SEVILLA.- El Parlamento andaluz va a iniciar la tramitación de la futura Ley de Agricultura, un ambicioso proyecto que abrirá la puerta a la enajenación de tierras públicas, bien a través de la venta directa o el arrendamiento o bien mediante la cesión de su uso. El Gobierno de Susana Díaz es uno de los mayores latifundistas de la comunidad autónoma, posee más de 10.000 hectáreas de tierras públicas, aunque el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderado por el ahora diputado de Podemos en el Congreso, Diego Cañamero, llegó a contabilizar unas 20.000 hectáreas hace un lustro (aunque sólo la mitad sería cultivable).

La mayor parte de este terreno, según IU, Podemos o el SAT de Cañamero y Juan Manuel Sanchez Gordillo, está sin cultivar, de ahí que estas formaciones reclamen a la Junta que ponga dichas tierras en manos de cooperativas, pequeños agricultores en paro o familias sin recursos.

Esta propuesta formaba parte del anterior proyecto de Ley de Agricultura, elaborado por IU cuando formaba parte del Gobierno andaluz, pero que el PSOE ha eliminado de un plumazo en el nuevo borrador. La coalición de izquierdas llegó a incluir en la norma la expropiación de tierras privadas infrautilizadas por grandes terratenientes andaluces (siempre con la Casa de Alba en mente) para luego ser gestionadas por parte de la Junta a través de un banco público de tierras.

La ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria ha fulminado esa parte del articulado: ni habrá banco público de tierras ni, en su defecto, un observatorio que controle las fincas sin cultivar que hay en Andalucía (pese a percibir ayudas europeas) e imponga sanciones. El Gobierno de Susana Díaz optará por desprenderse de esos terrenos a través de un concurso público para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad de la adjudicación, dando que prioridad en el acceso a compra a jóvenes y mujeres, con objeto de revitalizar el campo andaluz, además de desempleados agrarios, ayuntamientos y ONG con proyectos de economía social.

La escasa productividad de las tierras públicas es la excusa que cada año utilizan Sánchez Gordillo y Cañamero para ocupar las fincas que son propiedad de la Junta y exigir a Díaz que las ponga “al servicio del pueblo” (ambos tienen causas judiciales abiertas por esas ocupaciones). Dos de las fincas públicas afectadas por la futura ley serían El Humoso (1.200 hectáreas), cedida en usufructo desde hace décadas a una fundación de parados del SAT y jornaleros de Marinaleda, y la finca de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), ocupada habitualmente en verano por Cañamero y un grupo de sindicalistas (la última vez el pasado junio).

Somonte, que a día de hoy sigue estando ocupada, es una de las parcelas propiedad de la Junta que ya intentó sacar a subasta pública en 2012, pero la venta se vio frustrada por la ocupación de Cañamero y otros miembros del SAT. La Consejería de Agricultura niega categóricamente que las 10.000 hectáreas de campo que posee sean “terreno baldío”. La mitad, aseguran, están siendo trabajadas por cooperativas o ayuntamientos y las otras 4.800 hectáreas son gestionadas directamente por la Agencia pública de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). En estos terrenos, según datos de la Junta, se crean 5.000 jornales al año, un 0,1% del total de la superficie agraria útil de Andalucía. El SAT, en cambio, denuncia que en Andalucía el 50% de la tierra cultivable está en manos del 2% de propietarios privados, y pide que los terrenos de la Junta no se los queden los especuladores y grandes empresas.

El banco público de tierras que ideó IU en el anterior mandato, y con el que el PSOE se comprometió hasta la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz, pretendía mitigar el paro en el sector rural a través de la gestión directa del suelo por parte del Gobierno, pero aún era más ambiciosa: el objetivo final era cambiar el modelo productivo andaluz impulsando una agricultura sostenible, ecológica, enfocada hacia el consumo local, que generase sus propias semillas para ser autosuficiente y evitar el uso de transgénicos.

IU pretendía que el Gobierno andaluz asumiera la transformación de las cosechas e implique a los agricultores y ganaderos en las decisiones. La Junta no sólo ha enterrado ese proyecto, también agilizará la venta de las tierras que aún posee, porque su cometido, dice, no es ejercer de agricultor ni ganadero, sino gestionar. La futura ley andaluza de agricultura busca controlar un sector capital para la economía de Andalucía, que representa el 8% de su PIB (9.200 millones de valor añadido), el 10% del empleo de la comunidad (250.000 trabajadores) y más de la tercera parte de exportaciones. A la cabeza del sector estaría la industria agroalimentaria, con más de 5.500 empresas que acaparan el 27,3% del empleo y el 29,8% de valor añadido del sector industrial manufacturero en Andalucía, según datos de 2015.

Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos. La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más importante de España en términos de valor añadido. Lidera el ranking nacional en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, más de 8.872 millones de euros anuales, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.Introduzca el texto aquí

Prohibido tirar alimentos

La norma pretende regular toda la cadena agroalimenticia, desde la producción hasta la distribución, introduciendo importantes novedades. Uno de los puntos más llamativos del articulado se trata de una medida pionera en España (Francia fue la primera en implantarla): la ley prohibirá a las grandes superficies comerciales arrojar los excedentes de alimentos a la basura y deberán donarlos a ONGs o destinarlos al compostaje o reutilización.

La Junta calcula que los supermercados desperdician alrededor de 180 kilos de alimentos por habitante al año, de los cuales sólo un tercio se derivan a organizaciones sin ánimo de lucro. Esta parte de la norma también toca de cerca al histórico alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que en 2014 fue juzgado por participar, siendo diputado autonómico, en el asalto a un supermercado del que extrajeron ilegalmente carros de comida para denunciar el desperdicio de alimentos.

El anteproyecto de ley también fija como infracción muy grave los abusos de posición dominante de las grandes cadenas de distribución mediante la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar el mayorista. Esta práctica, la llamada “venta a pérdida”, sólo se sancionaba hasta ahora en el ámbito del comercio pero no en el origen, y tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.

También se aumentarán los controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador. Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.