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La financiación ilegal del PP y sus dirigentes en Madrid se entrecruzan en varias causas

Las tramas Gürtel, Púnica y Lezo  tienen en común el supuesto saqueo millonario de dinero público en plena crisis, cuando peor lo han pasado los ciudadanos a quienes se les ha robado

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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, en la Asamblea de Madrid. EFE

Púnica, Lezo, Gürtel… La Audiencia Nacional se ha convertido en una suerte de órgano central donde hay sumarios en los que los investigados se asemejan entre sí y hasta participan en distintas redes corruptas coincidentes, presuntamente, lo que confunde a la ciudadanía.

En una investigación, la Púnica, se encuentra como cabecilla el exconsejero de Madrid Francisco Granados. En otra, la Lezo, su eterno rival Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, es uno de los líderes de la supuesta organización criminal. La jefa inicial de estos políticos es Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Ambas redes tienen en común el supuesto robo millonario de dinero público en plena crisis económica, cuando peor lo han pasado los ciudadanos a quienes se les ha robado.

En todas hay políticos del Partido Popular que extraen dinero público a base de contratos irregulares. Y coinciden en empresas y empresarios que sobornan y los financian, presuntamente.

PwC, OHL, Indra, Licuas, Saerco son algunas de las empresas registradas por la Guardia Civil en busca de pruebas de una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Si se contrastan los sumarios, se concluye que en Gürtel las empresas de la trama de Francisco Correa extraían dinero público de los municipios del norte de Madrid. Mientras, las empresas de Púnica se especializaron en exprimir a los del sur de la comunidad autónoma. Incluso los investigados púnicos hablaban de los gurtelianos en sus conversaciones interceptadas.

Las organizaciones de Granados y González eran espiadas. O se espiaban entre sí, otro asunto a investigar. Así, en otro sumario (el de la famosa Gestapillo) el entorno de Francisco Granados investigó a Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardon. Y en el año 2008 unos detectives grabaron a González entrando en una casa en Cartagena de Indias (Colombia) con bolsas blancas y saliendo sin ellas. Le acompañaban Edmundo Rodríguez Sobrino, detenido en la operación de Lezo e Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública Inassa e investigado también en Lezo.

A semejanza de puertas que se abren y se cierran, los investigados declaran mientras se entrecruzan hilos sin que se conozca aún la profundidad de los sumarios, que en el caso de Lezo y Púnica podrían acabar confluyendo en uno solo si se demuestra conexidad. O no.

El juez instructor de estas últimas es el mismo: Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción 6.

Revuelta de los fiscales

Las tramas que se investigan son tan profundas y extensas en el tiempo que el nuevo fiscal anticorrupción, Manuel Moix, intentó frenar un registro en el Canal de Isabel II (de donde manaba dinero de la red de Lezo) para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en el año 2001, y otras operaciones de la época porque afecta a la etapa de Ruiz-Gallardón como presidente de Madrid. Y es un caso, el de la era Gallardón, que el ministerio público también estaría investigando y que podría acabar judicializado en la Audiencia Nacional.

La orden de Moix de “desvincular cronológicamente” este registro y el “bloque de hechos” relativos a esta diligencia concreta fue contestada por los dos fiscales de Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá (esta última fiscal en Púnica).
Ambos fiscales del caso Lezo recurrieron a un procedimiento muy poco habitual: invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del ministerio público.

De esta manera, el pasado martes se convocó una junta de fiscales de Anticorrupción y Moix perdió por 21 votos a favor de incluir el registro de la documentación de Inassa frente a 2 en contra (uno de ellos de Moix) y una abstención.

“El debate fue de altura jurídica”, sostienen en fuentes fiscales que desmienten la versión difundida de que habría habido una rebelión frente a Moix. Los fiscales del caso expusieron a la Junta la complejidad y peligrosidad de esta operación, por el poder económico, político y mediático que tenían los investigados.

En el epicentro está la empresa Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos. A través de ella, se realizaron compraventas dentro de una estrategia diseñada para extraer dinero público de la compañía de aguas y para ocultarlo. Esa es la investigación de Lezo.

Así, en Lezo fue detenida la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond. Está casada con Javier de Andrés, CEO de Indra, amigo de la infancia de González e imputado en Púnica. Indra es una de las empresas registradas, también en este último sumario.

Maza confía en Moix

Manuel Moix ha arrancado su mandato al frente de la Fiscalía Anticorrupción con mal pie, aunque goza de la confianza del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El nombre de Moix aparece en las escuchas interceptadas por la Guardia Civil a Ignacio González cuando habla con el popular Eduardo Zaplana y expresa su deseo de que Moix sea nombrado fiscal Anticorrupción: el lo puso en Madrid, viene a decir. El motivo: González se queja del trato que recibe de Anticorrupción porque quería imputarle por el famoso ático de Estepona.

Moix es aludido de tal manera en la conversación que la Unión Progresista de Fiscales advirtió al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de la inconveniencia de su designación como jefe de Anticorrupción. “Era un rumor que conocía media Fiscalía”, sostienen en fuentes del Ministerio Público.

Maza considero “importante” esta advertencia y, tras sopesarlo, optó por nombrar a Moix, no en vano confía en él para dirigir una fiscalía especializada cuyos integrantes estaban divididos en dos bandos. Esta Fiscalía investiga esta amarga comedia de enredo entre las supuestas redes criminales que están detrás de la financiación ilegal del PP.