Asuntos civiles, penales, entre los que se encuentran los casos de violencia de género… Y la plataforma de gas Castor. La denuncia de la Fiscalía por el fiasco de esta instalación que originó más de 1.000 terremotos ha recaído en el Juzgado número 4 de Vinarós que tiene competencias en todos estos ámbitos.

Hubiera dado igual un juzgado que otro. En Vinarós, como en Nules, los juzgados están desbordados con una carga de trabajo superior en un 180% a la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial.

La denuncia de la Fiscalía ha recaído en este juzgado, cuyo juez responsable ha imputado a 18 personas por un supuesto caso de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales en la tramitación del expediente administrativo que autorizó la instalación de gas a un proyecto liderado por Florentino Pérez.

En el juzgado 4 de Vinaros están a la espera de que tome posesión el nuevo juez, después de que a fin de mes el Consejo General del Poder Judicial resuelva el macroconcurso de traslado de plazas de jueces entre las que se encuentra este juzgado de Vinarós.

Tanto la Fiscalía, como el juez decano calculan que será necesario reforzar el juzgado con el fin de afrontar esta causa que se abre inicialmente contra 18 personas pero que podría salpicar a la cúpula de la empresa adjudicataria, Escal UGS.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha adelantado que si se pide un juez de refuerzo o funcionarios de refuerzos por este caso, el ministerio estaría dispuestos a poner estos recursos.

El juez actual ha acordado que se tome declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el año 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas, así como a los técnicos de Medio ambiente que lo autorizaron, además de los miembros de Consejo de Administración de Escal Recaredo Del Potro, Mohamad Jaffar, José Luis Martínez, Harold Philip, José Alfonso Nebera, Juan Cristóbal González, Ramón Jiménez y Óscar Manuel Yunta.

Mientras, el Gobierno aprobó a final una 'indemnización' millonaria a esta empresa por la vía del Decreto-Ley, de tal manera que recibió 1.350 millones de euros que, de otra forma, tendrían que haber sido puestos por ACS para afrontar una emisión de deuda en que incurrió la empresa promotora.

Esta indemnización será colocada en la factura de la luz de los españoles, de tal manera que se espaciará en el tiempo y multiplicará por cuatro en los próximos 30 años. El coste del fiasco para los españoles alcanzará los 4.731 millones de euros.
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