José Ramón Navarro es el principal candidato a presidir la Audiencia Nacional. Y su visión de lo que tiene que ser este tribunal especial es expandirlo aún más. Navarro ha propuesto que se cree una Sala de lo Civil en la Audiencia Nacional, en consonancia con una idea avanzada hace escasos días por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Durante la ronda de entrevistas de candidatos a presidir la Audiencia celebrada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Navarro ha defendido que esa hipotética Sala de lo Civil se ocupe de las demadas que afecten a asociaciones y grupos de consumidores en sus relaciones con profesionales como los bancos. Así, este tipo de casos que actualmente se llevan en los juzgados de primera instancia, pasarían a ser juzgados en este tribunal especial. Son demandas relacionadas a afectados por cláusulas abusivas o por productos financieros complejos, como las preferentes o los swaps.

Además, Navarro también ha incluido los concursos de acreedores, que actualmente llevan los Juzgados de lo Mercantil, a partir de 'x' trabajadores, que habría que definir, o cuando un concurso trascienda a más de un territorio.

Respecto al ámbito Penal, que es el origen de la Audiencia Nacional, Navarro ha defendido que la Audiencia Nacional investigue todos los casos de corrupción que se produzcan en España siempre que causen un grave perjuicio a la Hacienda Pública y en ellos estén implicadas varias personas.

Con estas medida pretende que se evite en el futuro la disparidad de criterio que se puede producir en estos casos en los distintos órganos judiciales de primera instancia que estudian las causas.

La Audiencia Nacional ha tenido una contribución clave en la lucha contra el terrorismo y en la colaboración internacional al respecto. Pero el posible fin de ETA origina incógnitas sobre su propia existencia, ya que hay voces que defienden su desaparición, o sobre su rediseño como órgano especializado. Creada en 1977,  la Audiencia Nacional ancla sus raíces en el antiguo Tribunal de Orden Público de ámbito Penal.

El candidato favorito, Navarro Miranda, es el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su programa que ha expuesto, ha defendido la Audiencia Nacional como un órgano imprescindible para la persecución de, entre otros, los delitos de terrorismo, piratería, manipulación genética y de defraudación que supongan un grave perjuicio.

Ningún miembro de la Comisión Permanente le hizo pregunta alguna, como ocurrió con el resto de los cinco candidatos que se han presentado para presidir la Audiencia Nacional. La ronda de entrevistas ha estado presidida por Carlos Lesmes, presidente de órgano constitucional y del Tribunal Supremo. De las entrevistas se extraerá una terna de candidatos para elegir al próximo presidente de la Audiencia, durante un pleno convocado para el próximo 27 de marzo.

El próximo 27 de marzo se elegirá en pleno al presidente de la Audiencia Nacional

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro, miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha destacado el hecho de que la Audiencia nunca ha estado presidida por un juez de dicha Sala a lo largo de su historia; siempre ha estado presidida por magistrados ajenos a esa Sala.Y a los vocales les ha hecho una pregunta que ha sonado como un reproche: ¿Se han parado a pensar porqué sólo un miembro de la Sala de lo Penal se ha presentado a este puesto?

 El anterior presidente, Ángel Juanes, era magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo antes de acceder al cargo. Ahora ha sido nombrado vicepresidente del Supremo.

Martínez Lázaro ejerce desde hace ocho años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su programa está centrado en la transparencia del tribunal, en la mejora de la organización del trabajo, así como en la reducción de los tiempos de instrucción de los sumarios. Un tribunal de la naturaleza de la Audiencia Nacional 'al día de hoy ya sólo se justifica por su eficacia'.

También han presentado su candidatura los magistrados Ignacio Espinosa Casares (presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja) y Juan Pablo González González (magistrado de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid y actual juez de enlace en Francia).

Juan Pablo González es otro de los candidatos con posibilidades de salir elegido. Su diseño de Audiencia Nacional pasa por especializarla en asuntos penales que afecten al Estado y en la lucha contra la delincuencia organizada de caracter transnacional.

González profundizará, si sale elegido, en la mejora del servicio de oficina electrónica que atiende a las víctimas de terrorismo desde enero de 2013. También ha propuesto la creación de un servicio de auxilio judicial internacional propio, para facilitar las comisiones rogatorias a otros países, y agrupar las entregas temporales de encarcelados en otros Estados para ser juzgados en España y evitar así las disfunciones actuales cuando dichos presos son traidos y llevados para comparecer en distintos sumarios abiertos en la Audiencia.

Todos estos candidatos son miembros de órganos colegiados, cualidad que puntúa para acceder a la presidencia de la Audiencia Nacional.

José Ramón Navarro es el candidato con más años en órganos colegiados y cuenta con el apoyo de Carlos Lesmes. Mientras, Juan Pablo González, de dilatada experiencia también en estos órganos, es apoyado por el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

En cuanto a magistrados que no forman parte de órganos colegiados, los candidatos han sido dos: Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, e Ismael Moreno, del Juzgado Central número 2, ambos de la Audiencia Nacional. Tampoco ha habido preguntas para ellos por parte de los vocales.

El juez Ismael Moreno ha explicado la necesidad de ampliar las competencias penales de la Audiencia a nuevas formas de delincuencia, como la delincuencia financiera trasnacional. Por su parte, Fernando Andreu ha defendido, como el resto de los candidatos, la necesidad de mejorar el servicio que presta la Audiencia con calidad y eficacia, al tiempo que se asegura tranquilidad y sosiego a los jueces para evitar que las presiones perturben su actividad.