Publicado: 20.03.2014 17:23 |Actualizado: 20.03.2014 17:23

El fiscal de la Audiencia pide concluir la causa del genocidio tibetano

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno que cierre el sumario que sigue contra China por el genocidio que se habría producido en el Tíbet para que sea la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquicamente al instructor, la que valore si procede llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita la justicia universal.

En un escrito remitido este jueves, el fiscal Pedro Martínez Torrijos sostiene que procede "de forma urgente" acordar la conclusión de esta causa y su elevación a la Sala de lo Penal, a fin de que "se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos" que motivarían o no su archivo o bien proceda a "adoptar la decisión que estime procedente en relación con la constitucionalidad de la citada forma".

Siguiendo el planteamiento que expuso este miércoles con el caso Couso, la acusación pública recuerda en su escrito que el sobreseimiento provisional de las actuaciones corresponde a la Sala de lo Penal, encargada del enjuiciamiento de los hechos, y no al juez instructor.

La limitación de la justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

El juez Moreno preguntó el pasado martes a la Fiscalía si debe archivar las dos causas que instruye contra China en virtud del principio de justicia universal después de la limitación de la norma impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, que entró en vigor el pasado sábado.

En la causa sobre el Tíbet, Moreno investiga el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en los últimos cincuenta años y que habrían causado la muerte a un millón de personas. En el marco de esta causa están imputados los expresidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao. En febrero el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también preguntó si debe archivar las investigaciones que sigue sobre el Holocausto nazi, en la que imputó a cuatro antiguos miembros del denominado Batallón de la Calavera de las SS; los vuelos de la CIA con parada en el aeropuerto de Palma; y la muerte en 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha defendido este jueves la limitación de la justicia universal porque "España no puede convertirse en una especie de gendarme internacional". "Pensar que España puede juzgar lo que pasó en el Tíbet hace 15 o 20 años con los medios que tenemos es ilusorio y nos crea unos conflictos tremendos", ha dicho.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Margallo ha defendido que la justicia universal corresponde al Tribunal Penal Internacional, pese a sus limitaciones de jurisdicción —la reconocen 122 países de un total de 193 y sólo puede juzgar delitos cometidos desde su creación—. Sólo España y Argentina, ha dicho, tenían esta "vocación de justiciero internacional".

Margallo no ha querido precisar si el Gobierno chino presionó a España para cambiar la ley en virtud de la cual se investigaba un genocidio en Tíbet, pero ha considerado "obvio" que si un juez pretende encarcelar a varios expresidentes y dirigentes chinos es normal que "pregunten qué está pasando".

La respuesta española, ha dicho, era explicar que en España hay separación de poderes, que el Ejecutivo no puede controlar a los jueces y que "el Gobierno estaba haciendo lo que podía hacer y no había ningún motivo de animadversión hacia China".