Publicado: 10.03.2014 09:26 |Actualizado: 10.03.2014 09:26

Fèlix Millet: "No soy yo, voy muy medicado"

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Cincuenta preguntas en el aire y ninguna respuesta. El fiscal Antoni Pelegrín ha lanzado una batería de preguntas dirigidas a Fèlix Millet, quien en el juicio se ha acogido a su derecho a no declarar por lo que no las ha respondido. Millet, expresidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y Jordi Montull, exdirector administrativo de la Fundación están acusados, entre otros, por supuestos delitos de apropiación indebida y de tráfico de influencias. El fiscal y la acusación popular piden para ellos 10 años de cárcel. También se solicita que devuelva una presunta comisión de 900.000 euros que recibieron.

"Mentalmente estoy un poco tocado en el sentido de que no soy yo. Voy muy medicado", ha sostenido el saqueador confeso del Palau ante la sección quinta de Audiencia de Barcelona. Millet ha llegado esta mañana en silla de ruedas, después haber sido sometido a una intervención quirúrgica por una fractura de fémur, lo que obligó a aplazar el juicio el pasado febrero cuando ya había comenzado.

El saqueador confeso de los fondos del Palau fue dado de alta el jueves y la presidenta del tribunal, la magistrada Magdalena Jiménez, ya advirtió al acusado de que debía acudir este lunes al juicio, aunque fuera con muletas o en silla de ruedas, después de haber sido examinado por los forenses. En el inicio de su interrogatorio, el acusado ha pedido ratificarse en sus tres declaraciones en fase de instrucción, para evitar responder a las partes, debido a su "situación difícil", por la ingesta de calmantes. La magistrada Jiménez no lo ha aceptado aduciendo que el forense que le visitó este domingo por orden judicial ratificó que está en condiciones de entender lo que se le pregunte.

Tras ello, el exresponsable del Palau ha anunciado que sólo respondería a las preguntas de su abogado. Millet se ha acogido, por tanto, a su derecho a no declarar. Esto es, no responderá a las preguntas del fiscal, ni responderá a las preguntas de las acusaciones particular y popular. Su defensa ha vuelto a intentar poner palos en la rueda del juicio, como ya es habitual, al exponer dos puntos: pretende un examen forense más exhaustivo de Millet, para demostrar que no está capacitado mentalmente para afrontar el juicio, y buscar la nulidad, al argumentar que el fiscal no podía preguntar si el acusado se había negado a declarar, según una sentencia del Tribunal Supremo.

La presidenta del tribunal ha respondido que esa sentencia es minoritaria, ya que la jurisprudencia del Supremo permite al fiscal realizar sus preguntas, por lo que ha autorizado las preguntas en el aire. En la sala se han vivido un momento de confusión cuando Millet ha comenzando contestando a la primera pregunta, lo que ha provocado una nueva intervención de la presidenta del tribunal: "¡No conteste porque ha dicho que no iba a contestar!". Una a una, el fiscal Antoni Pelegrín ha ido enunciando la larga lista de preguntas que tenía preparada, "para que sepa lo que no quiere contestar". La respuesta ha sido el silencio de un Millet, que escuchaba impertérrito. Pelegrín, especializado en delito urbanístico, ha centrado así la línea argumental y estratégica que va a seguir en el juicio.

El viernes pasado, la defensa de Millet se limitó a remitir a la sala una copia del informe de alta del saqueador confeso, sin adelantar cuáles eran sus intenciones de cara a la vista de este lunes. Pero la presidenta del tribunal advirtió al acusado su obligación de acudir al juicio, tras el examen realizado por el médico forense. Millet ha llegado a la Audiencia de Barcelona a las 09.09 horas de la mañana, en silla de ruedas y rodeado por cámaras y periodistas. Ha accedido al edificio judicial por un rampa lateral situada a la derecha de las escalinatas de la puerta principal.  Casi diez minutos después de la llegada de Millet, rodeada por una gran expectación, ha accedido al edificio judicial quien fue durante décadas su mano derecha Jordi Montull, a las 09.18 horas. El primer imputado en acceder a la Audiencia de Barcelona ha sido el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado, que ha llegado a las 08.56 horas de la mañana.

Las primeras palabras del expresidente del Palau ante la sala han sido para hacer referencia a su ausencia en la vista en la que le tocaba declarar: "Yo quiero disculparme ante el tribunal. Tuve un accidente y a las ocho de la mañana estaba en el hospital. El 26 me operaron", ha alegado, tras de decir que conocía perfectamente los hechos que se le imputan.

El llamado caso Hotel Palau es el primero de los juicios previstos tras el estallido del escándalo del saqueo del Palau de la Música. La causa principal está aún en la recta final de la instrucción. Millet y Montull afrontan más de diez años de prisión por el supuesto tráfico de influencias en el caso, una operación urbanística para construir un hotel de lujo junto al Palau de la Música.

Ambos firmaron una escritura de compraventa en 2003 con el Institut Germans de les Escoles Cristianes a cambio de hacer obras en uno de los colegios por valor de casi 4,5 millones de euros, de la que además recibirían una comisión y podrían ceder libremente la propiedad a terceros. En el año 2004 los acusados consiguieron cambiar la calificación urbanística de las fincas. Pero el proyecto hotelero no se acabó de construir, al conocerse el escándalo del Palau.

La acusación que ejerce el Palau dela Música sólo se personó contra sus dos ex dirigentes. Mientras, la acusación que ejercen los vecinos de Ciutat Vella han incluido, al igual que el fiscal, a otras cuatro personas más. Se trata de la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2003 y 2009, entonces gobernado por el socialista Jordi Hereu. Fiscal y acusación popular los acusan de haber sucumbido a la influencia de Millet y Montull para facilitar que el proyecto hotelero saliera adelante, ocultando presuntamente que beneficiaba a un promotor particular.

Entre ellos está Ramon García-Bragado, que fue gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente Secretari dela Presidència dela Generalitat de Catalunya. También, Ramon Massaguer, ex gerente de urbanismo del consistorio barcelonés. El fiscal y acusación popular piden cuatro años y siete meses para García Bragado y Massagué, así como para su ex director jurídico Enric Lambies y el arquitecto Carles Díaz.