MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes.

"Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa", ha dicho en una entrevista en Cope. "Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha sumado a Fernández Díaz y ha reconocido los "visos de inconstitucionalidad" que el CGPJ sospecha que contiene la ampliación de las escuchas telefónicas.

"Si se convierte en un elemento de tensión seguramente nos plantearemos una modificación", ha asegurado, en referencia también al resto de partidos políticos. 

El titular de Justicia ha asegurado que el Gobierno quiere el consenso con otras fuerzas políticas y no pretende "forzar las cosas hasta el punto de la irracionalidad", pero ha defendido la intención del Gobierno de extender a otros delitos, aparte del terrorismo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intercepten conversaciones sin autorización judicial


"La ley actual no es suficiente para derrotar al terrorismo yihadista"

Según ha dicho Fernández Díaz, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones sólo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.

El ministro ha defendido implementar una serie de medidas para la lucha contra el terrorismo yihadista ya que, a su juicio, el Código Penal vigente ha dado los "instrumentos suficientes" para derrotar a una banda terrorista convencional como los GRAPO o ETA, pero ha añadido que no es suficiente para derrotar el terrorismo yihadista, "un terrorismo no convencional donde se diluye la pertenencia a la banda, donde Internet juega un papel fundamental para la comisión de delitos, para las radicalizaciones, la captación...". "Necesitamos adaptar el Código Penal", ha sentenciado.

Fernández Díaz sostiene que la voluntad del Gobierno es acelerar su aprobación cuanto antes y ha confiado en que lograrán ponerse de acuerdo con el PSOE al tratarse de un asunto de Estado. "Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo los países, ¿como no vamos a ser capaces los dos partidos más importantes de España?", ha comentado. En cualquier caso, ha recordado que las medidas saldrán adelante igualmente: "Tenemos mayoría absoluta para aprobarlos, pero sería muy bueno que el PSOE se sume".

"El PNR se tiene que aprobar"

Una de las medidas que el ministro defiende es el llamado PNR, es decir, los ficheros de viajeros en avión. Ha explicado que "no es una medida de control de fronteras", sino que tiene por finalidad la "prevención e investigación de eventuales delitos terroristas". Consiste en "aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que debidamente cruzados establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista".

Según ha dicho, "la intimidad está debidamente garantizada porque sólo tienen acceso los investigadores criminales. Los datos no van a estar basados en motivos religiosos ni de raza, son datos sobre si ha facturado o no, si viaja sólo o no, o como ha pagado el billete".

Fernández Díaz ha lamentado que siendo una iniciativa del 2010 aún no haya sido aprobada por el Parlamento Europeo debido al voto en contra de socialistas, liberales y verdes y ha recordado que en la anterior legislatura, el Gobierno socialista en España sí estaba a favor de esta medida. "Es una pena que tengan que morir personas para que se produzca un vuelco en el estado de opinión. El PNR se tiene que aprobar y estoy seguro que se va a aprobar", ha concluido.

De hecho ha anunciado que en el trámite de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana en el Senado se va a introducir "una sencillita enmienda de tres palabras" para que el PNR tenga encaje legal en el ordenamiento jurídico. Ha argumentado que para poner en marcha esta medida es necesaria una infraestructura previa y que de hecho ya hay países que están recibiendo subvenciones para ello antes de que haya sido aprobada por el Parlamento Europeo.

"Para finales de año tendríamos ya la infraestructura necesaria para que los operadores y agencias de viajes suministren esos datos y con una sencillita enmienda de tres palabras en la Ley de Seguridad Ciudadana ya tendríamos la cobertura legal. Lo importante es que no sólo seamos unos cuantos países sino todos los que lo tengamos".