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MADRID.- El 13 de mayo fue el día elegido por Guardia Civil para conmemorar en Toledo el 172 aniversario de la creación del cuerpo. El encargado de organizar los actos de la celebración era el capitán psicólogo N.G.C., de 48 años y padre de dos hijos. El mismo día del evento y ya en las instalaciones de la Comandancia, el guardia civil tomó su arma y se quitó la vida. 

El suceso fue denunciado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la principal unión de agentes del cuerpo, que fue criticada duramente por ello por el delegado de Gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio: "Es muy indignante que se hable de algo que se está investigando y cuando la persona en cuestión está todavía en el tanatorio".  La AUGC respondió al delegado de Gobierno preguntándose si también le parecía muy indignante que el suicidio de agentes "siga siendo un drama oculto en el cuerpo, dada la reiteración de sus responsables a la hora de negar esta negra evidencia".

El cruce de acusaciones entre la asociación de agentes y Gregorio refleja lo incómodo que resulta para el Ministerio del Interior, del que dependen tanto la Guardia Civil como las Delegaciones de Gobierno, que en la institución que el CIS ha dado en repetidas ocasiones como la mejor valorada por los ciudadanos haya un suicidio cada 26 días.

"En más de 30 años han fallecido por suicidio más del doble de personas que por
atentados de ETA, la organización terrorista más activa en la historia de nuestro país",
recoge el informe de los guardias civiles

Ante la falta de una base de datos oficial, la AUGC elaboró su propio informe sobre el suicidio de guardias civiles con información obtenida gracias a preguntas parlamentarias realizadas por distintos partidos políticos, datos facilitados por la Dirección General del cuerpo e información de la prensa. La investigación concluyó que más de 450 guardias civiles se han quitado la vida desde 1982. La tasa de suicidios en el cuerpo fue de 11,2 suicidios por 100.000 en 2014, por un 8,42 del resto de la población.

Dicha tasa también se sitúa por encima de la de cualquier otro cuerpo policial español. Estos datos adquieren especial relevancia si se contrastan con, por ejemplo, el número de víctimas que provocó ETA en la Guardia Civil: 203. "En algo más de 30 años han fallecido por suicidio más del doble de personas que por atentados de ETA, la organización terrorista más activa en la historia de nuestro país", explica Daniel López Vega, psicólogo encargado de analizar los datos recogidos por AUGC.

"Para ser guardia civil la persona ha tenido que pasar pruebas psicotécnicas, lo que descartaría patologías de enfermedad mental grave que se suelen asociar a tasas mucho más altas de suicidio. Además, la tasa de la población general incluye a colectivos con dificultades de inserción social, personas sin trabajo, personas de la tercera edad… que tienen también mayores tasas", continúa López Vega.

Con el arma en casa

La AUGC señala en el texto posibles soluciones para este "drama oculto". Una de ellas sería la creación de un protocolo de supervisión y asistencia psicológica "absolutamente externo a la Guardia Civil, ajeno por tanto a la cadena de mando". "Es evidente que el tratamiento dentro de un sistema sometido a las jerarquías militares no resulta fiable ni eficaz en estas situaciones", enfatizan la asociación, formada por unos 31.000 afiliados de un total de 68.000 agentes.

Otra de las medidas es impedir que, por norma general, los guardias civiles dispongan de su arma las 24 horas del día, en vez de guardarla en armerías controladas. Esta facilidad de acceso a un arma de fuego aumenta significativamente el riesgo de suicidio, tal y como varios estudios alrededor del mundo han concluido, recoge el informe de AUGC.

"Mi capitán ha conseguido
lo que quiere, que los que
nos gusta nuestro trabajo intente hundirnos
por su homofobia",
denunció una guardia civil a través de las redes sociales antes de intentar
quitarse la vida

Los agentes llevan consigo su arma reglamentaria en sus hogares incluso cuando residen en los cuarteles. Era la situación de Vanesa Fraga, guardia civil destinada en Fene (A Coruña) que intentó quitarse la vida el 8 de diciembre de 2015 tras denunciar a través de las redes sociales el acoso homófobo que sufría. En aquel momento, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, afirmó que sus mandos no habían tenido constancia de las acusaciones de Fraga y que se abriría una investigación para esclarecer lo sucedido. 

Sin embargo, según ha podido saber Público, Fraga envió a su coronel jefe una carta denunciando este acoso y otros problemas que sufría en su unidad el 20 de noviembre de 2015, dos semanas antes de dispararse en el pecho con su arma. En su contestación a la agente, sellada tres días después de ésta intentara suicidarse y a la que ha tenido acceso este medio, el alto mando recalca la "incoherencia" en la redacción del texto, por lo que deduce que "podría existir una conducta anómala" en Fraga.
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Así, el coronel jefe comunica a la agente, entonces ya convaleciente tras intentar quitarse la vida, que "resultaría procedente la retirada cautelar de su arma reglamentaria adjudicada, y armas particulares; no obstante, no se aplica en este momento dicho procedimiento, a la vista de los hechos recientemente acaecidos, en que Vd. se autoinfligió lesiones graves con su arma particular y actualmente, tanto esta arma como la reglamentaria ha quedado intervenidas". 

La investigación sobre el intento de suicidio de esta agente sigue su curso en los juzgados militares, que esperan el visto bueno de los médicos para interrogarla. Pese a ello, su caso recalca el peligro que supone para un guardia civil sometido a presión psicológica la libre disposición de su arma.