El fiscal Tomás Herranz ha dejado claro este miércoles que la causa que se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) contra los instructores del caso Cursach, juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ambos jubilados anticipadamente, es una causa personal. 

"Han pedido a mi jefe que me separe, pero estoy aquí. Se ha intentado por otras vías, existen dos amenazas de querellas que se están tramitando... ¿Qué va a hacer la Sala, ordenarme que me levante y me vaya? Voy a seguir hasta que termine el juicio", ha zanjado altivamente el fiscal Herranz, tras una hora de exposición en la segunda jornada de la vista oral. 

Tomás Herranz fue el fiscal que intervino en el juicio del caso Cursach, sobre la mafia policial y política en torno al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach. Tras prescindir de más de 50 testigos, grabaciones y otras pruebas que cercenaban a la veintena de acusados, entre ellos 14 policías locales de Palma, Herranz retiró los cargos, provocando la absolución de todos los procesados. Lo hizo entre lágrimas, en un insólito alegato final en el que pidió perdón a Cursach y al resto de acusados. 

Herranz ha defendido su presencia en esta causa contra los investigadores del caso Cursach, donde se juzga además a cuatro agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía. Penalva y Subirán lo recusaron infructuosamente, criticando la instrucción que ha hecho, con la intención de "confundir" con datos falsos y exponiendo su falta de imparcialidad para sostener las acusaciones.

Defensa a ultranza de los inspectores 'los Juanes'

Este miércoles el fiscal Herranz ha vuelto a posicionarse al lado de los policías nacionales que iniciaron la causa contra Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo, para los que la Fiscalía pide casi 600 años de cárcel entre todos por presuntos delitos de revelación de secretos, detenciones ilegales, obstrucción a la justicia, prevaricación e inducción al falso testimonio. 

El fiscal ha pedido al tribunal que la decisión sobre la nulidad de las actuaciones solicitadas por las defensas se posponga hasta el final del juicio. Herranz reclama que no se anule el juicio, sino que se practiquen todas las pruebas planteadas para la vista oral, entre ellas la declaración de los inspectores Juan Márquez y Juan Palomo, conocidos como 'los Juanes', los inspectores de la Policía Nacional artífices con sus informes de la causa contra Subirán y Penalva.

El chat 'Sancus' compartido en Whatsapp por los acusados y que es la prueba de cargo contra ellos por entender las acusaciones que desde ahí se planificaron presiones a los testigos y acusados del caso Cursach se obtuvo a raíz de la incautación de los móviles de los agentes de Blanqueo de Iván Bandera y Blanca Ruiz, que están siendo juzgados. 

Pero para llegar a ese chat antes se tuvo de vulnerar el derecho de los periodistas Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, al secreto profesional, a la intimidad, y a la tutela judicial efectiva, como declaró el Tribunal Constitucional. Por petición de 'los Juanes' y con la habilitación del juez Miguel Florit se procedió a intervenir las llamadas de los informadores, tras lo que se les incautó los móviles y ordenadores. 

Las intenciones de los policías

"Hay muchas pruebas que no tiene nada que ver con los listados de llamadas", sostiene el fiscal para oponerse a la anulación del juicio. La doctrina de los frutos del árbol envenenado, que ha sido invocada por las defensas para pedir la anulación del juicio, estipula que los indicios obtenidos a raíz de pruebas inválidas, como el espionaje ilegal a los periodistas, deben ser declaradas nulas. Y así lo hizo el TSJIB, declarando inhábiles los autos de Florit para la interceptación de las llamadas de los periodistas. 

"No existía ninguna voluntad en los policías de vulnerar el secreto [profesional] de los periodistas, lo hicieron porque estaban autorizados por un juez", ha afirmado el fiscal Herranz. Sin embargo, ese era precisamente el objetivo de la medida: hallar las fuentes periodísticas de los informadores. 

A través del contenido de los móviles de Mestre y Pou se llegó al agente Iván Bandera, donde se encontró el chat Sancus. 

El móvil del policía Iván Bandera

Pero el fiscal, en una osada predicción, ha sostenido que al móvil de Bandera se hubiera llegado sin la intervención de los móviles de los periodistas. "La obtención del teléfono de Iván Bandera se habría producido de todos modos. Era un descubrimiento inevitable", ha dicho en un intento de desvincular el hallazgo del chat de WhatsApp de la injerencia en la intimidad de los periodistas.  

Respecto a la validez del volcado y recuperación de archivos en el móvil del policía Bandera esgrimida por las defensas, la Fiscalía no tiene dudas de que todo fue legal. "Bandera mostró voluntariamente su móvil, muy ufano. Él sabía que se iba a mirar el contenido de su móvil", dice Herranz. 

El fiscal sostiene que existían varios indicios contra Bandera  independientes de los listados de llamadas de los periodistas.

Sobre el teléfono de la agente Blanca Ruiz, el fiscal ha dicho que en su caso no había ninguna vinculación con los periodistas y que su implicación fue a raíz de los mensajes incautados a Iván Bandera. 

"Donde manda patrón no manda marinero"

Respecto a la deslegitimación de la Jefatura Superior de Policía de Balears para investigar a los cuatro agentes de Blanqueo en lugar de hacerlo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como es habitual, Herranz ha declarado que "esta investigación no nace en el seno del Cuerpo Nacional de Policía sino de un juzgado. Lo que diga el DAO [el Director Adjunto Operativo] entendemos que tiene un valor relativo, donde manda patrón no manda marinero, lo ha decidido un juez", ha concluido. 

Tres policías se retiran

La representación de los policías locales Feliciano Franco, Carlos Tomás Picó, Alfonso Ramírez ha anunciado que retira las acusaciones, aunque el primero podría ser llamado a declarar como testigo en el juicio. 

Estos agentes fueron absueltos en el juicio del caso Cursach, igual que el resto de los 14 que fueron enjuiciados y que se personaron todos ellos, a través de una asociación, en la causa contra el juez y el fiscal que les habían investigado. 

Los policías pedían entre siete y 37 años de prisión para los instructores. Se mantienen dos policías como acusación, Rafael Estarellas y Francisca García. Hay que recordar que la actuación de la Fiscalía en dicho juicio privó de que pudieran escucharse a testigos clave que apuntaban cómo esos policías locales presuntamente fueron obsequiados con servicios sexuales, alcohol y drogas gratuitos en los locales del Grupo Cursach.  

La agenda de la gerente de un prostíbulo de Palma, que no fue aportada al juicio y a la que ha podido acceder Público, demostraría que el magnate Cursach pagó 150.000 euros en fiestas sexuales a los policías y a dos políticos del PP.