La Fiscalía ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) la fecha y la pregunta del referéndum, anunciados ambos el pasado viernes por el presidente de la autonomía, Carles Puigdemont, en contra de la reiterada prohibición del Tribunal Constitucional al invadir competencias del Estado.

La fórmula utilizada por el fiscal superior de Catalunya ha sido presentadar un escrito de ampliación de la  querella por la compra de urnas que interpuso contra la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y el secretario general del departamento, Francesc Esteve, tras el anuncio de la licitación de las urnas.

En su escrito, el fiscal considera que el solemne anuncio realizado por Puigdemont de que el referéndum será el 1 de octubre y que se preguntará si quieren que Catalunya sea un Estado independiente  es un dato probatorio "de enorme trascendencia", aunque reconoce que no ha sido sido acompañado de "ninguna resolución jurídicamente valorable". 

El anuncio, realizado el pasado viernes 9 de junio, refuerza la tesis de la Fiscalía de que el acuerdo marco para adquisición de urnas supone que la licitación está destinada a usarlas en dicha consulta.

La Fiscalía incluye en su ampliación el acto político del domingo en Barcelona convocado por la ANC, Òmnium y la AMI, en el que participaron los miembros del Govern, que complementan las pruebas de que las urnas han sido licitadas para celebrar el referéndum, en contra de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional al invadir competencias del Estado.

El ministerio público incluye a las empresas Suministros Integrales Futbida SL y Plastic Express SL, que se han presentado al concurso, lo que  supone que sería destinatarias finales del "gasto ilícito" de fondos públicos.

En vista de estos hechos, la Fiscalía envía su ampliación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat, donde está aforada la consellera de Gobernación.

El Govern ve falta de independencia judicial

Por su parte, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha lamentado que la Fiscalía actúe contra el anuncio del referéndum, y lo considera una prueba de que en España falta "transparencia, independencia judicial y seguridad jurídica".

En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha dicho que esta falta de independencia judicial se demuestra con la Fiscalía, y también con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de este martes de condenar al Estado por el proceso judicial contra el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.

"No es la primera vez que Europa saca los colores al Estado español. Es un aviso muy claro para que aquellos que recurren a la judicialización y hacen llamamiento a hacer querellas", ha dicho.

CUP: "Un aplauso para la Fiscalía"

La diputada de la CUP Mireia Boya ha pedido un "aplauso de todos los catalanes" a la Fiscalía por llevar al TSJCat el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento autónomo, Boya ha exclamado: "¡muy bien!, las urnas son evidentemente para el referéndum, nos sorprende enormemente que no lo hayan visto antes. ¡Bravo, Fiscalía, ahora os habéis enterado! Lo que nos sorprendería es que estas urnas fueran para unas elecciones autonómicas y no para el referéndum".