Publicado: 24.11.2014 00:00 |Actualizado: 24.11.2014 00:00

"El que nos entregó a Franco llegó a ocupar un cargo en el Gobierno de Felipe González"

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La militancia antifranquista les unió, en los años 60, y un Consejo de Guerra sin garantías que concluyó con dos penas de muerte y condenas de cárcel selló definitivamente sus destinos. Los siete supervivientes del juicio sumarísimo celebrado en Burgos el 20 de octubre de 1962 se reúnen cada año desde hace 30 para rememorar los hechos que cambiaron sus vidas.

El último encuentro tuvo lugar este sábado en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, residencia de uno de ellos, y sirvió de homenaje a Paquita Román, la única mujer detenida y juzgada en el mismo expediente, que falleció el pasado agosto. Congregados con sus familias, compartieron recuerdos y entregaron a las hijas y nietas de Paquita poemas y otros escritos en recuerdo a la luchadora antifranquista.

En este viaje reparador a través de la memoria, el episodio de la explosión en el Valle de los Caídos en el verano de 1962 cobra especial importancia para este grupo de hombres. A principios de los años 60, todos eran unos jóvenes de izquierdas con actividad sindical y de propaganda contra el régimen franquista. Algunos concretaron su militancia política en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Sus acciones se limitaban a reuniones y a la edición de panfletos que copiaban por las noches y después repartían por Madrid. Papeles que denunciaban los abusos de la dictadura. Pero la explosión de un artefacto en la basílica del Valle de los Caídos en agosto de 1962 provocó la búsqueda de posibles sospechosos y les colocó en el punto de mira de la policía, que seguía sus pasos desde hacía meses.

Aquella bomba casera apenas ocasionó daños en el recinto de Cuelgamuros, pero empañaba la imagen de un régimen que pretendía dar apariencia de bienestar en el extranjero.  Se trataba, para Franco, de "actos de terrorismo que tenían como objetivo frenar el creciente desarrollo de nuestra economía y debilitar el prestigio de nuestra país en el exterior", según el comunicado del Ministerio de Gobernación publicado en ABC.

Los verdaderos autores de la explosión, Antonio Martín Bellido -fallecido el pasado agosto- y Paul Denais, huyeron a Francia y, sin más pruebas que la sospecha, Lucio de la Nava, Alejandro Mateo, Elio Salas, José Martin Rodríguez, Ricardo Metola, Eugenio Cordero, Rafael Asenjo, Paquita Román Aguilera, Francisco Sánchez Ruano, Julio Moreno  y  Antonio Astigarraga  fueron detenidos las semanas siguientes a la explosión y convertidos en cabeza de turco.

Hoy, los siete supervivientes, De la Nava, Salas, Mateo, Martín, Metola, Cordero y Asenjo, tienen edades comprendidas entre los 74 y los 80 años. Los episodios de detención,  palizas en la Dirección General de Seguridad [DGS], Consejo de Guerra y posterior cárcel los padecieron a sus veintitantos. "Hoy justo se cumplen 52 años del día que nos trasladaron de la cárcel de Carabanchel a la de Burgos", advierte Lucio de la Nava a Público.  "Sí, recuerdo que cayó una nevada e íbamos en mangas de camisa, ¡qué frío!", apostilla José Martín.

En Burgos cumplieron los primeros 40 días de aislamiento en celdas individuales. "Nos castigaron con unos días de más porque nos negamos a ir a misa en Carabanchel", puntualiza Martín. "Salimos de aislamiento dos o tres días antes de Nochebuena; recuerdo que teníamos sabañones en las manos del frío que hizo aquel noviembre", añade.  "Las celdas tendrían unos tres metros cuadrados; yo me pasaba el día tratando de correr como podía", explica De la Nava.

El Consejo de Guerra dictó para ellos penas de entre 8 y 30 años y dos sentencias de muerte conmutadas por años de reclusión. Les acusaron de asociación ilícita, bandidaje y terrorismo. Ninguno de estos extremos pudo probarse.

Al poco, las condenas se vieron rebajadas gracias a las tres amnistías generales concedidas tras la muerte del papa Juan XXIII, por los llamados ‘XXV años de paz' y por el año Jacobeo.

Palizas en la Dirección General de Seguridad

La cárcel fue la última parada de un itinerario que comenzó con las detenciones y con el paso por los calabozos del edificio del reloj de la Puerta del Sol, la antigua Dirección General de Seguridad. "Allí te metían el tiempo que la policía quisiera. Yo estuve encerrado siete días sin que nadie me dirigiera la palabra. Cuando me sacaron a declarar y vi el ventanal con la luz que entraba pensé que estaba en el paraíso, me quedé como tonto y desperté con un guantazo que me tiró al suelo. Ahí me di cuenta de dónde estaba y de lo que estaba pasando", relata Alejandro Mateo.  

"Yo estuve unos seis días. Por el día te tenían sin decir nada, y cuando llegaba la noche te subían y empezaban las presiones y los palos", aclara Martín. "Y a las mujeres les hacían unas perrerías..., era brutal. Les descubrían los pechos y les daban con una regla", cuenta Elio Salas sobre el calvario de su compañera de expediente y amiga Paquita, que fue recluida en las cárceles de Ventas y de Alcalá de Henares. "Ella siempre estuvo muy dolida con aquello. El trato en la DGS hacia las mujeres era aún más vejatorio", apostilla De la Nava.

Por aquellos calabazos desfilaron cientos de presos políticos. Alejandro Mateo coincidió con uno que le avanzó "ellos ya saben todo lo que tú les puedas decir". Después, Mateo supo que se trataba del escritor Luis Martín Santos, autor de Tiempo de Silencio.

"Lo mejor fue cuando a Alejandro le hicieron las fotografías; cuando acabaron, él preguntó a los policías ‘¿cuándo tengo que venir a recogerlas?', ¡y le soltaron una ‘hostia'!", relata De la Nava entre risas. "Eso era para que vieran que, a pesar de las palizas, no les teníamos miedo", explica Mateo, el mismo que mantuvo ocupada a la policía toda una noche picando en un descampado de Madrid buscando la propaganda que, según él, había enterrado en lugar de repartirla por la ciudad. "Era mentira, claro, allí no apareció nada", concluye.

El juez instructor que les deseó la ejecución

Finalizado el rosario de palizas en la DGS, el grupo fue llevado ante el juez instructor.  "Pensábamos que al fin íbamos a contarle lo que nos habían hecho, pero nos dijo que a ver si podía conseguir que nos fusilaran a todos", recuerda Salas. "Yo le dije que me habían pegado y él cogió un flexo que tenía en la mesa y me dio en la cabeza diciendo que tenían que haberme matado", lamenta De la Nava.

Todo el dolor ocasionado por aquellos episodios de represión lo soportaron bajo la premisa de saber que estaban pagando por unos hechos que no habían cometido. "No tuvimos nada que ver con aquello, nunca planeamos volar el Valle de los Caídos pero aunque lo hubiéramos hecho yo no lo habría lamentado", reconoce De la Nava. Con Antonio Martín Bellido, el verdadero autor del artefacto que estalló en la tumba de Cuelgamuros, mantuvieron una estrecha relación. Incluso uno de ellos, Francisco Sánchez, ya fallecido, acudió con él y con Denais al Tribunal Supremo para revisar y eliminar su condena, pero su petición fue rechazada en 2006.

"Hace poco nos reunimos con él [con Antonio Martín] en la sede de la CNT, en Tirso de Molina", puntualiza De la Nava sobre un encuentro en el que también estaba la persona que los delató y que, con el tiempo, acabó en puestos de relevancia del gobierno socialista. "El que nos entregó llegó a ocupar un cargo en el gobierno de Felipe González, que le protegió", revela Salas. "Fue un espía de los servicios de información de Carrero Blanco y luego pasó a serlo de Felipe González y a las órdenes de Corcuera", remacha De la Nava.

Además de Sánchez Ruano, el resto del grupo también ha tratado de eliminar las condenas que tanto daño les causaron en su etapa laboral. "Paquita encontró trabajo en Michelín porque hablaba muy bien francés y era un requisito que pedían. Llevaba uno  o dos días trabajando y la llamaron de la dirección para decirle que, por causas ajenas a la empresa, tenían que despedirla", relata Mateo. "A mí me despidieron de Teléfonica y de la petroquímica de Tarragona", deplora Lucio.

Hasta la fecha, lo único que han logrado es una carta del que fuera ministro socialista de Justicia Francisco Caamaño afirmando que "lamentan" lo ocurrido y que se trató de un juicio "ilegal e ilegítimo".  

"No tenemos ningún rencor, pero es difícil olvidar el daño. Sólo quiero que se haga justicia y que pasen por un tribunal todos los que intervinieron en aquello", resume De la Nava a la vez que avanza que tanto él como sus compañeros seguirán "luchando por las libertades" y porque se conozca "toda la verdad".