El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha defendido este miércoles ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo que la doctrina Parot aplicada a la terrorista de ETA Inés del Río no viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no ha supuesto alargar su pena y ha preguntado al tribunal si '¿es igual un asesinato que 132?' a la hora de calcular y aplicar los beneficios penitenciarios para un asesinato que para múltiples. Se refería a los 24 asesinatos consumados por la terrorista y a los 108 en grado de tentativa.

El abogado del Estado Isaac Salama ha defendido ante los 17 jueces que integran la Gran Sala del tribunal europeo de Estrasburgo que el derecho español desde 1970 deja de forma 'bien clara' que la redención de penas por trabajo es 'exclusivamente' para permitir el 'adelantamiento' de su puesta en libertad y ha dejado claro que en el caso de Inés del Rio su condena 'no se ha prolongado ni un sólo día la pena impuesta a la demandante' ni tampoco 'el límite' de cumplimiento de la pena, de un máximo de 30 años. Salama ha dejado claro que si España hubiera aplicado de forma retroactiva la doctrina Parot a la miembro de ETA habría tenido que cumplir el 'máximo de 40 años' de pena que fija el actual Cógido Penal y no sobre los 30 que debe cumplir y ha reclamado al tribunal que revoque la sentencia de la Tercera Sección del tribunal que el 10 de julio condenó a España por vulnerar los artículo 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El representante del Gobierno ha advertido también que el fin de la doctrina Parot supondría la puesta en libertad de terroristas y violadores, 'que saldrían sin cumplir sus penas y sin rehabilitar': 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno condenado por 74 violaciones).

El TEDH concluyó poco antes de las doce de la mañana la audiencia única sobre la 'doctrina Parot', después de escuchar durante dos horas los argumentos de las partes. Los 17 magistrados de la Gran Sala del Tribunal reexaminaron la sentencia dictada en 2012 contra España por la forma de aplicación de beneficios penitenciarios en relación con la miembro de ETA Inés del Río Prada y que el Gobierno español pidió revisar. Tras la reunión de este miércoles, en audiencia única, darán a conocer su decisión, de carácter vinculante, en el plazo de varios meses.

Tras la vista, los abogados de la presa de ETA Inés del Río, expresaron su optimismo sobre la decisión de los magistrados. Didier Rouget, uno de los abogados de la miembro de ETA que presentó la demanda en 2009, se mostró confiado ante el fallo que en unos meses emitirá la Gran Sala de la Corte Europea, después de que la sentencia de Sala fallara el pasado mes de julio a su favor. Su compañera en la defensa Amaia Izko, aseguró que estaba en juego la aplicación de los derechos humanos y 'la calidad del estado español, que retuerce las leyes para conseguir objetivos políticos castigando a las presas y presos vascos'. El diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, Oskar Mature, señaló que el Gobierno interpreta la política y la justicia 'como una extensión de la política bélica y de ahí la arbitrariedad de la doctrina Parot'.

También las asociaciones de víctimas del terrorismo se mostraron confiadas sobre la resolución del tribunal de Estrasburgo. 'Salgo más esperanzada que cuando he llegado', ha dicho la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, tras concluir la vista en la que los magistrados del Tribunal de Estrasburgo escucharon los argumentos de las partes. La presidenta de la AVT calificó de 'brillante' la intervención del abogado del estado Isaac Salama, que realizó la exposición principal como representante del Gobierno, y situó en el polo opuesto a los abogados británicos contratados para la defensa de la demandante.

Pedraza acudió acompañada a la vista de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y del presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Los tres representantes de las víctimas entregaron en el Tribunal de Estrasburgo las 10.000 firmas recogidas en España a favor de la aplicación de la 'doctrina Parot'.