La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de blanqueo de capitales en la compra de siete propiedades inmobiliarias del grupo Prisa, por un valor total de 300 millones de euros, efectuada por una empresa en la que Oleguer Pujol ejercía como administrador único.

Según un informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso Público, el 29 de julio de 2008 la División Inmobiliaria de Prisa vendió a Longshore S.L. siete inmuebles en Madrid y Barcelona. En concreto, la editora de El País se embolsó 211 millones de euros por la venta de propiedades en las calles Desengaño y Gran Vía -donde Prisa ha establecido su cuartel general-; 72 millones por los inmuebles en Miguel Yuste -donde se edita El País-, y 16 millones de euros por las propiedades ubicadas en la capital catalana.

La Fiscalía cree que Pujol cometió un delito continuado de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública

Así, según consta en el documento, Oleguer Pujol Ferrusola era el administrador único de Longhsore S.L., que comenzó a operar sólo cuatro meses antes con 3.010 euros de capital. Tenía además un único socio: Drago Mediterranean Holdings Cooperatief UA, que se mantuvo al frente de Longshore S.L. hasta 2013, cuando Drago Capital S.L., otra de las empresas involucradas en la presunta trama, fue nombrada consejera delegada de Longshore.

Ambas corporaciones formaban parte de la red empresarial con la que la Fiscalía sospecha que Pujol introdujo dinero procedente de paraísos fiscales en el país, en distintas operaciones de blanqueo en las que presuntamente también participaron Luis Iglesias Rodríguez Viña, socio de Oleguer Pujol en la trama, y su esposa, María Zaplana Barceló, hija del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, entre otros implicados.

El escrito apunta también la existencia de 'ciertos paralelismos' en la forma de operar de la trama, entre la compra de las propiedades de Prisa y la adquisición de 1.152 oficinas al Banco Santander, 'no solamente en su realización, sino en varios de los indicios de blanqueo de capitales'.

El escrito de la Fiscalía, fechado en octubre de este año, forma parte del sumario sobre la red de Oleguer Pujol, abierto con la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona, a la que se sumaron movimientos políticos y sociales como ICV-EUiA y Procés Constituent, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). La Fiscalía imputa al miembro más joven del clan Pujol un delito continuado de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

De hecho, la Fiscalía apunta también que 'no consta cómo se financió la compra' de los inmuebles a Prisa, ni tampoco 'la razón por la que Longshore S.L. recibió los préstamos de Drago Capital y Dotricia'-otra empresa de la trama-, 'entrando dinero procedente de Holanda a una sociedad española'. A ello, continúa la Fiscalía, 'se une la duda de si Drago tenía capacidad para efectuar el préstamo y sobre todo, que las ampliaciones de capital situarían en una sociedad española dinero procedente de la isla de Guernsey'.

La Fiscalía también considera probado que la participación de Pujol en Drago Capital S.L. 'va más allá de una mera participación en los órganos de administración, sino que se configura como parte financiadora de la sociedad, y por tanto propietaria en porcentaje sin determinar de intereses de la misma'.

El documento de la Fiscalía echa por tierra las informaciones publicadas por El País, en las que el diario negaba que su grupo editor hubiera obtenido 300 millones del entramado empresarial que controlaba Pujol. En enero de 2013, y tras una disputa entre el periódico de Prisa y El Mundo, que aseguró que Pujol controlaba la sociedad que compró sus inmuebles, el segundo emitió una rectificación, a petición de los abogados de Drago Capital, en la que aseguró haber confundido las empresas Drago Capital con Drago Real Estate Partners, un fondo de inversión inmobiliario. 'Oleguer Pujol solamente es socio de una gestoría que se ocupa 'de la gestión del día a día de los inmuebles', que son propiedad de Drago Real Estate Partners, aseguró entonces el diario de Prisa.

Aquel desmentido llevaba la firma del secretario del Consejo de Administración de Drago Capital, Ivan Azinovic, cuyo nombre aparece en la lista de denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en la supuesta trama de Oleguer Pujol.