Publicado: 25.10.2016 11:01 |Actualizado: 25.10.2016 11:01

Extremadura, Aragón, Castilla La Mancha, Canarias y CCOO llevan al Supremo las reválidas

Desde la aprobación de estas evaluaciones finales establecidas en la LOMCE se ha generado una fuerte oposición a las mismas por parte de estudiantes, padres y docentes.

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El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo.

EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA.- El BOE recoge hoy cuatro recursos ante el Tribunal Supremo (TS) contra el decreto que puso en marcha las reválidas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Así, los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha, además de la Federación Estatal de Enseñanzas de CCOO, se suman al Gobierno de Canarias, cuyo recurso apareció ayer en el boletín.



Cinco recursos, por el momento, contra un mismo decreto, el que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. Aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de julio, desarrolla el contenido y formato de estas pruebas, establecidas en la LOMCE. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, también anunciaron que lo recurrirán.

Las primeras pruebas se deberían celebrar, según el decreto, a finales del presente curso, en 2017. Las pruebas de ESO tendrán un peso de un 30% sobre la evaluación final; el 70% restante se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas durante todos los cursos. En la reválida de Bachillerato, el reparto será de un 40% para la prueba y un 60% para las calificaciones acumuladas en las diferentes asignaturas.

En esta primera ronda, ninguna de las dos será necesaria para obtener el título de ESO y de Bachillerato. Eso sí, la prueba de Bachillerato será la que de el acceso a la universidad, como la selectividad.

No es la primera vez que las comunidades autónomas se revelan contra este tipo de reválidas. En 2015, Castilla La Mancha, Cantabria, Andalucía, Aragón, Navarra, Extremadura y Asturias, la Generalitat Valenciana y las Islas Baleares llevaron al Supremo el decreto que regulaba las pruebas de Sexto de Primaria.