Publicado: 12.11.2014 14:22 |Actualizado: 12.11.2014 14:22

La Fiscalía abre una investigación contra Boko Haram

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el grupo Boko Haram por la comisión de delitos de terrorismo y genocidio en Nigeria ante la denuncia presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza está indagando si el tribunal cuenta con jurisdicción para perseguir los presuntos delitos cometidos en aplicación de la ley que regula los supuestos de jurisdicción universal.

La denuncia fue interpuesta el pasado 24 de octubre por el propio Garzón contra el líder del grupo islamista, Abubakar Shekau, y los demás miembros de dicha organización fundamentalista islámica, a quienes se acusa también de la comisión de delitos de lesa humanidad. El escrito destaca que Abubakar Shekau expresó la solidaridad de Boko Haram con los afiliados de Al Qaeda en Afganistán, Irak, África del Norte, Somalia y Yemen, y alentó a otros grupos yihadistas para que sigan participando en los ataques terroristas. También recuerda, en este sentido, que el Estado Islámico secuestró en septiembre de 2013 en Siria a los periodistas españoles Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el pasado mes de marzo introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras. Así, el nuevo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La reforma de la ley elimina, además, la posibilidad de actuar sólo con una denuncia o a través de una acusación popular y sin contar con una acusación de la Fiscalía.

Según la denuncia de la fundación que preside Garzón, el principal objetivo de esta organización es el establecimiento de un estado islámico en Nigeria, "fin coincidente con el de Al Qaeda, el del Estado Islámico (ISIS), Al Qaeda en el Magreb Islámico y la escisión del mismo, los Soldados del Califato". Se trata de un grupo terrorista internacional "con potencialidad para actuar por sí, o en unión con otras organizaciones del mismo sesgo u objetivos en cualquier país del mundo y por ende en España", según los denunciantes. Este hecho, según la fundación de Garzón, obliga a la jurisdicción española "a investigar los hechos denunciados y a la propia organización y, en todo caso, a prestar por vía de cooperación jurídica internacional todo el apoyo que sea necesario o requieran las autoridades nigerianas".

Tras establecer el carácter terrorista de la organización, la denuncia enumera la "larga lista de ataques" de Boko Haram contra la población civil y destaca que ha causado 2.000 muertos y 10.000 desplazados "en los últimos seis meses". Y de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades nigerianas, el grupo terrorista ha asesinado ya a más de 12.000 personas y ha herido a otras 8.000 en los últimos cinco años.

Según Naciones Unidas, al menos 650.000 personas tuvieron que huir de sus hogares debido a la insurrección de Boko Haram. La denuncia también subraya el secuestro de más de 200 niñas en un colegio católico en abril de 2014. Según el testimonio de las niñas que consiguieron escapar, algunas de las niñas secuestradas "han sido violadas o agredidas sexualmente y sometidas a condiciones inhumanas", añade la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía.

Entre las diligencias solicitadas figuran la petición de informes por parte de la Fiscalía sobre posibles procedimientos penales que se estén realizando en el marco de la Unión Europea o de los que se hayan podido llevar a cabo sobre Boko Haram por parte de Naciones Unidas. Pide también que se dicte orden de detención internacional contra los denunciados y quienes fueran responsables, así como el informe de las entidades financieras nacionales e internacionales sobre los recursos económicos de la organización terrorista.