MADRID.- El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión esta mañana del viernes "a petición propia" tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed, informan fuentes del Ejecutivo.

Ramos Armas, número 3 de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es señalado en una investigación abierta en la Audiencia Nacional como el alto cargo que autorizó pagos irregulares a empresas constructoras por parte de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Fuentes próximas a Ramos de Armas han indicado además que ha tomado esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente.

Federico Ramos Armas fue secretario de Estado de Medio Ambiente por Miguel Arias Cañete, cuando era ministro de Agricultura en el año 2011. Continuó en el puesto con la actual ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, hasta que fue nombrado número 3 de Sáenz de Santamaría en el año 2015.

Se da la paradoja que Ramos Armas es abogado del Estado y ejerció esta función en la Audiencia Nacional que ahora le apunta en la investigación abierta por supuesta organización criminal y delitos de corrupción.

Fue abogado del Estado ante la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional, Ramos Armas se encargó defender al Estado en los juzgados centrales contencioso-administrativos en materia de mercados regulados e infraestructuras, así como asuntos penales.

Federico Ramos Armas nació en Madrid en 1973 y se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas en 1997. Aprobó la oposición de Abogado del Estado en el año 2001 y ejerció esta función también en la agencia estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Varios exempleados de la empresa pública Acuamed afirmaron ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros a la constructora FCC y a Abengoa que luego se consignó en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y de 2016.

La “compensación indebida pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio” de 40 millones de euros no llegó a ejecutarse “al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía", sostiene el juez Eloy Velasco en su auto por el que envió a prisión, el pasado miércoles, a cuatro directivos de Acuamed.

La denuncia fue presentada por un extrabajador de Acuamed, Francisco Valiente, ante la Fiscalía Anticorrupción.

El juez central de instrucción 6 investiga al menos seis obras de Acuamed, donde se produjeron contratos irregulares por importe de 50 millones de euros. A cambio de ellos, los directivos de la empresa pública conseguían colocar a familiares, regalos y hasta tratamientos para el pelo y viajes a Turquía.

El PSOE pide explicaciones a la vicepresidenta

El PSOE ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la supuesta implicación de Ramos en el caso Acuamed.

Antes de conocer su dimisión, el Grupo Parlamentario Socialista registraba esta mañana una solicitud de comparecencia en el Congreso del propio subsecretario de la Presidencia "para dar cuenta de su implicación en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed".

Además, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ha reclamado un informe sobre las actuaciones realizadas en el Ministerio de la Presidencia para esclarecer la implicación del subsecretario de ese Ministerio en el caso del supuesto fraude en la empresa pública Acuamed, y para determinar las responsabilidades de todo orden derivadas de la misma.

El miércoles, el juez Eloy Velasco dictó el ingreso en prisión de cinco de los detenidos por el fraude en los contratos de Acuamed, entre ellos el exdirector general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, y la libertad bajo fianza de otros ocho.

Ramos de Armas ha sido abogado del Estado en el Ministerio de Agricultura y abogado del Estado-jefe en la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Fue además director de Medio Ambiente y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid.