Publicado: 29.05.2015 10:08 |Actualizado: 29.05.2015 18:19

Detenido el delegado del Gobierno en Valencia por su implicación en otra trama corrupta

Está siendo investigado por presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación. Hay otros ocho detenidos y se están efectuando registros. El Gobierno le cesa en sus funciones

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El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.

VALENCIA.-  La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación entre 2008 y 2010, con cuyo presidente coincidió en cacerías.

Los agentes han desplegado una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que también han sido detenidas otras ocho personas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) es el encargado de dirigir esta operación, en la que se están practicando diferentes registros, entre ellos, en la vivienda de Castellano y en la Conselleria de Gobernación y Justicia. La causa ha sido declarada secreta, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).



Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Regalos de cacerías a cambio de contratos

La investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado a Europa Press las mismas fuentes. En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

 

En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones --se apunta en la denuncia-- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.

A la luz, en 2013

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz, puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.

Fachada de la vivienda en Benisanó (Valencia) del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano. /EFE

Fachada de la vivienda en Benisanó (Valencia) del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano. /EFE

Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.

Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.

También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".

El PPCV le suspenderá de militancia

A raíz de la detención, el PPCV va a suspender cautelarmente de militancia a Castellano. Según fuentes consultadas por Europa Press, igual que en casos anteriores en los que se ha producido "alarma social", se procederá a abrirle un expediente de suspensión cautelar que deberá ser ratificado en la próxima reunión del Comité de Derechos y Garantías de la formación 'popular'.

El caso más reciente en el que ha ocurrido una situación de "alarma social" fue el de la suspensión cautelar de militancia del expresidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, por las grabaciones del 'caso Imelsa'.

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Cesado por el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cese de Castellano como delegado del Gobierno. La 'número dos' del Ejecutivo ha anunciado que se toma esta decisión "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial". El sustituto deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado.

Sáenz de Santamaría ha señalado que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la ley del alto cargo, una de las normas del paquete de regeneración democrática presentado por el Gobierno. Ha defendido la medida como "oportuna" y otras exigencias de la nueva ley, aunque no puede sustituir a la investigación que realizan la justicia o la policía y que ha supuesto la detención de Castellanos. "Hemos decidido el cese inmediato cuando hemos conocido la información", ha insistido.