", ascendían a más de 200.000 euros

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez Ruz a comienzos de marzo en el que advertía de que estos contratos, que ascendieron a un total de 214.029,37 euros, presentaban "numerosas irregularidades".

En concreto, el Instituto pagó 162.806,37 euros a Special Events por el montaje y gestión de un 'stand', así como sendas partidas de 39.366,92 y 11.855,08 euros a Down Town Consulting por la organización de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez.

Según la Fiscalía, los firmantes de los contratos cometieron hasta seis irregularidades, entre ellas "la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas, la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello y la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares administrativas y técnicas".

Además, habrían llevado a cabo "la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el mismo, la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas y el abono de las facturas referidas a estos contratos y la modificación de algunas de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".