SEVILLA.- Así es el caótico tablero político de España desde que sucumbió el bipartidismo: gobiernos del mismo color que defienden una cosa en el sur y otra distinta en el norte; partidos que hacen la oposición a leyes en Asturias que sin embargo impulsan en Andalucía.

El decreto ley que restituirá la jornada laboral de 35 horas semanales a los 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero salió adelante este jueves en el Parlamento sin ningún voto en contra: PSOE, Podemos e IU lo apoyaron, y PP y Ciudadanos se abstuvieron a regañadientes.

El Gobierno de Susana Díaz ha impulsado una norma que desafía al Ejecutivo de Mariano Rajoy, a sabiendas de que éste ya recurrió la misma medida en Castilla La Mancha y en País Vasco, logrando que el Tribunal Constitucional la paralizase. A pesar de que esa sentencia crea jurisprudencia para toda España, Díaz ha enviado el decreto al Parlamento andaluz para su convalidación, y en paralelo, registró una proposición no de ley para obligar a todos los grupos a retratarse a favor o en contra de la restitución de la jornada de 35 horas semanales. Los poderosos sindicatos de funcionarios, por supuesto, estaban invitados a seguir el debate desde la tribuna de la Cámara autonómica, vigilando muy de cerca qué botón apretarían sus señorías.

La jugada de la presidenta tuvo éxito, porque consiguió que PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU aprobasen o no impidieran que saliese adelante el decreto, y además ha logró por unanimidad que todos los grupos se posicionasen a favor de reponer las 35 horas que el Gobierno central había eliminado. Susana Díaz ha obtenido así una imagen de “frente común en Andalucía” para frenar las políticas de austeridad de Rajoy, aunque las fuerzas de izquierdas hayan tenido que sumarse a regañadientes, incómodas por el “tacticismo” de una presidenta que “lo mismo facilita el Gobierno del PP que simula plantarle cara”.

Hace siete meses tuvo lugar el mismo debate en Asturias, pero con papeles cambiados: Podemos registró la iniciativa pidiendo restituir la jornada de 35 horas y el único partido que votó en contra fue el PSOE

Horas antes, durante la sesión de control, Díaz y la líder de Podemos habían tenido un fuerte encontronazo dialéctico en el que ambas se acusaron mutuamente de ser aliados del PP. Teresa Rodríguez se lo espetó a la presidenta andaluza por haber impulsado la abstención de su grupo a la investidura de Rajoy, y Díaz le devolvió el golpe a la formación morada por haber coincidido en el voto con los populares al intentar tumbar los presupuestos andaluces.

Así las cosas, el PP-A se quedó solo en el Parlamento defendiendo a Rajoy, y acusó a Susana Díaz de usar la Cámara legislativa para endurecer la confrontación con el Estado a costa de generar mucha frustración en miles de funcionarios andaluces que verán caer esta norma en los tribunales. “Usted sabe perfectamente que Rajoy está obligado por ley a interponer el recurso contra esta medida, porque el Constitucional ya se ha pronunciado en contra de ella. Esto no puede ser una comunidad de vecinos, hay leyes. Nosotros estamos a favor de reponer las 35 horas, pero abran una negociación, no confronten con el Gobierno”, advirtió el portavoz del grupo popular en el debate, Pablo Venzal. Un informe jurídico del Parlamento advertía, además, de que la jornada laboral actual de 37,5 horas es normativa básica del Estado, y que la Junta no tiene competencias para modificarla.

Susana Díaz vs. Javier Fernández

La paradoja de lo ocurrido el jueves en el Parlamento andaluz es que hace siete meses tuvo lugar el mismo debate en Asturias, pero con papeles cambiados: allí el partido que registró la iniciativa pidiendo restituir la jornada de 35 horas fue Podemos, y no el PSOE; y el único partido que votó en contra fue el PSOE, y no el PP (que aquí se ha abstenido). La propuesta salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas, excepto los socialistas, que gobiernan el Principado de Asturias bajo la presidencia de Javier Fernández, hoy presidente de la gestora del PSOE.

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó en marzo una proposición no de ley de Podemos que instaba al Gobierno regional socialista a restituir la jornada laboral de 35 horas semanales este mismo año. El PSOE, que aquí se arroga la autoría de la misma iniciativa, la rechazó allí acusando a Podemos de “querer colgarse medallas ante los funcionarios” y de lanzar “un brindis al sol” porque “es evidente que Rajoy la recurrirá”, idéntico argumento que ha usado el PP andaluz contra Susana Díaz.

Los socialistas asturianos argumentaban que era imposible cumplir la medida porque no había una partida presupuestaria para ello en 2016, y porque la actual jornada de 37,5 horas viene regulada por una norma estatal, igual que aquí dicen los populares. Si uno cerraba los ojos, podía fácilmente creer que estaba escuchando al PP el jueves en el Parlamento andaluz.

La proposición no de ley de Podemos en Asturias contenía una exposición de motivos muy dura hacia el Gobierno central del PP, del que llega a decir que aprobó la jornada de 37,5 horas con una fórmula “antidemocrática” y con “el más absoluto desprecio por el derecho a la negociación colectiva”. El grupo parlamentario del PP en Asturias se presentó como “el mayor defensor de los funcionarios”, y consideró la redacción de la iniciativa de Podemos “una trampa” para que el PP se desmarcara, quedando mal con los empleados públicos. Pero a pesar de los duros términos del escrito, los populares lo apoyaron.

Desde que anunció la restitución de la jornada de 35 horas a los empleados públicos andaluces, Susana Díaz no ha dejado de retar a Rajoy para que no recurra la medida ante el Constitucional, y también al PP-A, para que defienda “una norma que beneficia a los funcionarios andaluces”. Tan insistente ha sido, que incluso los diputados de PP, Podemos e IU (y alguno también ha bromeado en las filas del PSOE) han asegurado que el verdadero objetivo de la presidenta es que el Gobierno central tumbe el decreto, para así facilitar su discurso del “agravio con el que Mariano Rajoy somete a Andalucía”.

Los populares también reprochan a Díaz que haya forzado la aprobación de esta norma en el Parlamento sin querer negociarla con ellos, con el único objetivo de ponerles contra la espada y la pared: o la apoyan, y se enfrentan a un Gobierno de su mismo color político, o la rechazan, y entonces se enemistan con el poderoso sindicato de funcionarios (CSIF), que en el pasado estuvo alineado con el PP en las protestas contra la Junta por los primeros recortes de la crisis, y que gracias a vespertina ola de indignación en el sector público andaluz logró ponerse por delante de los sindicatos de clase, UGT y CCOO.

Al final los populares andaluces también entraron en contradicciones: desde la tribuna lanzaron un duro ataque a Díaz, llegando a decir que estaba a punto de aprobar una medida “inconstitucional” como desafío al Gobierno de Rajoy, un discurso que parecía presagiar su voto en contra, pero al final se abstuvieron. Los sindicatos de funcionarios vigilaban desde el fondo de la Cámara, y hay quien dice que la reticencia del PP a que Susana Díaz restituya las 35 horas a los funcionarios se debe a que Rajoy ya estaba dispuesto a hacerlo, derogando el Real Decreto que elevó la jornada a 37,5 horas. En cuyo caso, las prisas y este debate tienen más que ver con quién se cuelga antes la medalla.