Una de las grandes certezas de las elecciones municipales de Barcelona del domingo es que se han convertido, por encima de todo, en un duelo entre Barcelona en Comú y ERC o, lo que es lo mismo, entre la alcaldesa, Ada Colau, y Ernest Maragall. Todas las encuestas publicadas en los últimos días coinciden en dibujar un escenario de casi empate técnico entre las dos opciones, si bien sitúan al alcaldable de los republicanos ligeramente por delante. Si no hay una sorpresa monumental, la primera fuerza -que casi con toda seguridad será quien se hará con la alcaldía- se decidirá por pocos miles de votos.

Asimismo, parece claro que el PSC será tercera fuerza, a la espera de comprobar hasta qué punto se beneficia del efecto Sánchez, mientras que el espacio postconvergente -ahora bajo la marca de Junts per Catalunya- sumará una nueva bajada en las urnas y pugnará, probablemente, por el cuarto puesto con el ex primer ministro francés Manuel Valls, que concurre aliado con Ciudadanos.

La CUP y el PP completan las formaciones con opciones reales de superar el umbral mínimo del 5% de los votos para lograr representación en el plenario municipal. El escenario dibujado por los sondeos ha provocado un in crescendo en los ataques entre las dos principales candidaturas que, al mismo tiempo, nadie descarta que puedan gobernar conjuntamente, si se tiene en cuenta que podrían sumar la mayoría de 21 concejales y los respectivos programas electorales no presentan distancias insalvables.

Símbolo, probablemente internacional, de los llamados gobiernos del cambio que asaltaron las instituciones municipales hace cuatro años, Colau ha sufrido un desgaste importante en un mandato marcado por el gobierno en minoría -sólo paliado y, parcialmente, durante el año y medio de acuerdo con el PSC- y por las dificultades de llevar a cabo muchos de los cambios prometidos. No, en Barcelona no ha habido revolución, pero sí cambios notables en muchos ámbitos, si bien a veces más a nivel de agenda política y de relato que a la hora de materializarlos.

La vivienda, la regulación del turismo, la movilidad y la contaminación, la transparencia, el feminismo, la memoria histórica o la economía social y solidaria son algunas de las cuestiones que han marcado el gobierno de Barcelona en Comú, con independencia de que haya alcanzado metas más o menos concretas, y en las que se hace difícil imaginar un retorno a un escenario previo 2015 gobierne quien gobierne.

El Eixample, distrito clave

Barcelona en Comú ganó las elecciones de 2015 con poco más de 175.000 votos (el 25,2% del total) y se impuso en siete de los diez distritos de la ciudad -en el Eixample, Les Corts y Sarrià - Sant Gervasi ganó CiU-. Las opciones de victoria de Colau pasan por repetir un triunfo rotundo en los distritos más populares -los de menor renta- de la ciudad, como Ciutat Vella (35,4% de los votos hace cuatro años), Nou Barris (33,9%) , Sant Andreu (29,3%) o Sant Martí (29,4%) y ser el máximo de competitiva en el Eixample, el más poblado, y donde recibió el 21,3% de los votos.

En el caso de ERC, la referencia no son los comicios de 2015 -fue cuarta fuerza, con el 11% de los apoyos-, sino las elecciones generales del reciente 28 de abril, cuando fue la opción más votada en la ciudad (23,1%). Ese día se impuso en cinco distritos -Gràcia, el Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi y, sobre todo, fue una opción competitiva en toda la ciudad -en Nou Barris, su peor distrito, superó el 15% de los sufragios-.

Con estos datos de fondo, se entiende el diseño de la campaña de las dos formaciones. Barcelona en Comú ha celebrado dos de los grandes actos de campaña en fin de semana en Nou Barris y el Carmel -distrito de Horta-Guinardó-, con la presencia conjunta de Colau y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En ambos casos, con unos discursos marcadamente de izquierdas y haciendo bandera de la voluntad de "hacer frente" a los poderes y los lobbies, sean el oligopolio eléctrico, Agbar o Airbnb, una actitud que consideran que Maragall, por su trayectoria, no mantendría. Y con una idea clara: "puede ir de muy pocos votos".

El inicio de campaña, sin embargo, fue en el barrio de Sant Antoni, en el disputadísimo Eixample, el mismo escenario donde ERC celebró su acto central, el pasado domingo. No es casualidad. Según publicó el diario Ara, Comuns y ERC se disputan entre 10.000 y 15.000 votos en el distrito que pueden resultar decisivos para definir quién se impone en las urnas. No es extraño tampoco que el PSC haya elegido Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí para hacer los principales actos de campaña, tres distritos donde se impuso el 28-A y donde, hasta la irrupción de Bcomú, siempre había ganado en las municipales.

La vivienda y la seguridad, copan parte de la campaña

Según el último Barómetro municipal, la seguridad y el acceso a la vivienda son los principales problemas de la ciudad. Y los dos, en buena parte, han acaparado los debates y las propuestas de campaña. En vivienda, que protagonizó un debate específico, se vive la tradicional subasta a la hora de prometer los pisos que hará cada candidato si es alcalde, en medio de reproches dirigidos a Colau y su equipo por no "resolver" el problema. Epicentro de la actuación de su gobierno y foco de atención evidente en alguien que fue la primera portavoz de la PAH, la vivienda simboliza como pocas otras cuestiones los cambios hechos por Barcelona en Comú y, al mismo tiempo, los límites con los que ha topado el consistorio.

El gobierno ha quedado lejos de los 8.000 pisos prometidos durante la campaña de 2015 -4.000 de nueva construcción y 4.000 movilizados a través de otras vías, como la compra-, para situarse en unos 5.000 si se contabilizan los que están ya en marcha, si bien no se terminarán hasta el próximo mandato. Asimismo, el precio del alquiler se ha disparado -ha aumentado casi un 40% entre 2013 y 2018, según datos de la Generalitat- y el aterrizaje de nuevos actores -como grandes fondos buitres globales- ha aumentado las dificultades de los vecinos para acceder a una vivienda a un coste razonable.

Ahora bien, sería falso decir que el ayuntamiento no ha actuado en este ámbito, donde ha creado la unidad contra la exclusión residencial que no ha servido para erradicar los desahucios -ahora fundamentalmente acotados al alquiler-, pero sí ha servido para detener miles de ellos; ha disparado la inversión municipal en vivienda; y, sobre todo, ha aprobado una normativa que obliga a los promotores a destinar el 30% de las nuevas construcciones a pisos asequibles, una medida que, según los cálculos municipales, permitirá conseguir unos 330 pisos asequibles cada año. Además, la apuesta por la vivienda protegida de alquiler ha dejar de ser la excepción -fundamentalmente de Comuns y la CUP- para convertirse en la norma, y se han impulsado varias promociones de vivienda cooperativa en cesión de uso, que suman cientos de pisos.

Finalmente, el debate sobre la necesidad de regular el precio del alquiler se ha generalizado. Hasta ahora el Ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo, pero una de las demandas constantes de los Comuns -y condición de Podemos en las negociaciones con el PSOE de los fallidos presupuestos generales del Estado para este año- era reformar la Ley de Arrendamientos de urbanos para hacerlo posible. Y apenas este martes, la Generalitat aprobó un decreto que, precisamente, permitiría a Barcelona establecer topes a las rentas en las zonas más tensionadas.

En cuanto a la seguridad, ha sido desde el minuto cero uno de los elementos que la oposición de derechas y el PSC -cuando no ha estado en el gobierno- más han utilizado para desgastar al gobierno. Los datos de los Mossos constatan un incremento de los delitos en la ciudad, si bien las competencias en seguridad ciudadana no se limitan a la Guardia Urbana, sino que también son, precisamente, de la policía catalana, que depende de la Generalitat. El Raval, con los narcopisos -un asunto también directamente conectado a la especulación inmobiliaria - como ejemplo más mediático, se ha convertido en el foco de las críticas sobre la seguridad en la ciudad y en esta campaña todas las formaciones, excepto la CUP, apuestan por incrementar el número de agentes policiales. Manuel Valls, por ejemplo, promete 1.500 más en cuatro años -para llegar a los 4.500-, la misma cifra que promete Josep Bou (PP). Jaume Collboni (PSC) quiere a 1.000 miembros más para la Guardia Urbana, mientras que Colau habla de 400 -y 600 más de los Mossos en la ciudad, una cifra similar a la que propone Elsa Artadi (JxCat).

Valls y Bou son los candidatos que tienen un discurso más duro contra la venta ambulante no autorizada, los manteros, hasta el punto de que el primero promete acabar con el fenómeno en sólo 90 días, una propuesta que según todos los expertos es imposible materializar y que sólo implica criminalizar más a un colectivo formado por personas especialmente vulnerables. Ninguno de los dos, sin embargo, quiso asistir al debate convocado por los manteros para abordar la cuestión, donde el socialista Collboni fue el encargado de defender el discurso más duro contra la actividad. Con más o menos éxito, durante el actual mandato se han puesto en marcha algunos mecanismos, como una cooperativa, para ayudar a las personas que se dedican a ello a dejar la actividad y, sobre todo, a regularizar su situación administrativa.

Límites al turismo

A pesar de las furibundas críticas del sector, sobre todo al inicio del mandato, una de las consecuencias -probablemente permanentes- del gobierno de Colau es el nuevo consenso en torno a la necesidad de regular el turismo. Barcelona sigue batiendo récords de visitantes año tras año, pero buena parte de la ciudadanía ya es consciente de los impactos negativos que genera la actividad -encarecimiento de los alquileres, densificación de determinadas zonas de la ciudad, cierre del comercio tradicional, gentrificación, una mayor contaminación y consumo de recursos ...-.

El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), aprobado en 2016 para regular la implantación de nuevos hoteles en la ciudad e impedir la abertura en las zonas con más presión turística, como Ciutat Vella; el cierre de unos 5.000 pisos turísticos ilegales o las multas a plataformas como Airbnb son algunas de las medidas significativas que ha tomado el gobierno en este ámbito. En cambio, como miembro del Puerto de Barcelona, ha validado la construcción de dos nuevas terminales de cruceros.

Pese al experimento de las supermanzanas - tramos libres de la circulación de vehículos a motor- la movilidad y la contaminación atmosférica se mantienen como uno de los grandes problemas de la ciudad, y entidades como la Plataforma per la Qualitat de l'Aire demandan medidas más valientes como un peaje urbano para acceder a la ciudad, una especie de tasa de contaminación, con el fin de reducir el volumen de vehículos que circulan.

En el ámbito económico, aunque se han estabilizado, Barcelona sigue mostrando unas enormes desigualdades entre barrios, hasta el punto de que la renta media del más rico (Pedralbes) multiplica por más de seis la del más pobre (Ciutat Meridiana). La ciudad también ha hecho cambios en la contratación municipal para introducir criterios sociales y priorizar la valoración técnica en detrimento de la económica y garantizar, en principio, unas condiciones laborales dignas en las empresas contratistas, pero a la hora de la verdad aún ha habido grandes contratos que han ido a parar a grandes empresas de servicios, como el servicio de atención domiciliaria, que recayó parcialmente en una filial de ACS, el gigante empresarial que preside Florentino Pérez. Sí se ha impulsado de manera muy significativa la economía social y solidaria, con la creación de un comisionado específico y dedicándole muchos más recursos económicos.

Municipalización eléctrica y apuesta por la memoria

A pesar de ser una de las banderas de la campaña de 2015, las municipalizaciones de servicios se han quedado a medio camino. No se pudo aprobar la creación de una funeraria municipal -que sólo recibió el apoyo de la CUP, pero el rechazo de ERC, PSC y el resto de la oposición-, pero sí ha salido adelante Barcelona Energía, la eléctrica pública más grande del Estado y que ha permitido "desconectar" al Ayuntamiento del "oligopolio eléctrico", en este caso concreto de Endesa. La falta de apoyos ha sido habitual durante un mandato en el que, por ejemplo, sólo se pudo aprobar con mayoría el presupuesto municipal de 2016.

La municipalización del agua tampoco se ha materializado, si bien en este ámbito la concejalía encabezada por Eloi Badia ha hecho una tarea ingente para mostrar las irregularidades en la creación de la empresa mixta metropolitana Aguas de Barcelona -que tiene participación pública, de la AMB, pero está controlada por Agbar-. La clave en este ámbito será la decisión que tome el Tribunal Supremo en torno a esta sociedad mixta. Si confirma la anulación dictaminada por el TSJC se abrirá la puerta a la creación de una empresa pública que gestione el agua en la capital catalana, un compromiso firme de BComú y la CUP, pero no del resto de fuerzas, ni tan siquiera ERC.

Las políticas sociales, con la creación de un servicio de dentista municipal como símbolo y una mayor inversión, son otra de las banderas de un consistorio que también ha destacado por poner las políticas feministas en el centro -ha aumentado los recursos destinados al atención de mujeres víctimas de violencia machista-, por las políticas en materia LGTBI -se ha abierto el primer centro público LGTBI del Estado- o por la apuesta por la memoria histórica, que se ha traducido en cambio de nombres de calles, homenajear A varias víctimas de la dictadura o intentar acabar en los tribunales con la impunidad franquista.

Como es obvio el Procés también ha impactado en el Ayuntamiento de Barcelona, convertido en epicentro de alguna de las críticas más furibundas del independentismo más inflamado -que actualmente se articula, parcialmente, en torno a la candidatura que lidera el filósofo Jordi Graupera, Barcelona es Capital-, y lugar en el que se vivieron alguna de las cargas policiales más duras durante el 1 de octubre. Aunque no comulgara con la vía unilateral que dominó hasta el otoño de 2017, el gobierno de Colau ha sido en todo momento crítico con la represión al independentismo y en denunciar el encarcelamiento de dirigentes políticos, uno de los cuales -Joaquim Forn- encabeza la lista de JxCat al 26-M. En este sentido, Maragall, Artadi y, en menor medida, la CUP sitúan la recuperación de «el espíritu del 1 de octubre» como uno de sus objetivos del mandato.

Más allá de la batalla nacional, el Ayuntamiento no ha podido superar otros límites competenciales ni deshacerse del corsé de normativas estatales como la LRSAL -popularmente conocida como Ley Montoro- que en la práctica han acotado enormemente su capacidad inversora. Todo ello en cuatro años intensos en los que es indudable que Barcelona y, sobre todo, el Ayuntamiento han cambiado, pero menos de lo que algunos anunciaban en 2015.