Publicado: 26.09.2016 20:09 |Actualizado: 26.09.2016 20:52

El fiscal pide el sobreseimiento de
la denuncia del PP para tumbar a la principal testigo de la Gürtel 

No ve "elementos suficientes para acreditar" que Ana Garrido, que denunció el brazo de la trama corrupta en Boadilla del Monte, cometiera "infidelidad en la custodia de documentos", como denunciaron ediles del consistorio de la localidad, del PP

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Ana Garrido, frente a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. SERGIO BARRENECHEA (EFE)

Ana Garrido, frente a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. SERGIO BARRENECHEA (EFE)

@CdelCastilloM

MADRID.- Ana Garrido lleva tiempo denunciando que es víctima de una estrategia de desgaste —económico y psicológico— por parte del Partido Popular, formación a la que puso contra las cuerdas al revelar hace siete años las actividades de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). Este lunes el fiscal de uno de los procesos judiciales en los que la ha sumido el PP le ha dado la razón.

Garrido —que presentó ante el juez de Gürtel un dossier de 300 páginas como prueba de las operaciones de la trama en Boadilla, donde trabajó en la Concejalía de Juventud— fue denunciada en octubre de 2015 por la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la cuarta teniente alcalde del citado consistorio por "infidelidad en la custodia de documentos". En julio de ese año, Garrido había devuelto al Ayuntamiento dos cajas con documentación vinculada con actividades que allí se habían desarrollado, a las que tuvo acceso durante su trabajo en Juventud.


"No consta indicio
alguno de que con esta acción entorpeciera o interfiriera en el
correcto funcionamiento
de la institución",
manifiesta el fiscal

Garrido manifestó durante el proceso judicial dos versiones de cómo habría llegado esa documentación a su poder. "Inicialmente supone que fueron recogidos por error en el momento de retirar sus pertenencias de su despacho", recoge el fiscal en su escrito, al que ha tenido acceso Público. También señala sobre la demandada que "en su declaración judicial apunta a la posibilidad de que fueran trasladados por quien fue su pareja sentimental, Juan Carlos Díaz Muñoz, con intención de perjudicarla".

En cualquier caso el fiscal afirma que aunque está acreditado que Garrido tuvo en su poder documentación del Ayuntamiento de Boadilla, "no consta indicio alguno de que con esta acción entorpeciera o interfiriera en el correcto funcionamiento de la institución", tal y como la concejal y la cuarta teniente de alcalde denunciaron. Por ello, concluye que "no existen elementos suficientes para acreditar los hechos objeto del procedimiento y procede el sobreseimiento provisional".

La defensa de Garrido espera ahora una resolución del juez en la misma línea que propone el fiscal, en unas "dos o tres semanas". 



Acoso y derribo del denunciante

La testigo clave del caso Gürtel ha manifestado en repetidas ocasiones que su vida se ha convertido en "un calvario" desde que denunció la trama. Aunque el Ayuntamiento de Boadilla fue condenado (por dos veces) por acosarla laboralmente, Garrido perdió su empleo y denuncia que el PP usa su influencia para impedir que vuelva a ejercer su profesión. Además, desde el entorno de los conservadores le han llovido demandas y ataques mediáticos, de los que tiene que afrontar su defensa pagándola de su bolsillo.

"Te sumen en la
precariedad absoluta. Yo tuve que alquilar mi casa porque no la podía pagar, estoy viviendo de okupa", denuncia Garrido

"Te sumen en la precariedad absoluta, porque los propios denunciantes son los que tienen que costearse el juicio. Yo tuve que alquilar mi casa porque no la podía pagar, estoy viviendo de okupa", confesaba a este medio. Ahora, sobrevive vendiendo bisutería artesanal por internet, aunque no sabe "si la gente compra por caridad o porque le gusta".

Para impedir que, como han hecho con ella, los corruptos puedan acosar a los denunciantes para desincentivar lo máximo posible a aquellos con voluntad de denunciarla, Garrido impulsa ahora la Plataforma por la Honestidad. Formada por activistas y otros denunciantes como el exteniente Luis Gonzalo Segura (Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT), la plataforma impulsa el Proyecto de Ley Integral de Protección para el denunciante de corrupción al que han ofrecido su apoyo todos los partidos excepto el PP. 

El texto, al que se ha adherido también Jueces para la Democracia, pide otorgar una protección similar a los testigos y denunciantes de corrupción que la que se dispone para blindar a las víctimas de violencia de género con medidas como la asistencia jurídica y psicológica gratuita y la salvaguarda de su anonimato.