Publicado: 28.07.2016 12:03 |Actualizado: 28.07.2016 12:03

Demandan a Patrimonio Nacional
por obstaculizar las exhumaciones
en el Valle de los Caídos

Los familiares de los dos fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos serán exhumados del conjunto monumental entienden que el organismo ha tenido mucho tiempo para pedir los informes y que hacerlo ahora ralentizará el proceso.

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Valle de los Caídos.- EFE

Valle de los Caídos.- EFE

MADRID.- Los familiares de los dos fusilados durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos serán exhumados del Valle de los Caídos tras la autorización de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, han demandado este jueves a Patrimonio Nacional, después de que el organismo solicitara dos informes para comenzar los trabajos, porque no ven "razonable" que demoren el proceso con esta petición.

Eduardo Ranz, abogado de las familias, ha formalizado una demanda Contencioso-Administrativa ante el alto tribunal contra la respuesta de Patrimonio Nacional -administrador de ese conjunto monumental- que ha encargado un informe técnico al Instituto Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otro al Consejo Médico Forense, tras lo cual valorarán o no realizar la exhumación.



El letrado recuerda en una nota que en el auto del 30 de marzo dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial se reconoció el derecho a la digna sepultura de los dos fusilados y se autorizó llevar a cabo la entrega de los restos cadavéricos de Antonio-Ramiro y de don Manuel Lapeña Altabás, a sus familiares.

Con todo entiende que "no puede considerarse razonable" que se haya obviado que el padre de la demandante e hijo de uno de los dos hermanos sobre los cuáles se ha autorizado la exhumación, cuenta con 92 años de edad, lo que, a juicio del letrado, "puede suponer que el proceso legal o administrativo de Patrimonio Nacional sea superior al resto de su vida", y que ello implica un "evidente perjuicio para la parte demandante".

"No es un favor, sino un deber constitucional"

Así, recuerda que la Ley de Memoria Histórica entró en vigor en diciembre de 2007 y, por tanto, considera que aplicando esa fecha como punto de referencia, Patrimonio Nacional ha tenido "casi diez años" para solicitar dichos informes. Igualmente, añade que han sido "infructuosos" los requerimientos de las familias para obtener los cadáveres de sus familiares.

"Patrimonio Nacional, como su propio nombre indica, debe estar al servicio de todos los ciudadanos, y no de una parte o de un partido. No se trata de un favor que ellos pueden hacer a las víctimas del franquismo, sino del deber constitucional de cumplimiento de las resoluciones firmes, así como del derecho a digna sepultura", reza la nota enviada por el letrado.