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Día de la Constitución 6-D: 39 años de una Constitución machista e incumplida

La Carta Magna es víctima de habituales “desacatos” por parte de las instancias gubernamentales, según denuncian distintos juristas, políticos y académicos. Además, conserva el lenguaje patriarcal marcado por sus creadores en 1978.

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Ejemplares de la Constitución española de 1978. REUTERS

Imagine que usted y su pareja se disponen a celebrar su aniversario de noviazgo, matrimonio o como prefiera denominarlo. 39 años de relación, para ser más exactos. Imagine ahora que a sus hijos o hijas les da por preguntar cuántos de los objetivos marcados allá cuando se conocieron han sido fielmente cumplidos.

Quizás entonces, justo y precisamente entonces, se le vayan las ganas de festejar, pero no se ponga triste: al menos le servirá para ver claramente la necesidad de sentarse, hacer autocrítica y pensar cómo hacer justicia con lo prometido. Si usted fuese el presidente del gobierno y su pareja la Constitución, seguramente vería este 6 de diciembre con otros ojos. Y con otra cara.

Piense ahora en una casa. Una grande, con ventanas, puerta, llaves… y candados. Resulta que usted anda con ganas de reformarla. Cambiar el cuarto por la sala, hacer más grande el baño, tirar abajo aquel tabique… Pero resulta que hay cosas básicas que deberían funcionar y no lo hacen. Dicho de otra forma, ¿vendería usted el coche para comprar la gasolina? Porque sin combustible no hay motor que se encienda. Y sin respetar la Constitución no hay Texto o Carta (así, en solemnes mayúsculas) que valga, por mucho que se reforme. O se prometa reformarla.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Iñaki Anasagasti, ex diputado y senador del PNV; Arantza Campos, Red Feminista Derecho Constitucional; Altamira Gonzalo Valgañón, Asociación de Mujeres Juristas Themis; Antton Karrera, ex parlamentario de Izquierda Unida; Lara Contreras, responsable de Incidencia y Contenidos de OXFAM; Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco; Roberto Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la UPV y ex secretario general de Podemos Euskadi, y Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Este 6 de diciembre, festivo en España e inicio de un maravilloso puente en las escuelas, hay quienes no ven tanto motivo para celebrar. Aunque Mariano Rajoy opine lo contrario, quienes se niegan a tirar cohetes no tienen intención de reventar el país. Tampoco sueñan con instaurar los soviets desde Andalucía hasta Navarra. Simplemente creen que la Carta Magna no es ni tan carta ni tan magna (así, en minúsculas) cuando hay muchos artículos que son solamente eso. Artículos. Letras frías. Palabras en boca de los que no tienen palabra.

Restricciones

“En realidad, la Constitución permite más cosas y menos cosas. La responsabilidad es de los gobiernos y de sus acciones políticas”, afirma Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Acostumbrado a lidiar con documentos que describen (en base a datos estadísticos) las graves consecuencias de la crisis en este país, este experto advierte que en los últimos años “ha habido una interpretación un tanto restrictiva sobre las posibilidades que ofrece” el texto constitucional.

A las puertas de un nuevo 6 de Diciembre, Susías también reflexiona sobre lo que significó en el momento de su alumbramiento y lo que representa ahora, 39 años más tarde. “Cuando nació fue un avance –apunta-, pero con el tiempo se ha visto que aquellos derechos que no son fundamentales o claramente exigibles por parte de la ciudadanía pueden quedar acorralados. Incluso hemos visto que cuando no hay suficiente voluntad política, se pueden producir verdaderas regresiones”.

Esos mismos asuntos preocupan en la sede de Oxfam Intermón, donde su responsable de Incidencia y Contenidos, Lara Contreras, recuerda los intensos días vividos durante la última campaña electoral. “Junto a Amnistía Internacional y Greenpeace hicimos una propuesta dirigida a blindar los derechos sociales”, señala. En concreto, estas tres organizaciones buscaban la reforma del artículo 53 “para evitar –explica- que sigan existiendo derechos de primera y de segunda: a día de hoy, todos aquellos que tienen que ver con la vivienda, el medio ambiente o la salud no se pueden reclamar ante la justicia, mientras que los de carácter políticos sí son judiciables”.

Entre otras cosas, estas ONGs reclamaban y reclaman que el derecho a la salud incluya a toda la población, independientemente de que tenga o no la suerte de poseer una tarjeta de residente. También piden que se fijen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda o que se establezca una renta mínima para quienes no tienen ningún ingreso. Contreras señala que en algunos casos alcanzaba –y alcanza- con hacer “pequeñas modificaciones”, mientras que en otros –por ejemplo, en lo relativo a la renta mínima- deberían consagrarse como nuevos derechos.

La responsable de Oxfam no olvida que todos los partidos estatales –menos el PP- se hicieron eco, de una manera u otra, de algunas de sus propuestas. Ahora sólo falta que se lleven a la práctica. “Si se abre el debate sobre la reforma constitucional, confiamos que la mayoría de las formaciones políticas mantengan los compromisos adquiridos. No puede haber cambios en sin la mejora de estos derechos”, subrayó.

Un artículo infame

En ese contexto, Usías también pide detener la vista en otro artículo constitucional que permite explicar muchas cosas. Es el 135. El famoso e infame 135, aprobado para fijar la estabilidad presupuestaria tal como reclamaba la Unión Europea (UE). “Es realmente una pena que la primera vez que aparezca Europa en la Constitución sea para establecer criterios de déficit”, lamenta Susías.

En este punto coincide con el profesor titular de Derecho Constitucional Roberto Uriarte, quien además fue secretario general de Podemos Euskadi. “Cuando la UE nos obligó a cambiar el artículo 135, modificó el orden de preferencias de la Constitución: se trata de la mayor limitación que se le ha impuesto a la soberanía, colocando por delante de todo el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda externa. Esos aspectos se ubican por encima de los objetivos de igualdad, de lucha contra el desempleo o garantía de derechos”, advirtió.

Este artículo de la Carta Magna también rechina en otras oficinas de la universidad vasca. “Se trata de un asunto gravísimo. ¿Quién va a dar lecciones de democracia si el 135 se reformó en 15 días durante el mes de agosto de 2011?”, se pregunta el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (UPV) Iñaki Lasagabaster, quien advierte sobre la “situación de retroceso en los derechos sociales realmente impresionante” que se vive en el Estado. El artículo 135, dice, es un buen ejemplo de ello. “No olvidemos que allí se establecen unos principios en virtud de los cuales aunque pueda haber superávit, hay que dedicarlo al pago de las deudas y no a la satisfacción de las necesidades de las personas”, remarcó.

“Lo cambiaron de la noche a la mañana, algo que no debería ser posible en una democracia real”, apunta por su parte el ex parlamentario vasco Antton Karrera (IU), quien resume su postura en una frase: “Esta Constitución necesita un cambio importante sobre cómo entiende la igualdad, porque está favoreciendo a los poderosos y marginando a las personas necesitadas”.

Socios a la fuerza

Tampoco hay motivos de celebración en materia territorial, otro de los puntos débiles de la actual Carta Magna. “Allí se debería explicar que las nacionalidades son naciones, y también facilitar la posibilidad de realizar consultas, así como fijar que el Fiscal General del Estado no sea nombrado por el gobierno”, sintetiza el veterano político del PNV Iñaki Anasagasti, quien durante años representó a los nacionalistas en el Congreso y el Senado. Quizás precisamente por eso, advierte que “el nacionalismo español está pie de guerra”, lo que a su criterio dificulta una posible reforma del Estado.

Ya sea con políticos retirados o con catedráticos en activo, a la hora de hablar de Constitución y territorialidad aparece inevitablemente la cuestión catalana. O española, depende cómo se mire y quién lo mire. “Estamos ante una situación política terriblemente compleja. ¿Cómo se puede hablar de reformas constitucionales cuando hay un gobierno (catalán) en la cárcel y un parlamento (también catalán) procesado?”, pregunta por su parte Iñaki Lasagabaster. “Hay problemas y hay que intervenir”, añade Roberto Uriarte. “El estado de las autonomías –continúa- tenía algunas cosas buenas en sus primeros años, pero aquellos aspectos positivos se han convertido en todo lo contrario”.

El rey no se toca

Otro asunto inmóvil de la Carta Magna es el relacionado con la Monarquía. “Eso es intocable”, lamenta Karrera, quien considera que la Constitución debería contemplar una consulta sobre el futuro y destino de esa institución. Este político republicano y de izquierdas defiende que “sea la sociedad quien decida si quiere o no a la monarquía”. “Es una reivindicación puramente democrática”, remarcó.

Anasagasti, reconocido nacionalista vasco, también tiene ideas sobre este tema, aunque chocan con la dura realidad actual de la Constitución. Plantea, en primer lugar, un “referéndum de aceptación”, algo impensable a día de hoy. Si la opción republicana perdiese, cree que igualmente se debería “consagrar la igualdad de sexos en relación con el supremacismo del varón” a la hora de acceder al trono, además de aplicarle un tijeretazo a su acaudalado presupuesto público. “No se puede permitir una cuenta propia de ocho millones de euros por libre designación”, señaló.

Hay más críticas sobre lo que esta Constitución otorga al Rey. Anasagasti apunta hacia su tradicional inmunidad. Uriarte, por su parte, critica su escasa habilidad a la hora de jugar un “papel de estado por encima de la lucha partidista” en el asunto catalán. En esa línea, el ex diputado del PNV propone que también se aclare si los discursos de Felipe VI “los escribe el gobierno”.

Magna y patriarcal

Una Constitución antisocial, regresiva, negadora de consultar a la sociedad sobre si quiere o no tener reyes…. Y profundamente machista. Así lo destaca, por ejemplo, la profesora de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco Arantza Campos, quien además forma parte de la Red Feminista de Derecho Constitucional. No en vano, recuerda que el movimiento feminista supo decir “no” a la Carta Magna en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Entonces lo hizo por dos cuestiones: en el texto “no se reconocía el derecho al divorcio ni al aborto”, recordó. A su juicio, hoy sigue siendo un texto “machista y patriarcal que no recoge ni defiende los derechos de las mujeres”.

En las últimas horas, la Red Feminista de Derecho Constitucional hizo público un documento que pone en evidencia las carencias en esta materia. En tal sentido, este colectivo reivindica “la desaparición de todas las estructuras e instituciones patriarcales presentes en el actual texto constitucional y la consecuente reformulación intensa del pacto constitucional en clave de género”.

Precisamente, Altamira González Valgañón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, pone el acento en ese aspecto inocultable de la Carta Magna: su lenguaje “perfectamente masculino”. “Los ciudadanos, los españoles… cualquier artículo que se lea tiene esa introducción”, comentó a Público. “Las mujeres seguimos siendo invisibles –indicó-, por lo que debe realizarse una revisión del lenguaje para que sea inclusivo y no sexista. Para ello no hacen falta mayorías cualificadas”.

Mientras tanto, la Red Feminista de Derecho Constitucional apunta también hacia la forma que debe adquirir el Estado “consecuentemente con la perspectiva feminista”. A su juicio, esa forma “no puede ser la monarquía parlamentaria, de fundamentación claramente patriarcal (no sólo en la sucesión a la Corona), sino que la forma política, incorporando todos los avances democráticos, debe ser la República”. Sobre este punto, Arantza Campos se mostró tajante: “Un estado que aspire a respetar a las mujeres no puede ser monárquico, aunque herede la Corona una mujer”.

Los vacíos de la Constitución también preocupan a otra conocida jurista y militante feminista, María Eugenia Rodríguez Palop. “Ya de entrada, en el paritorio hubo una ausencia total de mujeres: los padres de la Constitución son solamente eso, padres”, destaca esta profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene otro ejemplo más cercano: en el Tribunal Constitucional ha habido históricamente una mayoría predominante de hombres.

A la hora de buscar explicaciones, Rodríguez Palop recuerda un detalle importante: “La propia orientación de la Constitución, eminentemente neoliberal, no favorece a las mujeres. “No debemos olvidar que el texto constitucional es una forma de apuntalar un sistema productivo capitalista y un sistema político neoliberal”, advierte. Para ella, hoy tampoco hay nada que celebrar.