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Financiación del PP de Aguirre El exresponsable de las cuentas del PP de Aguirre niega la trama de financiación ilegal en Madrid

El exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez queda en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. Los apuntes encontrados hace unos días en su domicilio han reactivado la investigación del partido

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El exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, con Esperanza Aguirre, en una foto de 2014. EFE

El exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez ha negado hoy ante el juez del caso Púnica la existencia de una financiación ilegal del partido en Madrid mediante el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de contratos públicos y ha quedado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar.

Beltrán Gutiérrez ha comparecido durante tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y ha contestado a todas las preguntas que le ha formulado el magistrado y las fiscales del caso, que no han pedido para el exgerente medidas cautelares, han informado fuentes jurídicas.

Su salida de la Audiencia Nacional ha causado cierto revuelo al conocerse que había conseguido burlar a las cámaras apostadas frente al tribunal al abandonar el edificio que alberga las salas de declaración por un pasadizo subterráneo que conecta con el edificio principal y que únicamente pueden usar jueces, fiscales y funcionarios. A este respecto, fuentes del juzgado de Eloy Velasco han señalado que desconocían esa circunstancia y quién le había permitido el acceso.

Esta es la segunda vez que Gutiérrez comparece ante Velasco y que niega la financiación ilegal del PP madrileño, posibilidad que el juez investiga en la única pieza secreta del caso Púnica, la número 14. El exgerente ya lo hizo ante la Guardia Civil cuando fue detenido hace un año. El análisis de apuntes contables hallados en el registro de su domicilio en aquella ocasión reactivaron la pasada semana estas pesquisas en forma de requerimientos de documentación en Consejerías y organismos dependientes de la Comunidad Madrid para investigar si el PP se financió a través de la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de las obras.

Bajo la lupa contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre de presidenta desde las consejerías de Sanidad, de Transportes e Infraestructuras o de la empresa pública Nuevo Arpegio, a la que Velasco investiga aparte en otra pieza separada. En esta nueva fase de la investigación, la semana pasada comparecieron como investigados cuatro empresarios que se negaron a declarar, así como José Ignacio Echevarría -exconsejero de Transportes, expresidente de la Asamblea y extesorero del PP madrileño- y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

A este último le preguntaron por una donación de 70.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) y por la adjudicación de la restauración de la Asamblea de Madrid, que la Fiscalía sospecha se hizo de forma irregular. El pasado año, la Guardia Civil detuvo unas horas a Beltrán Gutiérrez y al empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir- mientras se registraban sus domicilios y el despacho del exgerente en la sede del PP en la calle de Génova.

El pasado junio, Velasco ya alertó en un auto de la existencia de "potentes indicios" de que el exconsejero madrileño Francisco Granados, único de los imputados en Púnica en prisión preventiva desde hace dos años, recaudaba dinero "para posible financiación del Partido Popular", motivo en el que se basó para oponerse de nuevo a su puesta en libertad. Se cree que Granados recaudaba esas comisiones para entregárselas a Beltrán Gutiérrez, con el que coincidió cuando el exconsejero madrileño ocupó el cargo de Secretario General del Partido Popular en Madrid entre 2004 y 2011.

Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende también que Granados abusó "del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos" a favor de empresarios que le abonaban "importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones".