Publicado: 08.07.2016 16:47 |Actualizado: 08.07.2016 17:01

Fernández Díaz defiende el valor 
de los CIEs y niega que violen los derechos humanos

El ministro del Interior en funciones afirma que la legislación española es "extraordinariamente garantista" en este sentido y pasa por alto las numerosas denuncias sobre el trato que reciben los internos: "nosotros simplemente cumplimos la ley"

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El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, hace declaraciones a los periodistas, hoy en el Congreso, tras formalizar su acta de diputado de la XII legislatura. EFE/J. J. Guillén

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, hace declaraciones a los periodistas este viernes en el Congreso, tras formalizar su acta de diputado de la XII legislatura. EFE/J. J. Guillén

MADRID.- El ministro de Interior en funciones, Fernández Díaz, ha defendido la legalidad de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el respeto a los derechos humanos en esos centros en España en el marco de una ley que ha definido como "extraordinariamente garantista".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde este viernes ha entregado su credencial de diputado, Fernández Díaz se ha referido así a la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de utilizar un recurso legal contra unas instalaciones que han sido muy discutidas por la masa social catalana. El Ayuntamiento que dirige Barcelona En Comu clausuró el centro argumentando que la Policía Nacional —propietaria de las instalaciones— no tiene licencia para confinar personas en él


"Hablar de derechos humanos es ofender el Derecho español, y la regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa", ha asegurado Fernández Díaz

Tan solo unas horas después de que el consistorio de la ciudad condal anunciara su decisión, la Delegación del Gobierno en Catalunya decretó la reapertura del centro, cerrado desde el cinco de noviembre por obras de mejora. El último movimiento lo realizó Colau, al asegurar por vía su teniente de alcalde Jaume Asens, que precintaría las instalaciones de ser necesario para hacer respetar su decisión. Además, calificó el movimiento de Interior de "un acto de desacato, menosprecio y provocación".  

El responsable de Interior en funciones, por su parte, ha asegurado este viernes que "la ley española es para todos igual y legitima la existencia de esos centros, y simplemente nosotros cumplimos la ley", ha remarcado.

Cabe destacar que contra este centro, situado en la Zona Franca, se han posicionado el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges —defensor de las personas— y la conselleria de Justicia de la Generalitat. El motivo son las denuncias por la situación de los internos y las sospechas de violación de los derechos humanos, dada las mínimas garantías de transparencia bajo las que funcionan. "Hablar de derechos humanos es ofender el Derecho español, y la regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa", ha contestado Fernández Díaz.

"Hablar de derechos humanos es ofender el Derecho español, y la regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa", contesta el ministro. "En los CIE ingresan por orden judicial quienes han entrado irregularmente en España mientras se tramita su expediente de repatriación en periodo máximo de 60 días", ha añadido.



Competencias en inmigración

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha seguido las formas del responsable del Interior en funciones y ha asegurado este viernes que Colau, puede "decir todo lo que quiera", pero a ella no le compete decidir cómo se gestiona la política migratoria y la expulsión de extranjeros en situación irregular.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha pronunciado así sobre el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona decretado por la alcaldesa de Barcelona y la posterior reapertura del mismo por parte de la Delegación del Gobierno.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha tenido que reconocer que el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias en materia de apertura o mantenimiento de las instalaciones. Santamaría ha defendido no obstante la función de los centros, recordando que el modelo de los CIE está en el ordenamiento jurídico español desde el año 2000 y es acorde al derecho comunitario, por lo que ha emplazado al Consistorio que dirige Ada Colau a "cumplir la normativa".