A veces los delfines salen rana. No es infrecuente, sobre todo una vez que el candidato ha visto cumplido su deseo de heredar y ha matado al padre. Que se lo digan a Aznar. Claro que los motines, los amagos y los desplantes son mucho menos habituales cuando el aspirante todavía no es más que eso: un posible sucesor, meritorio, sí, pero todavía en ciernes.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido durante años una estrategia de manual para convertirse en el candidato a suceder a Rajoy mejor colocado, de lejos, en el Partido Popular. Cerrando filas cuando hacía falta, apoyando públicamente las decisiones ingratas del líder, situándose a su lado en las fotos en las horas delicadas y hasta cerrando el pico cuando alguno de sus actos le perjudicaba. Y por supuesto, ganando elecciones. Pero los buenos aspirantes también lo son porque saben detectar el instante adecuado en el que deben cambiar de rumbo. Y Feijóo, que como buen delfín sabe interpretar correctamente los ecos que llegan a su sónar, quizá ha pensado que ha llegado el momento de dar un brinco y saltar del agua.

El jefe del Ejecutivo gallego encabezó ayer la cumbre de líderes autonómicos que reclaman a Rajoy igualdad de trato fiscal para todas las comunidades autónomas, para poner freno a la intención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ponérselo fácil a las más endeudadas. En especial a Cataluña. Junto a Feijóo se han alineado los presidentes socialistas de Aragón, Javier Lambán, y de Asturias , Javier Fernández, y el popular de Castilla La Mancha, Juan Vicente Herrera.

Feijóo y Herrera ya habían estado entre los dirigentes del PP más críticos con Montoro, y se les atribuye haber logrado que Rajoy no apoyara una quita de la deuda catalana que le hubiera venido de perlas a su partido en esa comunidad. Porque a nadie se le escapa que el momento de Rajoy es delicado: con frentes judiciales abiertos por doquier relacionando todos los días al PP con los peores casos de corrupción, en pleno enfrentamiento con su aliado parlamentario, Ciudadanos, que lo ha barrido del mapa electoral catalán y que lo supera ya en las encuestas como primera fuerza de la derecha a nivel estatal; con el procés dando coletazos y con una inminente crisis de Gobierno a la vista tras la salida de De Guindos al Banco Central Europeo.

Cumbre de cuatro presidentes autonómicos

En teoría, la cumbre de los líderes autonómicos de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia sólo ha servido para redactar un argumentado compromiso para reclamar conjuntamente medidas igualitarias de financiación autonómica que tengan en cuenta a las comunidades menos favorecidas, y especialmente afectadas por el envejecimiento demográfico y la despoblación. Pero a Feijóo, que lleva preparándola desde hace semanas, la foto le ha servido para revestirse de imagen de hombre de Estado, capaz de llegar a acuerdos con el enemigo por el bien de la causa común aun cuando tenga que pasar por díscolo. Y lo ha hecho justo cuando a él también le empiezan a temblar las paredes.

Galicia sigue entre las comunidades más pobres de España, y la UE amenaza con birlarle buena parte de los fondos estructurales con los que ha financiado su desarrollo en los últimos decenios, sin que la Xunta parezca capaz de ejercer presión alguna para revertir esa decisión. Las protestas por el caos sanitario que han provocado los recortes y las privatizaciones de Feijóo y su reforma sanitaria, que los medios públicos gallegos -y muchos de los privados- ningunean sin sonrojo, empiezan a trascender en los telediarios estatales. Lo mismo sucede con las manifestaciones de los pensionistas, que en Galicia reciben las retribuciones más bajas de España. Mientras tanto, la huelga en los juzgados ha obligado a suspender más de 2.000 juicios y amenaza con colapsar el sistema sine die. Feijóo, que se colocó voluntariamente a la cabeza del enfrentamiento con los huelguistas, se niega a compensarles por los recortes mientras se pavonea de que la crisis ha pasado, con lo que no ha podido evitar que incluso entre las élites judiciales se señale a su Gobierno como el principal responsable de la situación.

La batalla gallega contra el agravio exterior

Ante todo eso, dejar traslucir cierto enfrentamiento con Rajoy y reubicar el foco en otros asuntos beneficia enormemente a Feijóo, sabedor de que no hay mejor cemento social en Galicia que la batalla contra o aldraxe, que viene a ser algo así como la ofensa y el agravio venidos del exterior. Y en una comunidad donde ha calado profundamente el discurso de la supuesta insolidaridad territorial del procés, también lo hará la épica del aldraxe que supondría perdonar deudas a los catalanes por sus formas levantiscas frente a la (también supuestamente) sumisa, laboriosa y cumplidora actitud de los gallegos. Feijóo lo sabe, y eso que en materia de deuda tampoco puede presumir: aunque ha cumplido con los límites y los plazos de Montoro con respecto al déficit y el gasto autonómico, la deuda pública per capita Galicia se le ha duplicado desde los 1.752 euros por habitante del 2009, el año en el que accedió al poder, a los 4.119 euros por persona del tercer trimestre del año pasado.

Feijóo conoce sus debilidades, y también sus fortalezas, como el hecho de que Ciudadanos sea una fuerza residual en Galicia, sin representación parlamentaria y con dieciséis concejales en toda la comunidad. O que se haya olvidado ya que los presupuestos generales del Estado del año pasado, que siguen en vigor, recortaron 440 millones de euros en inversiones para la comunidad sin que el presidente gallego dijera ni mú. O que al PPdeG no le haya salpicado la trama Gürtel a pesar de que uno de los principales implicados, Pablo Crespo, fuera secretario de Organización en la Ejecutiva gallega durante ocho años. O que la foto de Feijóo a bordo del yate de un narcotraficante apenas sea ya un lejano eco subacuático. Por eso a lo mejor piensa que ha llegado el momento de aletear un poco, agitar las aguas del PP y saltar sobre la superficie política de España en plan delfín-paladín de la solidaridad territorial. A ver qué pasa.