El análisis de la agenda electrónica personal del extesorero de CDC Andreu Viloca ha desvelado las "reuniones sistemáticas" que mantenía con los empresarios que, supuestamente, a cambio de las adjudicaciones de obras públicas daban dinero al partido camuflado como donaciones a la fundación afín Catdem, que él mismo presidía.

Un escrito de la Fiscalía incluido en el sumario, al que ha tenido acceso Público, parte de los indicios encontrados en la agenda electrónica para detectar un auténtico modus operandi, ya que las donaciones coincidían en el tiempo con reuniones entre los empresarios y Viloca.

Viloca era el "mediador-conseguidor político", según concluyen los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda en un escrito de 2015 en el que pedían las detenciones que luego se practicaron de, entre otros: Viloca, el entonces director de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; el también extesorero convergente Daniel Osácar y varios empresarios.

"Toda esta documentación, además de poner en evidencia la relación directa entre el Sr. Viloca y aquellos empresarios, pone de manifiesto una clara relación ilegal con aquellos empresarios y las respectivas adjudicaciones de obras y servicios, consistente en el cobro de comisiones en nombre de CDC", señala el sumario.

En el registro del despacho de Viloca, en la sede de CDC, se intervino también una tarjeta de visita de la empresa Pisan con el siguiente texto: "Buenos días, Andreu. Te hago llegar los concursos a los que nos hemos presentado y no hemos tenido suerte y en los que aspiramos a tener más. Hay que quedar pronto".

La Fiscalía sostiene que esta anotación es un requerimiento de un empleado de esta empresa "para que medie en licitaciones públicas a favor de la empresa".

La trituradora de documentos

También se incautó en el despacho una serie de documentos que Viloca había destruido en una trituradora de papel -11 de los cuales pudieron ser reconstruidos por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil- y la Fiscalía cree que el entonces tesorero intentó ocultar y/o destruir su agenda electrónica más allá del año 2011.

La Guardia Civil intervino básicamente anuncios de licitaciones y adjudicaciones; la identificación de empresas a las que se habían adjudicado las anteriores licitaciones y las anotaciones de las reuniones entre Viloca y empresarios vinculados a estas empresas.

A modo de ejemplo, tras adjudicarse a la empresa Urbaser un servicio de recogida de basuras en Olot (Barcelona), Viloca y Jordi Duran (vinculado a esta firma), se reunieron el 8 de septiembre de septiembre de 2011 y "al día siguiente" la fundación ACS (de la que forma parte Urbaser) donó a Catdem 60.000 euros.

Los fiscales consideran que en esta supuesta trama, conocida como caso 3% que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), se podrían haber cometido los supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partido político y falsedad documental, entre otros.