El final ya está aquí. Casi sesenta años después de su nacimiento, ETA anunciará esta semana su desaparición. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál será la palabra elegida para definir su disolución, aunque sí hay una certeza: su último comunicado –que distintas fuentes aseguran que podría darse a conocer el jueves mediante una cadena extranjera, quizás la BBC- se convertirá en un elemento clave de un proceso de paz que hoy despierta el asombro e interés de quienes trabajan en estos asuntos a nivel internacional. ¿El motivo? La falta de participación del Gobierno de Madrid, lo que ha sido suplido por un inédito protagonismo de la sociedad civil.

El activista Paul Ríos, excoordinador de Lokarri y uno de los impulsores de la Conferencia Internacional de Aiete que en octubre de 2011 abrió la puerta a la declaración de cese de la violencia por parte de ETA, acaba de hablar de todo esto en Colombia. Allí la paz ha sido posible tras una negociación entre dos partes. De un lado, las FARC. Del otro, el Gobierno de Juan Manuel Santos, un político de perfil conservador que no tuvo complejos a la hora de impulsar el diálogo con la guerrilla.

“La semana pasada participé allí en una conferencia internacional sobre procesos de paz, y traté de explicar el modelo de aquí”, contó Ríos a Público. Cuando dice “el modelo de aquí”, se refiere a lo ocurrido durante estos últimos seis años y seis meses en Euskadi, un periodo marcado, básicamente por dos grandes hitos: el anuncio de ETA de su “cese definitivo de la violencia armada” (20 de octubre de 2011) y su entrega de las armas (8 de abril de 2017), acto previo e indispensable para el anuncio de disolución que se producirá esta semana.

Entre aquel día de otoño de 2011 y la jornada primaveral de 2017 ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, la izquierda abertzale tuvo gestos hasta entonces nunca vistos en relación a las víctimas provocadas por ETA –desde pedir sus “más sinceras disculpas” a través de Arnaldo Otegi o acudir a homenajes a personas asesinadas-. Lo mismo hicieron los presos, quienes en 2013, a través del denominado EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos, por sus siglas en euskera) reconocieron el daño causado y mostraron su disposición a acogerse a las vías legales para tratar de obtener beneficios penitenciarios, otro paso insólito.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy –quien asumió por primera vez como presidente el 21 de diciembre de 2011, justo dos meses después del anuncio de abandono de la violencia por parte de ETA- no apreció grandes novedades en esos gestos y optó por mantener su política antiterrorista en los mismos niveles que sus antecesores, obviando una diferencia básica: los que mataban ya no lo hacían, e incluso parecían dispuestos a dejar de hacerlo de manera definitiva.

Detenciones

En ese contexto, la cronología de este proceso ofrece otros momentos esenciales. Uno de ellos se sitúa a finales de septiembre de 2013, cuando la Guardia Civil lanzó una operación contra Herrira, un grupo de apoyo a los reclusos de ETA, que se saldó con 18 detenidos. Quiso el destino que apenas un mes después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulase la Doctrina Parot, lo que supuso la puesta en libertad de muchos de esos presos por los que Herrira trabajaba y que, según dictaminó Estrasburgo, permanecían encarcelados en base a una interpretación jurídica que vulneraba sus derechos.

Sin embargo, el camino hacia la paz seguiría topándose con dificultades y amenazas. Una de esas curvas peligrosas llegó en septiembre de 2015, cuando fueron detenidas en Francia –con la colaboración de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil- las dos principales caras de ETA: Iratxe Sorzabal y David Pla, quienes por entonces estaban a cargo de llevar el proceso de final de la violencia a buen puerto. Pocos días después, la organización a la que ambos pertenecían aseguró que a pesar de estas detenciones se mantendrían firmes “todos sus compromisos”, aunque también advertía que esas operaciones policiales “ponen en cuestión el modelo ordenado para la destrucción de armas y el desmantelamiento de arsenales”.

Un año y medio después, en diciembre de 2016, una nueva redada “antiterrorista” en el País Vasco francés se saldaba con la detención de cinco activistas de la sociedad civil que se habían ofrecido a ETA para facilitar el proceso de desarme, hasta entonces totalmente estancado. Nacieron así los denominados “artesanos de la paz”, un grupo de pacifistas y militantes sociales que resultó clave a la hora de fijar el siguiente hito de esta historia: la entrega de armas producida en Iparralde bajo la custodia de esos garantes de la sociedad civil y con un papel también clave de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que trabajaba, precisamente, en todo lo vinculado al desmantelamiento de las estructuras armadas de ETA.

En ese contexto, cabe destacar que los componentes de la CIV tuvieron que presentarse en la Audiencia Nacional para ser interrogados, precisamente, por sus trabajos a favor del desarme. Ocurrió en febrero de 2014, luego de que dieran a conocer un video en el que los responsables de esa comisión aparecían junto a dos miembros de ETA en la escenificación de la primera inutilización de armamentos y explosivos. A instancias del Colectivo de Víctimas de Terrorismo en el País Vasco (COVITE), los expertos de la CIV, con una reconocida trayectoria en materia de procesos de paz, se vieron obligados a comparecer ante el juez Ismael Moreno, quien les interrogó sobre su trabajo.

Un proceso “singular”

Así, entre problemas varios, llegó el desarme del pasado 8 de abril de 2017. “No ha habido ningún contexto del mundo donde la sociedad civil jugara un papel fundamental en un proceso de desarme”, apunta a Público Kristian Herbolzheimer, director del Programa de Transiciones a la Paz en Conciliation Resources, una de las organizaciones privadas de ámbito internacional que ha seguido de cerca el caso vasco, al que no duda en definir como “singular” o, en otras palabras, como un “proceso de paz sin negociaciones”, básicamente por una cuestión: aquí “no ha habido negociaciones directas entre ETA y los gobiernos de España o Francia”, apunta.

Paul Ríos apunta en ese mismo sentido. “Desde un punto de vista técnico, la gran diferencia de nuestro proceso de paz con otros desarrollados en distintas partes del mundo es que aquí no ha habido unas conversaciones oficiales y formales con el gobierno de turno”, lo cual “ha obligado a buscar otras fórmulas innovadoras e imaginativas para tratar de cubrir ese hueco”.

En esa línea, Herbolzheimer destaca que “hubo diálogos con todos los gobiernos de PP y PSOE desde la democracia, pero en esta última fase no los ha habido”. Fue precisamente esa ausencia del Gobierno español lo que despertó el protagonismo de la sociedad civil, algo especialmente potenciado por el Foro Social Permanente –uno de los organizadores del acto convocado para este viernes en Kanbo- mediante distintas iniciativas que buscaban reforzar a toda costa el proceso de paz. También han tenido un papel fundamental los “facilitadores” del Grupo Internacional de Contacto (GIC), quienes han estado detrás de distintas gestiones encaminadas a consolidar la resolución del conflicto.

“Son ‘facilitadores’ y no ‘mediadores’ porque aquí no ha habido mediación”, dice Herbolzheimer. En efecto, los miembros del GIC –al frente del cual se encuentra el prestigioso abogado sudafricano Brian Currin- jamás le vieron la cara a ningún representante del Ejecutivo de Madrid. “El Gobierno tenía una gran oportunidad para haber aportado a la convivencia de Euskadi, tal como se reclamaba no sólo desde las instituciones del País Vasco y Navarra, sino también de la mayoría de partidos y de la propia sociedad, pero no ha atendido esas reclamaciones”, lamenta Ríos.

Cuesta encontrar ejemplos de situaciones similares. Herbolzheimer cita “otros procesos donde grupos armados han decidido dejar la lucha armada sin negociaciones directas, como la guerrilla del M19 en Colombia o los zapatistas en México, donde la transición no fue el resultado de un acuerdo, sino que fue una decisión que tomó el grupo armado de forma unilateral”. “Ahora bien, en ambos contextos –destaca- sí que había diálogos directos con el gobierno de turno”. En Euskadi, donde esta semana se escribirá el final de ETA, no pueden decir lo mismo.