Publicado: 08.09.2015 18:49 |Actualizado: 08.09.2015 18:49

La Eurocámara respalda la iniciativa ciudadana que pretende garantizar el agua para todos

La iniciativa busca garantizar además, que se considere como un Derecho Humano. Los eurodiputados han reclamado que la producción, distribución y tratamiento de agua y los servicios sanitarios sean excluidos de cualquier acuerdo comercial que negocie la Unión Europea.

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Un niño mete sus manos en el agua./EFE

Un niño mete sus manos en el agua./EFE

ESTRASBURGO (FRANCIA).- El pleno de la Eurocámara ha respaldado este martes la iniciativa ciudadana 'Right2Water' que busca garantizar el agua para todos y que se considere como un Derecho Humano y ha dejado claro que la respuesta de la Comisión Europea a la misma "no cumple las demandas específicas" que plantea.

"Es lamentable que la Comisión no haya presentado propuestas legislativas que consagren el agua como un derecho humano y un requisito legal en toda la Unión Europea", ha manifestado la eurodiputada irlandesa de la Izquierda Unitaria Europea, Lynn Boylan, responsable del informe sobre la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) aceptada a trámite tras recabar el apoyo de cerca de 1,9 millones de ciudadanos en toda Europa.



"Falta de ambición"

Los eurodiputados han acusado a la Comisión Europea de "falta de ambición" y han dejado claro que su respuesta "no cumple las demandas específicas que se han hecho en la ICE y se limita a reiterar compromisos existentes" en el informe aprobado con 363 votos a favor, 96 en contra y 261 abstenciones.

Además, han advertido de si el Ejecutivo comunitario rechaza iniciativas ciudadanas "exitosas y ampliamente respaldadas" entonces "la UE en su conjunto perderá credibilidad a ojos de los ciudadanos" y le han exigido que presente propuestas normativas para revisar "en caso apropiado" la Directiva Marco sobre el Agua "para que se reconozca que el derecho al agua asequible es un derecho humano básico".

Los eurodiputados también han recalcado que los Estados miembro tiene la obligación de garantizar el acceso al agua para todos, con independencia del proveedor y que los proveedores garanticen agua potable segura y la mejora de los servicios sanitarios.

"Los beneficios no deben obtenerse de bienes públicos como el agua", ha advertido la eurodiputada responsable de informe votado.

Los eurodiputados también han reclamado que la producción, distribución y tratamiento de agua y los servicios sanitarios sean excluidos de cualquier acuerdo comercial que negocie la Unión Europea, algo que ven "imperativo". También piden su exclusión en cualquier revisión futura de la Directiva sobre Concesiones.

La Delegación de Podemos en el Parlamento Europeo celebra el respaldo que la Eurocámara ha dado hoy al informe. “Es fundamental que la ciudadanía recupere el control democrático de los servicios municipales del agua”, sostiene el eurodiputado y secretario general de Podemos Pablo Iglesias.

“En Europa, hay más de 1 millón de personas que no tienen agua corriente y 8 millones que carecen de saneamiento"

“En Europa, hay más de 1 millón de personas que no tienen agua corriente y 8 millones que carecen de saneamiento mientras que en España, ducharse o beber agua del grifo no está garantizado como un derecho universal; es un servicio que si cae en manos privadas queda expuesto a las reglas del mercado”, añade Estefanía Torres, eurodiputada de Podemos.

Por otro lado, el portavoz de EQUO en la Eurocámara, Florent Marcellesi, ha argumentado: "Lo ocurrido en Grecia donde los servicios públicos del agua forman parte de la lista de privatización impuesta por la Troika prueba que las amenazas sobre el derecho al agua son reales" y ha insistido en que la Comisión "ya no se puede esconder" y debe "actuar rápidamente".

La iniciativa y la respuesta de Bruselas

La iniciativa ciudadana europea 'Right2Water', promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios.

La Comisión Europea ya confirmó en marzo de 2014 que la legislación del mercado interior no se aplica al suministro de servicios de agua por parte de las autoridades locales pero las decisiones sobre propiedad se toman a nacional, regional o local y son los Estados miembros lo que deciden sobre cómo operar mejor los servicios de agua.

En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se comprometió a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo.

También se comprometió a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad.

Asimismo, se comprometió a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito.

Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.