La diputada de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha reclamado que antes de la Diada del 11 de septiembre se haya "formalizado todo el proceso jurídico, técnico y legislativo que tiene que garantizar el buen funcionamiento del referéndum", es decir, aprobar las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica, convocar el referéndum y crear la sindicatura electoral.

En rueda de prensa este martes, ha sostenido que "es el momento de decretar la muerte del proceso y que empiece la vía de la unilateralidad, la desobediencia y la insumisión", por lo que ha apostado por que en las próximas semanas el Parlament avance en la organización del referéndum en esta dirección.

Boya ha criticado que la ley del referéndum aún no se haya tramitado en la Mesa del Parlament y ha reivindicado que se tramita de forma ordinaria para que los grupos puedan introducir enmiendas y que se vote en el pleno del 6 y 7 de septiembre, aunque no ha descartado que se pueda aprobar a través de un decreto ley del Gobireno catalán.

También ha advertido de que van tarde para presentar y entrar a registro la ley de transitoriedad jurídica, porque cree necesario que la ciudadanía conozca su contenido antes de la campaña electoral del referéndum para saber "con toda claridad" qué ocurrirá el 1 y el 2 de octubre si gana el 'sí'.

Además, ha instado a JxSí a "cerrar los trámites parlamentarios y tener la ley de transitoriedad jurídica aprobada antes de la campaña" y no solo explicar su contenido, como defiende parte de la coalición independentista.

La ley de transitoriedad jurídica es una de las conocidas como leyes de 'desconexión', la que debe diseñar la transición de Cataluña del ordenamiento jurídico actual a uno catalán. En el seno de JxSí hay disparidad de criterios sobre qué hacer con esta ley: algunos son partidarios de aprobarla antes del 1-O, mientras que otros sostienen que solo puede aprobarse si gana el 'sí' en el referéndum -ya que es la ley que materializa la independencia-.