Público
Público

ENTREVISTA CON EL SÍNDIC DE GREUGES Rafael Ribó: "Tarde o temprano, si continúa la actual deriva, Europa intervendrá" 

El Síndic de Greuges de Catalunya (defensor del pueblo) explica que lo que ha pasado en Catalunya este miércoles confirma que en el Estado español "nos encontramos en una pendiente que está llevando a las furezas de orden público a actuar sin ningún tipo de control transparente y democrático". Europa no se puede permitir, dice, "que haya una soxciedad de la UE en la que se persiga penalmente la pretensión de celebrar debates democráticos y llegar a una solución mediante el voto"

Publicidad
Media: 3.86
Votos: 14
Comentarios:

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

Apenas unas horas después de que agentes de la Guardia Civil irrumpieran en varias consejerías y detuvieran más de una docena de cargos de la Generalitat, Público entrevista el Síndic de Greuges, Rafael Ribó (Barcelona, ​​1945). Que ve en esta última actuación una escalada -un "pendiente", de hecho, con la carga semántica que implica- en posibles "transgresiones" de derechos fundamentales por parte del Estado. Unas transgresiones, de hecho, que el propio Ribó ya ha denunciado repetidamente.

El pasado sábado, hace sólo cinco días, usted hablaba de posibles "graves vulneraciones de derechos y libertades" en actuaciones del Estado en Catalunya en relación al 1-O. Qué piensa ahora, después de los hechos de este miércoles?

Nosotros en abril presentamos un informe, sobre "el retroceso en derechos y libertades en el Reino de España", no sólo en Catalunya. Y la semana pasada nos dirigimos al Consejo de Europa, en la UE y a los Òmbdusman europeos sobre la transgresión de derechos también por todo el Estado, no sólo en Catalunya, con atentados contra la libertad de reunión, de expresión o de información tales como la suspensión del acto de Madrid [a favor del referéndum] de la semana pasada por parte de un juez.

Pero me han sorprendido los actos de este miércoles. Han supuesto una subida de varios escalones que nadie esperaba. Y que a nuestro entender representa una posible ampliación de esta transgresión de derechos. Con un añadido: Durante la mañana de este miércoles se ha puesto en evidencia cómo el Gobierno de España transgrede su propia normativa constitucional -junto con la internacional-. Lo hace tanto en los registros y detenciones en dependencias de la Generalitat como en el bloqueo de las cuentas del Gobierno.

'El Gobierno de España transgrede su propia normativa constitucional'

Desde esta institución podemos señalar como un error pensar que por la vía penal se pueden solucionar problemas políticos, democráticos y de derechos. Por ello reiteramos nuestra apelación al diálogo democrático.

Usted también ha señalado que las intervenciones de este miércoles las ha ordenado el Juzgado de Instrucción que investiga unas declaraciones muy anteriores del ex juez Santiago Vidal. ¿Qué cree que podría haber de irregular, en este punto?

Hasta hace horas, teníamos la actuación desmesurada, desproporcionada y posiblemente ilegal del fiscal general del Estado cuando cita como investigados -y posibles imputados- a la gran mayoría de los alcaldes de Catalunya. El ordenamiento español, en cambio, dice que si hay una causa judicial abierta no se puede llevar a cabo una actuación del fiscal sobre la misma materia. El estatuto del fiscal también ordena proporcionalidad, y en cambio se ha aplicado un único delito a cerca de 800 personas -con el cargo que representan- acusándolas de algo que no llega ni a tentativa de delito y que ni tan sólo ha sido declarado ilegal. Nos parece desproporcionado. Pero hoy hemos visto como de una causa concreta, la del señor Vidal, se toman medidas de control de un autogobierno. Esto, en el marco constitucional, está fuera de toda consideración. Es sorprendente que se pretenda justificar con esta causa judicial abierta los registros y las detenciones de personas que no han cometido ningún delito ni han opuesto la más mínima resistencia a las intervenciones. Se ha tirado por la pendiente de ignorar los códigos internacionales y, en este caso, la normativa constitucional española.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

La Constitución española tiene un artículo preciso, el 153, sobre el control de las comunidades autónomas, y da los mecanismos. Y, si este control ordinario no funciona, hay un artículo específico, el 155. Este artículo apela a una definición de la situación -que no se ha dado-, a un requerimiento a la comunidad que no ha obedecido -que tampoco se ha hecho-, con un debate en el Senado y con la definición de la legalidad que se quiere establecer. Todo esto se ha ignorado por completo.

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya

De hecho, hay quien apunta que el Gobierno no ha aplicado el artículo 155 justamente para no tener que dar esos pasos, y así poder disfrutar de más discrecionalidad

El artículo 155 no ha sido nunca definido, sólo tiene su literalidad. Y ha sido citado en leyes posteriores en un solo momento, en cuestiones de estabilidad presupuestaria. Es precisamente el argumento que ha utilizado el gobierno de Mariano Rajoy para bloquear todas las cuentas de la Generalitat de Catalunya, y por tanto, pagos de nóminas, de transferencias sociales y de servicios básicos-.

'Suena a chiste decir que el referendum puede poner en peligro la estabilidad presupuestaria del Estado español'

Pero se han saltado todos los procedimientos. No hay razones de estabilidad presupuestaria. Suena a chiste decir que el referéndum puede poner en peligro la estabilidad presupuestaria del Estado español. Es una manipulación absoluta. Material, pero también procedimental. Porque el procedimiento establece que, incluso en caso de que existiera ese peligro para la estabilidad de las cuentas, habría que acudir al Senado. Y no se ha hecho. Es el propio Gobierno el que está transgrediendo no sólo los principios europeos en materia de derechos y libertades, sino la propia Constitución Española.

También hay quien habla, directamente, de un estado de excepción encubierto. ¿Qué piensa?

No lo hemos analizado desde esta perspectiva. Estamos analizando una serie de hechos que nos han sorprendido por su dimensión. No sé qué pasará en las próximas horas o días, pero es evidente que estamos en una pendiente que está llevando a las fuerzas de orden público a llevar a cabo actuaciones que no tienen ningún tipo de control transparente y democrático. Prohibición de imprimir, prohibición de expresarse ... al final, quizá sí que acabaremos en un estado más excepcional.

¿Cuando habla de "pendiente", es porque sospecha que la situación vaya a peor?

No es que sospeche, es que los hechos son los mismos. De las once recomendaciones que hace el Consejo de Europa en materia de independencia judicial, seis son absolutamente ignoradas por España, y las otras cinco sólo están parcialmente recogidas. Se deriva por esta pendiente. Y lo vuelvo a decir, no sólo con respecto a Catalunya. El primer caso de prohibición del derecho de reunión fue en Madrid. Y recordamos los recortes al derecho a la libertad de expresión en el caso de los titiriteros o de los chistes sobre Carrero Blanco en las redes sociales.

Usted también ha afirmado varias veces que en España hay una "erosión de la separación de poderes"

En la sesión de la Comisión de Venecia que trató sobre la reforma de la ley del Tribunal Constitucional (TC), todos nos llevamos la sorpresa de que España era tratada en la misma discusión en la que se hablaba sobre Turquía, Kazajstán o Hungría. O sea, sistemas de dudosa calidad democrática en el contexto europeo. Y también se dijo que armar al Constitucional de instrumentos como la facultad de multar sin juicio ni análisis de causa, o de suspender cargos electos, no es habitual en Europa. Es raro, y erosiona la separación de poderes, en tanto que transforma el Tribunal Constitucional (TC) en juez y parte y erosiona su capacidad para decidir de interpretar la Constitución y decidir de forma objetiva sobre las materias. Por lo tanto, no lo dice el Síndic, lo dicen las instancias europeas. Y, desgraciadamente, el TC está estudiando ahora aplicar uno de estos mecanismos.

Sobre los últimos hechos en Catalunya, de este miércoles y de esta semana, ¿ha hablado con sus colegas europeos?

He enviado el primer informe el fin de semana pasado, y estamos preparando otros. Esta mañana hemos tenido conversaciones con algunos de mis colegas, y con la institución del comisario europeo de Derechos Humanos. Y su primera respuesta -que ya esperaba que se produjera-  es de enorme atención e interés de ser informados sobre todas estas cuestiones, que las están estudiando.

¿Le han hecho llegar alguna valoración?

Es muy pronto para que me hayan podido hacer llegar alguna.

Además de ver sombras en las actuaciones del Estado para impedir el 1-O, también ha visto en la forma en que se aprobó en el Parlament las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, por el hecho de no permitir a los partidos que pidieran un informe al Consejo de Garantías Estatutarias

En el análisis que hacemos de cómo se están degradando las condiciones democráticas -y que nos lleva a apelar continuamente al diálogo y a una solución política y democrática transparente-, también señalábamos que en la aprobación de estas leyes había una posible vulneración de derechos. Y así lo señaló el Síndic de Greuges.

A primera vista, sin embargo, no parece que las dos vulneraciones de derechos sean del mismo calibre

No somos quien nosotros para decir qué calibre tiene cada cosa. Pero es evidente que quien tiene la fuerza coactiva en un estado democrático es la autoridad del Estado. Por lo tanto, si quien tiene la fuerza coactiva la ejerce irregularmente, es mucho peor. Y citaré un caso gravísimo que sigue impune, como es el caso de [Jorge] Fernández Díaz. El departamento de Interior, el responsable del monopolio de la fuerza del gobierno del señor Rajoy, la utilizó para hacer informes falsos contra políticos en ejercicio, ya fuera el presidente de la Generalitat o el alcalde de Barcelona -dos cargos importantes-. Informes de los que nadie se ha atribuido la responsabilidad. Maniobras para combatir desde las cloacas a sus adversarios políticos. Es evidente que esto son defectos mucho más graves que cualquier actuación individual de un representante público o de una cámara autonómica.

Todos los casos son irregulares y se han de denunciar, como ha hecho el Síndic. Pero, evidentemente, lo que es inexplicable es lo que ha sucedido a nivel de Estado. Y aún es peor que, a estas alturas, ni Rajoy ni Fernández Díaz hayan asumido la más mínima responsabilidad, ni política ni penal por lo que son, en mi opinión, flagrantes agresiones al Estado de derecho y la democracia.

En este rato ha hablado varias veces sobre la necesidad de diálogo. El sábado pasado recordaba que el Consejo de Europa pide que las reivindicaciones de autodeterminación se resuelvan con un "diálogo pacífico y democrático" entre las partes. ¿Qué hacer, sin embargo, si una parte no quiere dialogar?

No es el Síndic quien debe decidir si hay una parte que quiere dialogar o no. Yo lo que puedo decir, por experiencia, como presidente de todos los defensores de Europa, que en dos ocasiones hemos estado con una delegación en Polonia, para intentar hacer dialogar al gobierno con instituciones que estaban en peligro de erosión democrática. Y puedo decir, con cierto orgullo, que conseguimos una cierta aproximación entre las partes. Yo quisiera un esfuerzo similar en nuestro país. Un diálogo siempre lo llevan a cabo diversas partes, y quien tiene más responsabilidad es quien debería tomar la iniciativa. Y hasta ahora no se ve.

Ve posible este diálogo?

No me toca a mí hacer un previsión al respecto. Esto sería una opinión muy política. No partidaria, pero sí de debate político-parlamentario, en el que yo no puedo entrar. A mí me toca analizar derechos y el funcionamiento de las instituciones en relación a estos derechos. Y, si hay defectos, ver como solucionarlos.

¿Sí que cree, sin embargo, que, como apuntaba hace un momento, una actuación europea podría favorecer este diálogo?

Tarde o temprano, si continúa la actual deriva y la pendiente que decíamos, Europa intervendrá. Porque se ha visto en otras situaciones. Europa no se puede permitir que haya una sociedad de la UE -o del Consejo de Europa, sobre todo- donde se persiga penalmente la pretensión de poder celebrar debates democráticos -por más confrontados que sean- y llegar a una solución mediante voto.

¿Qué tipo de actuaciones cree que podría emprender Europa?

Cuando Orbán en Hungría y Kaczyński en Polonia -o los que mandan en nombre de Kaczyński- han tomado determinadas derivas, la Comisión Europea ha comenzado por una advertencia, el artículo 7 de los tratados europeos [que permite suspender el derecho de voto a los estados miembros que violen gravemente derechos fundamentales].

'Nuestra democracia es muy pobre y tiene aspectos muy defectuosos todavía'

Y el Consejo de Europa ya tiene informes bastante importantes que recomiendan reorientar las derivas en estos países. Creo que es una lástima, por decirlo suavemente, o es un defecto importante, que España esté en el vagón de cola a la hora de cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa. Nuestra democracia es muy pobre, y tiene aspectos muy defectuosos todavía. Como dirigente de una institución en defensa de los derechos, para la que tengo el honor de haber sido elegido por el Parlamento, lucharé tanto como pueda para recuperar autoridad y prestigio en defensa de los derechos, y subir escalones en una clasificación en la que estamos tan abajo .