Publicado: 26.02.2014 19:52 |Actualizado: 26.02.2014 19:52

Los fiscales de la Audiencia se rebelan contra la "impunidad" de la reforma de la justicia universal

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Los fiscales de la Audiencia Nacional se han quejado a la Fiscalía General del Estado de la reforma de la justicia universal que prevé aprobar este jueves el Congreso, ya que crearía "espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.

La reforma cuenta además con el rechazo de toda la oposición, que la semana pasada denunció el "abuso impropio" de la mayoría absoluta del PP para imponer un procedimiento que supone tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión. Será aprobada en un pleno que se celebra tras el debate del estado de la nación, puede afectar a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la investigación de la represión en el Tibet o de la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak. 

Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de doce páginas, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que detallan las "negativas consecuencias" para investigar delitos cometidos fuera de España de la reforma, cuyas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a su juicio, inconstitucionales.

Los fiscales destacan que su aprobación supondría el archivo "de forma indiscriminada" de "la práctica totalidad de procedimientos" de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.

El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma que esta reforma "no sólo cercena sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos", sino que también "limita notablemente la investigación y persecución" de otras actividades delictivas internacionales.

Estos delitos cuya investigación se verá afectada son, según los fiscales, los relacionadas con el terrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, piratería, prostitución y corrupción de menores, uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia) y secuestro de aeronaves, todos ellos, añade "estrechamente vinculados con el crimen organizado".

"La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes del ejercicio de la jurisdicción de forma generalizada sólo contribuirá a generar espacios de impunidad en la persecución de tales delitos, a neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales", asegura el escrito remitido a Torres Dulce para que éste lo envíe al Ministerio de Justicia que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

"No garantiza suficientemente los derechos de las víctimas"

Los fiscales destacan que la reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, "contiene aspectos claramente contradictorios con los convenios internacionales y no garantiza suficientemente los derechos de las víctimas", y llega a afirmar que las limitaciones a investigar estos delitos "pueden ser en cierta medida inconstitucionales".

Los fiscales critican el tratamiento distinto según la nacionalidad de la víctima

El escrito critica que la reforma aplique un tratamiento diferente al criterio de la nacionalidad de las víctimas dependiendo del delito a perseguir, de manera que sólo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar. "Carece de justificación alguna que para determinados crímenes, casualmente aquellos identificados por la producción masiva de víctimas, se excluya cualquier referencia al criterio de la nacionalidad de las víctimas", afirman, lo que ocurre en los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes contra personas en caso de conflicto o apoderamiento de aeronaves.

Tampoco les "parece razonable" condicionar "el criterio de la nacionalidad de la víctima a que el presunto responsable se encuentre en territorio español", lo que se aplica en los delitos de torturas y contra la integridad moral, contra la libertad o indemnidad sexual sobre menores, los relacionados con la violencia machista contra la mujer y doméstica y los delitos de desaparición forzada.

Consideran "incomprensible" que desaparezcan como perseguibles delitos relacionados con el crimen organizado internacionalAdemás, el escrito cree "incomprensible" que en el listado de infracciones perseguibles hayan desaparecido delitos "tan estrechamente vinculado con el crimen organizado internacional" como los de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, lo que impedirá perseguir a las redes internacionales dedicadas a ello.

Respecto a los delitos de piratería, indica que si bien los criterios para que los jueces españoles los investiguen "no son tan restrictivos como en otros casos", con la reforma algunas actuaciones relacionadas con la persecución de piratería en el Océano Índico "no hubieran podido realizarse".

Los fiscales de la Audiencia Nacional critican asimismo la restricción de la justicia universal en los casos de delitos sexuales a menores, trata de seres humanos, tráfico de drogas y desaparición forzada, aunque reconoce que en estos casos se limitan en menor medida.

En cuanto a los criterios de la extradición pasiva, aseguran que es "evidente" que la reforma "puede afectar de forma muy negativa a la entrega de delincuentes" y por ello dificultar la cooperación entre países.