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Denunciantes de casos de corrupción reclaman una ley que les proteja

Piden la creación de un Observatorio de la Corrupción que defienda a los testigos y acusadores. Todos los partidos, menos el PP, han mostrado su interés en reunirse con la Plataforma por la Honestidad, impulsora de la iniciativa.

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El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. EFE

@patricialopezl

MADRID.- Cuando Ana Garrido puso en conocimiento de la fiscalía y al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel los datos que poseía sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP, jamás imaginó que cinco años después iba a ser ella la imputada por calumniar a un alcalde de un consistorio condenado por acosarla laboralmente. “He perdido mi trabajo, mi casa y mi vida tal y como se desarrollaba antes de dar el paso de denunciar”, explica a Público.

Lo mismo le ocurrió al ex teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército por no “cumplir la disciplina” del cuerpo tras escribir una novela en la que denunciaba, ficcionados, casos reales que había presenciado y de los que había alertado a las instancias militares. “No fueron capaces de expulsarme porque yo mintiera en mis denuncias, por aseveraciones falsas, sino que buscaron la justificación de la falta de disciplina. De hecho cada día salen más noticias de que era cierto lo que yo denunciaba, pero en ese momento nadie quiso hacer caso a lo que ocurría. Espero que ahora los partidos tengan más conciencia y valor para luchar contra la corrupción y más dentro de una institución cerrada como la militar”, cuenta Segura.

La protección del anonimato del denunciante, su asistencia jurídica, psicológica y en algunos casos económica debido al acoso que sufren
por parte de las administraciones, cuestiones contenidas en la ley

Ana Garrido, Luis Segura y otras dos “víctimas de la corrupción”, Araceli Blanco (Canal de Isabel II) y Roberto Macías (UGT), integrantes de la iniciativa ciudadana Plataforma por la Honestidad, comienzan hoy sus reuniones en el Congreso de los Diputados “con los partidos que hasta el momento han mostrado su interés en el anteproyecto de Ley de Protección de Denunciantes. Las diputadas de Podemos Victoria Rosell y Auxiladora Honorato, de la comisión de Justicia y de Administraciones Públicas; Enric Bataller, de Compromís; Yolanda Díaz, de En Marea, y Mikel Legarda, del PNV, estos de la comisión de Justicia. Otros grupos parlamentarios como PSOE, En Común, Esquerra Republicana y Coalición Canaria nos han confirmado que nos darán audiencia en los próximos días”, explica Pedro Arancón, coordinador de la Plataforma.

Observatorio de la corrupción

La propuesta se centra en la creación de un Observatorio de la Corrupción formado por funcionarios de libre disposición elegidos por sorteo “de las distintas consejerías o ministerios, que se reunirán no menos de una vez a la semana y que evaluaran todas las denuncias al objeto de su traslado a la fiscalía. Dicho observatorio, ante la primera denuncia originará un protocolo de actuación para garantizar las medidas de protección”, consta en el anteproyecto.

El anteproyecto contempla la creación de un Observatorio de la Corrupción que supervisará los procesos denunciados

Dentro de este protocolo, los impulsores de la iniciativa ven fundamental la protección de su anonimato, la asistencia jurídica, psicológica y en algunos casos económica debido al acoso que sufren por parte de sus jefes en las diferentes administraciones públicas denunciadas.

Es por ejemplo el caso de Araceli Blanco, ex empleada del Canal de Isabel II, a quien el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a espiar contratando los servicios de la agencia de detectives Método 3 después de que ella denunciara ante él, ante la empresa Sacyr, los tribunales y la UDEF los supuestos delitos de corrupción que se cometían en la entidad pública. Nadie hizo caso a los documentos que aportaba, es más, acabó imputada por una querella contra ella de los directivos del Canal de Isabel II que finalmente ganó. Y cuando pensó que todo estaba perdido y que su lucha había sido inútil fue cuando llegaron los investigadores económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que colaborara con ellos en la Operación Púnica.

Todos son conscientes de que el camino será largo. Ninguna de las tramas que han denunciado han sido aún juzgadas y en algunos casos se están iniciando las investigaciones. Pero los denunciantes comparten una misma idea: “Si hemos señalado lo que ocurría en estos organismos es porque respetamos y queremos lo público, pero esto nos ha costado nuestras vidas. Es importante que toda la sociedad tome conciencia de que no se puede mirar hacia otro lado cuando se es testigo de cómo nos roban a todos y anulan nuestros derechos”.