SEVILLA.- El exconsejero de Educación del Gobierno de Susana Díaz e histórico dirigente socialista malagueño, Luciano Alonso, se verá forzado a dimitir como diputado del Parlamento andaluz este jueves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya fijado finalmente la apertura del juicio oral por un delito de prevaricación administrativa para el próximo 30 y 31 de enero y 1 de febrero.

Alonso confirmó su renuncia al acta de parlamentario el mismo día en que el Alto Tribunal puso fecha a su juicio, como dicta el código ético del PSOE, sin embargo, no hará efectiva su dimisión hasta después del debate final de Presupuestos Autonómicos para 2017, que tendrá lugar el jueves a mediodía. El Gobierno de Susana Díaz tiene garantizada la aprobación de las cuentas del año que viene gracias a los votos de los nueve diputados de Ciudadanos, pero no quiere arriesgarse a prescindir de ningún voto. Los partidos de la oposición PP y Podemos han criticado la dimisión “en diferido” del exconsejero, pues consideran que los jueces lo han “inhabilitado para seguir un minuto más como parlamentario”.

Luciano Alonso está siendo investigado en su etapa de consejero de Cultura por haber realizado supuestos contratos fantasmas de tres directivos en el Centro Andaluz de Flamenco (CAF). La Fiscalía ha pedido 14 años de inhabilitación para el socialista, al que acusa de un delito de prevaricación por nombrar a esos tres altos cargos en un órgano de la Consejería de Cultura, pese a que estos nunca ejercieron el cargo por el que cobraban.

El exconsejero ha explicado a esta redacción que afrontará “el duro trance de abandonar la política con mayúsculas” para cumplir las directrices éticas de su partido, “como no podía ser de otra manera”, y ha recordado que no se le juzga por un caso de corrupción política, sino por las dudas sobre un precepto legal del que se sirvió siendo titular de Cultura para “reasignar funciones a los empleados públicos para lograr una gestión más eficiente”. El fiscal, en cambio, considera que Luciano Alonso usó “las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual, a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno”.

Tanto el Gobierno andaluz como la dirección regional del PSOE han salido en defensa del exconsejero, una persona que lleva 40 años militando en el partido. Alonso ha sido parlamentario andaluz, senador y ha ocupado las carteras de Turismo, Comercio y Deporte en el Gobierno de Manuel Chaves (2007-2012) y Educación, Cultura y Deporte, bajo la presidencia de José Antonio Griñán, primero, y de Susana Díaz después. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ve injusta la renuncia de Alonso “sólo por prevaricación administrativa” (el mismo delito que se le imputa a Chaves por el fraude de los ERE), deslizando por primera vez que el código ético del partido es “excesivo”, pues no hace diferenciación entre aquel al que se le abre juicio por un delito asociado a la corrupción y el que es denunciado por un asunto administrativo en el desempeño de un cargo público.

La reacción de Susana Díaz tras la imputación de Alonso, el primer miembro de su gabinete señalado por la justicia, contrastó con la fulminante respuesta que un año antes dio a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, imputados por prevaricación (el mismo delito que se le achaca a Alonso) y malversación de fondos por el fraude de los ERE. En este caso, Díaz forzó su dimisión antes incluso de que se les abriera juicio oral, saltándose el código ético del PSOE, porque en ese momento se jugaba su propia investidura. Ciudadanos, el partido que hoy sustenta su Gobierno, había condicionado su apoyo a la presidenta a la dimisión inmediata de Chaves y Griñán. Susana Díaz no dudó en precipitar su cese en el Congreso y el Senado, levantando ampollas en la vieja guardia del PSOE andaluz, y en la dirección federal del partido, entonces dirigida por Pedro Sánchez, que se enteró de la decisión de la presidenta andaluza por la prensa.

Ciudadanos evitó pedir la dimisión de Alonso hasta ahora porque consideraba que su delito no estaba asociado a la corrupción política, pero en el día de hoy se ha felicitado por el anuncio de dimisión del exconsejero. Es el primer miembro de un Gobierno de Susana Díaz y diputado socialista andaluz que se ve forzado a abandonar el cargo durante su mandato, en la misma semana en la que se aprobarán los Presupuestos Autonómicos de Andalucía para 2017.