Publicado: 07.01.2014 08:00 |Actualizado: 07.01.2014 08:00

Familiares de cargos del PP acaparan la gestión de los parques arqueológicos de la Xunta

La empresa del hijo de un alcalde y del hermano de una edil recibe 1,2 millones por explotar dos centros de interpretación públicos

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La empresa Espiral Xestión Cultural, cuyos administradores son familiares de cargos del PP, recibirá de la Xunta de Galicia 543.842,98 euros hasta 2017 por gestionar el Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica, que promueve el Ejecutivo autonómico en el monumental castro de la Edad del Hierro de San Cibrao de Las (Ourense). La compañía —que ya explota otro centro similar, dedicado al arte rupestre— se embolsará, además, el dinero de las entradas y la recaudación de la cafetería y de la venta de merchandasing.

Espiral Xestión Cultural fue creada a principios de 2012 por Jorge Sayáns —hijo del alcalde popular de Campo Lameiro (Pontevedra), Julio Sayáns, que gobierna desde 1983— y Juan Manuel Boullosa —hermano de la concejala María de las Nieves Boullosa—. Nació con un objetivo: hacerse con la gestión del Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre asentado en esa localidad, toda vez que la adjudicataria que había ganado el proceso de licitación, Ingenia QED, entró en concurso de acreedores. Aguantó menos de un año al frente de una infraestructura cultural que costó más de 10 millones de euros públicos y que estaba llamada a ser el "Pórtico de la Gloria del arte rupestre", según el discurso inaugural del presidente Alberto Núñez Feijóo.

Tanto Sayáns como Boullosa trabajaban en el parque para Ingenia QED, pero, ante el naufragio de esta, pensaron que ellos mismos podían llevar las riendas del proyecto. El Gobierno gallego estuvo tan de acuerdo que pactó una subrogación del contrato, de forma que no tuvieron que someterse a concurso público. Así, explotarán hasta finalizar 2014 este centro, que acoge algunos de los mejores petroglifos de la comunidad, y se llevarán 544.500 euros por ello. Sumados a los de la adjudicación que se acaba de resolver, fechada el pasado 27 de diciembre, ascienden a casi 1,1 millones de euros.

Ahora, para conseguir la gestión de este segundo parque (el ourensano) —la idea original es crear una red de cuatro, pero los dos restantes están estancados en fases muy iniciales— sí han tenido que enfrentarse a concurso público. El precio máximo del contrato ascendía a 730.000 euros, y la oferta de Espiral lo rebajó en casi 11.000 euros. Su única competidora fue Van Divulgación Cultural, que presentó una oferta 1.641 euros más cara y sacó tres puntos menos de valoración en las mesas de contratación.

Sin embargo, Van Divulgación es una firma de mayor recorrido y experiencia en la gestión de proyectos culturales. De hecho, cuando la empresa de los familiares del PP logró la gestión del primer parque arqueológico (el pontevedrés), tuvo que recurrir a otra compañía del sector para que, a través de un acuerdo de colaboración, le aportase la solvencia técnica de la que carecía y a la que obliga la Ley de Contratos del Sector Público. Esa empresa fue, precisamente, Van Divulgación.

Los pliegos de condiciones de ambos centros son muy similares, de hecho tienen numerosos párrafos calcados. Pero este último, el del Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa Lansbrica, presenta un par de matices que lo hacen más ventajoso para la adjudicataria. El organigrama mínimo es el mismo: siete puestos; pero, en este caso, una misma persona podrá asumir dos cargos (el de coordinador general y el de administrador), de forma que se podrá ahorrar un sueldo con respecto al centro de Campo Lameiro. Además, en este había una cláusula que imponía que ese personal estuviese siempre presente durante el horario de apertura al público. Esa obligación ha sido eliminada.

Esta infraestructura cultural —básicamente un centro de interpretación anexo al castro original, construido en el siglo II antes de Cristo— ha supuesto una inversión de unos 8,6 millones de euros. Hace unos meses, la Xunta exploró la posibilidad de que lo gestionase el Ayuntamiento de San Amaro, sobre el que se asientan parte de las 25 hectáreas del parque, que también pisa territorio del municipio de Punxín. Pero el Gobierno municipal, del PP, rechazó esa responsabilidad. Así que el Ejecutivo autonómico decidió "externalizarlo", sin que trascendiese si evaluó la alternativa de asumir él mismo la gestión.