Es el relato del infierno. “Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas”, describió Beatriz Etxebarria tras ser detenida por la Guardia Civil en 2011. Su caso le valió al Estado español una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar debidamente su denuncia de torturas. El juez que ordenó su detención tampoco hizo caso a sus palabras. Su nombre: Fernando Grande-Marlaska.

El ahora ministro de Interior acumula 223 casos de detenidos en operaciones contra ETA que pasaron por su despacho y denunciaron torturas. El caso de Etxebarria es uno de los más impactantes. “Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo”, puede leerse en el testimonio que llegó al TEDH. Esta misma semana, la Audiencia Nacional volvió a condenar a Etxebarria a 15 años de prisión por un ataque en 2006 contra una oficina del INEM en Bilbao que fue reivindicado por ETA y en el que resultó herido un agente de la Ertzaintza. El juicio, en el que también resultaron condenados Iñigo Zapirain y Saioa Sánchez, tuvo que repetirse por orden del Tribunal Supremo, ya que no se habían investigado las denuncias de torturas. Ahora la Audiencia vuelve a descartar que hayan existido malos tratos.

Mientras en Madrid confirmaban esta condena, en Bilbao volvían a recordar los horrores denunciados por Etxebarria. Coincidiendo con el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, varias personas que denunciaron vejámenes en comisaría se pusieron detrás de Amaia Izko, una de las abogadas que ha llevado sus casos. “El dolor que todas ellas padecen también necesita un reconocimiento que nos permita convivir en paz en este país”, afirmó la letrada en una comparecencia convocada por Sortu.

Había otra coincidencia en el calendario. “Hace pocas semanas, las personas que tengo detrás, y también otras muchas, volvieron a sentir miedo, terror y pánico al enterarse del nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior”, explicó Izko. ¿El motivo? “Siendo juez instructor en la Audiencia Nacional, cientos de personas que pasaron por su despacho tras haber permanecido incomunicadas en manos de diferentes cuerpos policiales denunciaron haber sido torturadas”.

Se trata del capítulo más negro del nuevo ministro, quien ahora tiene en sus manos los posibles pasos que el gobierno estaría dispuesto a dar para acercar a los presos de ETA tras el final definitivo de la violencia. Sin embargo, Izko hoy quiso recordar otras decisiones que también cayeron en sus manos. Según denunció, el entonces magistrado y ahora responsable de Interior “no estableció ninguna medida que evitara que fueran torturadas o que las protegiera del maltrato”. “Pese a que en muchos casos las personas detenidas pasaran frente a él notablemente destrozadas, pese a que decenas de ellas denunciaran ante él haber sido torturadas, Marlaska siempre miraba a otro lado o actuaba, según relatan estas personas, con absoluto desprecio”, describió la abogada.

Hay cifras que describen este asunto. “De entre todos los jueces de instrucción, Marlaska es uno de los que más denuncias de tortura acumula durante las detenciones de las que era responsable: un total de 223 vascos y vascas denunciaron todo tipo de torturas y malos tratos en el transcurso de esas detenciones”, según señaló la abogada. En tal sentido, aseguró que el protocolo de Estambul –utilizado para verificar este tipo de casos- “ha certificado la veracidad de las mismas”.

Más números. Desde 2004, el TEDH ha condenado nueve veces al Reino de España por no haber investigado eficazmente las denuncias de torturas. De todas ellas, seis tuvieron como juez instructor a Marlaska, quien debía actuar como “garante máximo de los derechos y de la integridad física de esas personas detenidas”. Por todo ello, Izko consideró que “el nombramiento de este juez es una ofensa tan grande para las personas que han padecido torturas, que agudiza su dolor”.

"Reparación moral"

En esa línea, la abogada ha solicitado al ministro que “reconozca el daño causado”, ya que “su actuación posibilitó la tortura, cuando ETA ejercía acciones armadas y también posteriormente”. “Las personas torturadas necesitan esa reparación moral”, subrayó la abogada, quien destacó que “en muchos casos las inculpaciones y autoinculpaciones obtenidas bajo tortura han sido la única prueba para condenar a personas”.

También hubo un guiño a la nueva situación que se vive en Euskadi tras el final de la violencia. “En este escenario recién abierto, tanto Marlaska como el Gobierno de Sánchez tienen una oportunidad única para aplicar la justicia transicional”, dijo Izko. En ese sentido, Sortu ha recordado este martes que la izquierda abertzale está “dispuesta a colaborar junto al resto de agentes para la construcción de una sociedad justa basada en la justicia, la convivencia y la paz”. El mensaje iba dirigido al principal despacho del Ministerio de Interior.