Publicado: 19.11.2015 23:09 |Actualizado: 19.11.2015 23:09

Cuarenta años sin resolver la
herencia de Franco

A estas alturas de la democracia, cuarenta años después de la muerte del dictador, se puede indicar el franquismo como origen de algunos problemas pero no debe servir como justificación. El país arrastra desde entonces graves carencias democráticas. 

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Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.- EFE

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.- EFE

MADRID.- Culpar a Franco sería demasiado fácil. La democracia española nació tras una dictadura de 36 años y tres de cruenta, y para muchos genocida, Guerra Civil. La restauración democrática en España afrontaba el reto, por tanto, de resolver los problemas heredados de un pasado dictatorial, de unas heridas abiertas hasta la médula y de unas instituciones envenenadas de franquismo. La Transición dejó de un lado gran parte de los problemas y perpetuó otros tantos sin el debate social necesario. Pero tampoco se puede culpar a la Transición. 

A estas alturas de la democracia, cuarenta años después de la muerte del dictador, se puede indicar el franquismo como origen de algunos problemas, pero no debe servir como justificación. Los sucesivos gobiernos de la democracia han evitado debates y han intentado mantener un velo sobre el pasado. Como si nunca hubiera existido o como si el país no arrastrara serias y graves deficiencias democráticas heredadas de una dictadura y una Guerra que para poder superar hay que enfrentar, analizar, resolver y digerir. 



El Valle de los Caídos y los símbolos franquistas

Este 2015 se han cumplido 75 años del inicio de la faraónica obra en plena sierra de Madrid donde, desde hace 40 años, está enterrado el dictador Francisco Franco junto al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El complejo monumental, construido gracias al trabajo esclavo de miles de republicanos, alberga más de 30.000 caídos, republicanos y franquistas, en la Guerra Civil y está considerada como la mayor fosa común de todo el Estado. 

En 37 años de democracia sólo una vez el Gobierno ha accedido a devolver los restos óseos de víctimas allí enterradas a las familias. Fue en 1980, cuando el Gobierno de la UCD autorizó la exhumación de 133 cadáveres. Todos ellos fueron enterrados en sus localidades de origen en Navarra. La pregunta es evidente: ¿Por qué UCD sí que permitió las exhumaciones y PP y PSOE no lo han permitido?

Valle de los caídos

Valle de los caídos

El complejo no ha cambiado un ápice desde que murió el dictador. Sigue nombrando a Franco como "anterior jefe del Estado" y no hay ni una placa que explique al visitante ni el significado del monumento, ni el horror que supuso su construcción para los republicanos esclavos. En noviembre de 2011 la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos entregó las conclusiones del informe que le encargó el Gobierno de Zapatero. Rajoy ya había ganado las elecciones y el Gobierno en funciones dejó el informe en un cajón pidiendo al Partido Popular que no se olvidara de él. No se ha vuelto a saber más. 

Fosas, desaparecidos y acceso a la justicia de las víctimas

Según el auto del juez Garzón en España hay todavía, 76 años después del final de la Guerra Civil, 114.266 desaparecidos, de los que, en su inmensa mayoría, permanecen desde hace más de 70 años en las al menos 2.246 fosas comunes desperdigadas por todo el territorio. Decía Arturo Pérez-Reverte recientemente que sacar a los republicanos de las fosas comunes es "sentido común". Un sentido común, al parecer, inexistente en este país.

Desde 1978 hasta el golpe de Estado fallido de Tejero en 1981 se exhumaron entre 1.000 y 2.000 cuerpos, pero tras el intento de golpe todo quedó paralizado hasta la década de los 2.000 cuando comenzó el trabajo de organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 

Fosa común en Teba de fusilados en la Guerra Civil. EFE/Archivo

Fosa común en Teba de fusilados en la Guerra Civil. EFE/Archivo

Los organismos de la ONU especializados en derechos humanos también han solicitado la derogación de la Ley de Amnistía que ha impedido a las víctimas el acceso a la justicia de las víctimas

Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han señalado al Estado español su obligación de investigar estas desapariciones, exhumar a las víctimas y poner punto y final a la impunidad de la dictadura y de los crímenes del bando franquista durante la Guerra Civil.  
En este sentido, los organismos de la ONU especializados en derechos humanos también han solicitado la derogación de la Ley de Amnistía que ha impedido a las víctimas el acceso a la justicia y han mostrado, reiteradamente, su "preocupación" por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de, entre otros, dos torturadores franquistas González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar

Privilegios de la Iglesia católica 

La Iglesia católica fue un pilar de la dictadura de Franco y jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil mostrando su apoyo a los militares golpistas frente al legítimo Gobierno de la República. Salvo escasas, muy escasas, excepciones de los dirigentes de la Iglesia salieron pocas críticas sobre las violaciones de derechos humanos de los golpistas y a la falta de libertad de la dictadura. De hecho, la gran excepción en este sentido fueron los curas obreros del tardofranquismo. 

El profesor de la Universidad Carlos III Rafael Escudero explica en la ponencia Con la Iglesia hemos topado cómo, durante la Transición, los jerarcas de la Iglesia pugnaban por asegurarse un buen puesto de salida una vez volviera la democracia: "Así lo hicieron; primero, evitando que durante la Transición se planteara abiertamente la cuestión de la relación Iglesia y Estado; segundo, impidiendo que el texto de 1978 recogiera la fórmula del Estado laico que había proclamado la República; y tercero, mediante la ratificación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que permitieron mantener sus privilegios de cara al futuro".

Rajoy en el momento de su toma de posesión como presidente del Gobierno.- EFE

Rajoy en el momento de su toma de posesión como presidente del Gobierno.- EFE

La presencia del catolicismo se manifiesta con fuerza en la eduación, donde se mantiene la enseñanza de la religión

La Constitución española de 1978 consagra el principio de aconfesionalidad del Estado, sin embargo en el artículo 16.3 se afirma que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

En opinión de Escudero, esta frase recogida en la Constitución es "la que impide avanzar hacia un Estado laico, a la vez que garantiza una relación preferente de la Iglesia católica con los poderes públicos frente a otras confesiones y credos religiosos". De hecho, es a este artículo al que la Iglesia alude para defender sus privilegios y su privilegiada financiación a costa del Estado. 

La presencia del catolicismo se manifiesta con fuerza en la eduación, donde se mantiene la enseñanza de la religión, pero es visible es muchos otros ámbitos, como la omnimpresencia de símbolos católicos en actos oficiales, tomas de posesión de cargos y desfiles militares, así como la de crucifijos en colegios públicos (a pesar de las sentencias que exigen su retirada).  También cabe recordar que la influencia del pensamiento católico es el que está detrás de los intentos del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón de reformar la ley del aborto y de separar el derecho a decidir sobre la maternidad de la propia madre. 

Monarquía

La persona de Juan Carlos I es el vínculo más claro y evidente entre la democracia española y la dictadura que le precedió. Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y la Constitución española de 1978 lo consagró como el jefe de Estado de la nueva España democrática. Sin embargo, no fue una elección libre. Los españoles se limitaron a votar sí o no a la Constitución y en ningún momento hubo un debate abierto sobre la forma del Estado. 

El Rey Don Juan Carlos junto al general Franco (Efe)

El Rey Don Juan Carlos junto al general Franco (Efe)

Los partidos políticos aceptaron antes de las elecciones constituyentes que la forma del Estado sería la monarquía

El periodista Carlos Elordi señala en la obra ¿Quiénes mandan de verdad en España? que Juan Carlos conservó su corona porque los partidos políticos que obtuvieron representación en las elecciones constituyentes de 1977 "habían aceptado antes de que estas se celebraran que la monarquía sería la forma del Estado en democracia y que Juan Carlos de Borbón sería el jefe de ese Estado". "Incluidos los comunistas, y muy a su pesar, porque esa aceptación implicaba reconocer que su lucha durante cuarenta años había fracasado", prosigue. 

No es baladí tampoco que los partidos abiertamente republicanos y que habían sido la columna de la II República, como la Izquierda Republicana de Azaña, no habían sido legalizados en ese momento. La abdicación de Juan Carlos I volvió a abrir con fuerza el debate sobre la forma del Estado en la izquierda del país, pero, hasta la fecha, no hay una opción real de que los grandes partidos permitan a la ciudadanía expresar su opinión al respecto y definir con total libertad quién ocupa la jefatura del Estado.  

Ausencia de símbolos compartidos

La dictadura enarboló la bandera de España y se apoderó de ella, excluyendo a la izquierda de la identificación de este símbolo nacional. Después, en democracia, fue la derecha la que sacó a pasear esa misma bandera rojigualda desprovista del aguilucho, eso sí. Lo mismo ha sucedido con el himno, que se ha mantenido igual con la diferencia de que se le quitó la letra escrita por Jose María Pemán.

El hecho de que la bandera, el himno y los símbolos del Estado sean identificados con una derecha que no ha roto del todo con el pasado dictatorial dificulta, y mucho, que todos los españoles se sientan cómodos con los símbolos del Estado español. Tan solo en acontecimientos de enorme interés, y alejados de la política, como en los éxitos deportivos de las selecciones de fútbol y baloncesto la bandera de España no ha estado asociada a la derecha. 

Cientos de ultraderechistas duranteuna manifestación convocada por Falange Española y el Nudo Patriota Español en Defensa de la Unidad de España. EFE

Cientos de ultraderechistas duranteuna manifestación convocada por Falange Española y el Nudo Patriota Español en Defensa de la Unidad de España. EFE

La ausencia de símbolos compartidos es una muestra más de la ausencia de un proyecto político común como país y de la ausencia de una memoria colectiva sobre lo que fue la dictadura y la Transición. Construir un proyecto de país en el que todos se sientan cómodos y representados en los símbolos del Estado que les da nacionalidad es una obligación para el futuro gobierno. 

Una historia falseada o silenciada y los archivos cerrados

Los mitos sobre la figura de Franco, los silencios sobre la represión de la dictadura y de la Guerra Civil, los intentos de presentar a la República como culpable de la Guerra Civil y de presentar la dictadura como un remanso de paz permanecen aún pasados 40 años de la muerte del dictador. Prueba de ello fue el intento de la Real Academia de Historia de perpetuar un diccionario biográfico plagado de mitos y leyendas franquistas construidos durante los años posteriores a la Guerra Civil por los golpistas y rejuvenecidos por parte de la derecha española durante la democracia.

La obra parecía una burla de proporciones históricas. No definía a Franco como un dictador y sí como un “valeroso militar” y el franquismo fue calificado de “autoritario, pero no totalitario".

La obra parecía una burla de proporciones históricas. No definía a Franco como un dictador y sí como un “valeroso militar” y el franquismo fue calificado de “autoritario, pero no totalitario". La Guerra Civil fue sustituida a menudo por otros términos como “cruzada” o "guerra de liberación". Un auténtico chiste. Pero el revisionismo fue aun más lejos. A la salvaje represión ocurrida en Badajoz tras ser conquistada por los franquistas se la denominó "normalizar la vida ciudadana". En definitiva, todo un panfleto digno de ser firmado por el mismísimo Fraga durante sus años como ministro de Información.

Un ejemplo más de los intentos de la derecha por criminalizar a la República de los desmanes y excesos de los golpistas se vio con el diputado del Partido Popular Rafael Hernando, que señaló en un programa de televisión que “las consecuencias de la Segunda República llevaron a un millón de muertos. El argumento no era nuevo. Esperanza Aguirre y Manuel Fraga, entre otros, ya lo habían utilizado. “La II República fue un auténtico desastre para España y los españoles”, escribió Aguirre en un artículo publicado en ABC. Fraga fue aún más lejos y en una entrevista concedida a El País en el año 2007 señaló: “Pero los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda responsabilidad, toda, fue de los políticos de la II República. ¡Toda!”, dijo.

No ayuda en absoluto a establecer la verdad sobre lo que ha ocurrido en España desde 1936 a 1939 la destrucción o desaparición de documentos históricos, que tan bien explica el historiador Francisco Espinosa en un artículo que publica hoy este diario, ni que los archivos estén cerrados. Cuarenta años después de la muerte del dictador se sigue sin saber con exactitud qué documentación existe en relación al golpe militar, la represión franquista y la dictadura. 

Una derecha que no ha roto con el franquismo

Los vínculos del Partido Popular y el franquismo son más que evidentes. No hay más que remontarse a su fundador: Manuel Fraga. Sin embargo, en estos años de democracia, en los que el Partido Popular ha sido el partido del Gobierno durante 12 años, los conservadores han rechazado romper vínculos con el franquismo. Sólo una vez, el 20 de noviembre de 2012, el Partido Popular optó por condenar la dictadura de Franco. Lo hizo a través de una resolución pactada con todas las fuerzas parlamentarios y en el seno de la Comisión Constitucional. Desde entonces, los conservadores han vuelto a entonar el 'NO' en la inmensa mayoría de resoluciones relativas a la condena de la dictadura y el derecho de las víctimas de acceder a la justicia. 

El Sáhara ocupado por Marruecos

El 14 de noviembre de 1975 España violó la legalidad internacional y entregó el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania faltando a su propia palabra. España se había comprometido a descolonizar y a realizar un referéndum de autodeterminación en el territorio y, por contra, ejecutó una entrega del mismo a los mencionados países. En aquel momento Franco estaba moribundo en la cama y el temor a un conflicto bélico, entre otros motivos, llevaron a una decisión ilegal desde el derecho internacional. 

Cuarenta años después de aquello la situación de los saharauis sigue sin ser resuelta y España sigue sin implicarse como debiera en la resolución del conflicto

Cuarenta años después de aquello la situación de los saharauis sigue sin ser resuelta y España sigue sin implicarse como debiera en la resolución del conflicto ya que a efectos de derecho internacional España sigue siendo la potencia colonial administradora del Sáhara Occidental. En 2015, 24 años después del alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos y de la promesa de realizar un referéndum de autodeterminación, la mitad de la población saharaui vive en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Argelina y la otra mitad bajo ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.

La oligarquía y los impuestos

La Transición también permitió, como señala la doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Carlos III Matilde Eiroa que los apellidos franquistas se instalaran en el poder heredando cargos y posiciones privilegiadas a lo largo de los años de democracia. Un buen ejemplo son las familias Aznar, Arias-Salgado, Calvo Sotelo, Cabanillas, Rato... 

La doctora también señala la doctora que nos queda como herencia "la existencia de una élite que le cuesta cumplir con la ley porque siempre ha tenido privilegios y no ha satisfecho las obligaciones como ciudadanos, por ejemplo el pago de impuestos".