Publicado: 08.12.2014 15:08 |Actualizado: 08.12.2014 15:08

El fiscal Horrach pedirá más de 15 años de cárcel para Urdangarin y exculpará a la infanta Cristina

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Ocho delitos penados con más de 15 años de cárcel. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach acusará este martes a Iñaki Urdangarin —fecha en que las partes acusadoras del caso Nóos presentaránal juez de Palma, José Castro, los escritos donde definirán los imputados a quienes acusan, por qué delitos y qué penas piden para ellos— de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y blanqueo de capitales, falsedad en documento público y en documento mercantil.

A ello se unen dos delitos contra la Hacienda pública que, unidos a los otros seis, están castigados con una pena de entre 18 y 20 años de prisión. Los mismos cargos recibirá por parte de la Fiscalía Anticorrupción su socio Diego Torres, aunque con un delito fiscal menos, que supondrán unos 17 años de cárcel. Horrach acusa a ambos de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.

La mujer de éste último, Ana María Tejeiro, también será acusada de un delito de blanqueo de capitales, mientras que Horrach cumplirá su palabra y, como ya se sabía desde un principio, exculpará a la infanta Cristina. 

En total, la Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes más de 100 años de cárcel para los acusados del caso Nóos. Una pena a la que no se enfrentará, al menos según la petición de Horrach, la hermana del rey Felipe VI, pero sí que tendrá que hacer frente, junto a su marido, al pago de una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000 euros. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

La hermana del rey deberá hacer frente a una fianza de 600.000 euros; la mujer de Diego Torres, a un millón

Esas son las principales peticiones que Horrach incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.

La solicitud de pena para el Duque y otros inculpados podría variar in extremis en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.

En lo que a Cristina de Borbón se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

La petición de pena de cárcel podría disminuir si Urdangarin y Torres devuelven las cantidades malversadas

Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50% y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados —excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro— deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

El fiscal también pedirá entre 10 y 12 años de cárcel para Jaume Matas

En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de exaltos cargos de las islas —el exdirector general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico de ésta Miquel Àngel Bonet— afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar.

Finalmente, a cerca de siete años se enfrentará la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen, mientras que también engrosará la lista de acusados el cuñado de Torres y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

El fiscal sostiene que para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban, a través de sus empresas, precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de las sociedades controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

El fiscal Horrach apunta a que mediante este mecanismo, estas entidades se hicieron con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears—Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Asimismo, despliega las supuestas irregularidades que rodearon al pago de 1.044.000 millones de euros públicos por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y al de 382.000 euros que percibió Nóos por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Finalmente, detalla cómo el Instituto presidido por Urdangarin cobró 114.000 euros de la Fundación Madrid 16 para preparar la candidatura olímpica de la capital en 2016, trabajos que finalmente no se llevaron a cabo.

La instrucción del caso Nóos llegó a su fin el pasado mes de junio tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos. Y es que fue a principios de 2010 cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.