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"Este país parece Senegal, con perdón de los senegaleses"

Un magistrado de Barcelona estalla en un juicio por la precariedad de medios, al fallar una videoconferencia

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El presidente de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona, Joan Francesc Uría Martínez, ha estallado este martes cuando, en pleno juicio por un crimen en Barcelona, ha fallado el sistema de videoconferencia, ante lo que ha exclamado: 'lo que no puede ser es lo que pasa en este país, que parece Senegal'.

En la sección 22 de la Audiencia se ha iniciado este martes el juicio contra un hombre para quien la fiscalía pide casi 17 años de cárcel y la acusación particular 23 por matar de un tiro a la cabeza al dependiente de un pequeño supermercado de Barcelona en marzo de 2011.

La sesión estaba transcurriendo con normalidad, hasta que la secretaria judicial ha empezado a preparar la pantalla en la que un testigo tenía que declarar a través de videoconferencia.

Al haber problemas técnicos para establecer la conexión, el presidente del tribunal ha acordado que fueran compareciendo los demás testigos. Sin embargo, cuando ha llegado un técnico para intentar reparar el entuerto y al mismo tiempo la secretaria judicial ha dado entrada en la sala a un mosso d'esquadra que comparecía como testigo, el magistrado ha pedido al agente que se retirase, porque de la pantalla empezaban a salir sonidos de un operador de instrucciones.

'No puede ser que en un juicio en el que se piden más de 20 años de cárcel estemos en estas condiciones', ha lamentado el magistrado, mientras que su compañero de tribunal, el juez Juli Solaz, se ponía las manos en la cabeza.

El técnico ha alegado que él estaba intentando arreglar el sistema de videoconferencias, a lo que el magistrado le ha aclarado que las quejas no iban para él.

'Déjelo, no lo digo por usted. Lo que no puede ser es lo que pasa en este país, que parece Senegal', ha estallado el magistrado, que tras unos segundos se silencio ha agregado: 'con perdón para los senegaleses'.

La diatriba del magistrado Joan Fernández Uría Martínez se produce en un contexto en el que los jueces llevan meses denunciando que los recortes les dejan sin medios para poder llevar a cabo su función en las condiciones necesarias. El magistrado ha planteado sus quejas en un juicio que seguían desde primera fila una decena de alumnos de derecho.

Al finalizar la sesión, el magistrado ha anunciado que posponía la frustrada declaración por videoconferencia para el próximo 14 de mayo, día en el que está previsto que se reanude y finalice el juicio. 'A ver si es posible que esto funcione', ha exclamado.

El acusado en el juicio es un francés que mató en un atraco al hijo del dueño de un supermercado en Barcelona. En la vista, ha declarado este martes no saber cómo 'se disparó' el arma, que no tenía intención de acabar con la vida de la víctima y que llegó a la ciudad para suicidarse.

El francés Louis Jefferson J.R. ha sostenido que su intención era únicamente 'robar para comer', después de abandonar a su familia en un pueblo cercano a Marsella (Francia).

Acusado de homicidio, robo con violencia con instrumento peligroso y tenencia ilícita de armas, ha dicho que en los últimos meses había tomado antidepresivos y pensaba en suicidarse pero no tuvo fuerzas: 'Quería cortar con mi vida, quería cortar con todo. No tengo más explicación'.

El 5 de marzo del 2011, se acercó a un supermercado de la capital catalana para robar comida y el dinero de la caja, pero el dependiente se opuso sacando un instrumento puntiagudo, tras lo cual empezó un forcejeo que acabó con la muerte del joven, según el acusado.

'Me empujó, intentó pincharme, y no sé como se disparó', ha dicho, y ha defendido que él siempre ha sido trabajador y nunca había robado, y que por eso se entregó a la policía pocas horas después.

Según han declarado los guardias urbanos que lo encontraron en su coche aparcado cerca de las Drassanes, les confesó 'muy nervioso' que tenía un arma en el vehículo, y más tarde explicó que había matado a un joven en un supermercado.

El fiscal pide para él una pena de 16 años y diez meses de cárcel, frente a los 23 años de la acusación particular, que reclama la pena máxima por el homicidio y al considerar el robo consumado.

El juicio continuará el 14 de mayo en la Sección 22 de la Audiencia, cuando declarará como testigo el padre del joven muerto y propietario del establecimiento, y se intentará por fin realizar la videoconferencia con los familiares del acusado.