El caso de los espías de la Comunidad de Madrid está dejando un reguero de testimonios que apuntan a la utilización de la Dirección General de Seguridad creada por Esperanza Aguirre cuando era presidenta autonómica y de la que se sirvieron sus expresidentes Francisco Granados, en prisión por la Operación Púnica, e Ignacio González, investigado por la compra de su ático de Estepona (Málaga).

Este viernes tendrán que aportar la información que conozcan el actual comisario general de Información, Enrique Barón Castaño; el ex director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco; el ex subdirector de Seguridad y del Canal de Isabel II, el policía Miguel Castaño; y un ex asesor de Seguridad del gobierno de Aguirre, el inspector Marcos Peña, a quien quisieron involucrar presuntamente en el espionaje al ex consejero Alfredo Prada junto a los dos guardias civiles, José Oreja y Antonio Coronado, y el técnico de seguridad José Manuel Pinto, según declararon estos tres testigos el pasado 3 de marzo en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid.

Trabajos de confianza

Las comparecencias más polémicas, todos tienen la obligación de presentarse a la convocatoria de los parlamentarios madrileños, son las de Enrique Barón y Francisco Marco.

El actual comisario general de Información, nombrado por el número 2 de la Policía y persona de confianza del Partido Popular, fue director de seguridad de la Comunidad de Madrid nombrado por Esperanza Aguirre y trabajó directamente para Ignacio González. Según explican Oreja, Coronado y Pinto en un informe que presentaron ante la comisión de investigación fue Barón quien ofreció “los servicios operativos” de los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño a los miembros del gobierno del PP.

Las comparecencias más polémicas, todos tienen la obligación de presentarse a la convocatoria de los parlamentarios madrileños, son las de Enrique Barón y Francisco Marco

En concreto Oreja y Coronado explican que “oyeron en distintas ocasiones al viceconsejero Alejandro Halfter, al director del Gabinete del consejero, Ignacio Palacios y al propio consejero, Francisco Granados, que Enrique Barón Castaño había ofrecido los servicios operativos de los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM”.

Precisamente estos dos comisarios son quienes se reunieron en noviembre de 2011 con Ignacio González en la cafetería La Mallorquina, y que fue grabada por el comisario Villarejo, en la que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid le solicitaba a la Policía sobre la investigación sobre la compra de su ático a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal.

El comisario Villarejo, al menos una de las empresas que posee con sede en Torre Picasso, también aparece en el sumario de la Operación Púnica que instruye la Audiencia Nacional. La Guardia Civil investiga en ese procedimiento posibles trabajos que pudieron hacer determinados altos mandos de la policía para Francisco Granados.

Empleo de detectives

También pasará por la Asamblea Madrileña Francisco Marco, que fue director de la agencia de detectives Método 3 hasta que la Policía la desmanteló en 2012. Según diferentes fuentes policiales y también explica él en su libro, Ignacio González quiso contratarle a través de un empresario imputado en Gürtel para hacer determinados trabajos de investigación sobre rivales políticos.

También pasará por la Asamblea Madrileña Francisco Marco, que fue director de la agencia de detectives Método 3

Estos serían, según el informe entregado por Oreja, Coronado y Pinto: el entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad, Alfredo Prada: el número 2 del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo; el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Por ahora, lo demostrado es que desde el Canal de Isabel II se pagaron tres facturas a la empresa de Marco cuando era jefe de Seguridad Miguel Castaño e Ignacio González su presidente. Según Francisco Marco fue “por un asunto de unos trabajadores del canal”. Esta misma explicación es la que dan en el Partido Popular, sin embargo tanto Ciudadanos como Podemos y el PSOE de la Asamblea sospechan que fue para seguir a rivales políticos.

También está acreditado en el sumario de la Operación Púnica que David Marjaliza, el empresario imputado y amigo de Francisco Granados, contrató a Método 3. Algunas fuentes indican que fue para seguir a Ignacio González a Colombia, junto con su sustituto al frente del Canal de Isabel II, y que allí la grabaron unas imágenes en las que portaban unas misteriosas bolsas de basura.

Sin embargo, una nota recientemente difundida por el comisario Villarejo apuntaría a que ese espionaje lo pagó OHL a otra agencia de detectives, también por orden de Granados.